El presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Rafael Gutiérrez, y el ministro decano, Roberto Falistocco, oficializaron sus renuncias desde el próximo 30 de noviembre e incluso lo comunicaron a sus pares en el Acuerdo semanal que se realizó en el Palacio de Tribunales de esta capital. Fue una decisión adoptada en forma conjunta, según pudo saber El Litoral.
Sus reemplazantes, Aldo Alurralde y Jorgelina Genghini ya tiene el aval de la Asamblea Legislativa pero aún no la designación oficial debido a que las vacantes se producirán recién a partir del 1°de diciembre.
La presentación de las renuncias de Gutiérrez y Falistocco no hacen más que ratificar los compromisos asumidos por ambos ante funcionarios del Poder Ejecutivo y ante legisladores de todo el arco político. Ese acuerdo de palabras fue sellado meses atrás y no fue necesario que esté escrito.
Los dos ministros participarán de los cuatro acuerdos del mes de noviembre y en el último corresponde elegir el presidente para el ejercicio 2027, de acuerdo a la Ley Orgánica de Tribunales. Será en la reunión del 24 o 25 de noviembre y el acuerdo interno dejará a Daniel Erbetta a cargo de la titularidad. En 2027, por última vez, el presidente de la Corte además será presidente del Tribunal Electoral. Desde el 2028, la Corte ya no ejercerá esa función en el organismo electoral.
Lo que viene
En días más, el Poder Ejecutivo aceptará las renuncias de Gutiérrez y de Falistocco y luego estará habilitado para nombrar a Alurralde y a Genghini. En el caso de Alurralde, deberá renunciar al cargo del juez federal en Reconquista, decisión que deberá ser validada por el ministro de Justicia de la Nación.
Todo parece indicar que en diciembre, ya estará nueva Corte Suprema de Justicia diseñada por el Poder Ejecutivo y con fuerte aval legislativo. Desde ese momento, solo Erbetta tendrá varios años ejerciendo el cargo ya que atravesó la última etapa de Jorge Obeid como gobernador -fue quien propuso su nombre- , los tres gobiernos del Frente Progresista y el de Omar Perotti, más la actual gestión de Pullaro.
Falistocco fue propuesto por el entonces gobernador Víctor Reviglio en 1991. Gutiérrez llegó a la Corte en el 2000 propuesto por Carlos Reutemann y al año siguiente fue elegido presidente por sus pares. Es el ministro que durante más años ejerció la titularidad del Poder Judicial.
El gobierno de Pullaro, desde el inicio de la gestión, habló y trabajó para renovar la Corte Suprema de Justicia. Mario Netri, María Angélica Gastaldi y Eduardo Spuler fueron renunciando a partir de 2024. Después, una ley amplió a siete el número de ministros y puso un límite de 75 años a la edad para permanecer en la función. La Ley N° 14.294 fue sancionada en noviembre de 2024.
Jorge Baclini, Rubén Weder y Margarita Zabalza llegaron al Tribunal para ocupar las sillas dejadas vacantes por Netri, Gastaldi y la ampliación de lugares. Luego, Diego Maciel reemplazó a Spuler que había presentado su renuncia con fecha de salida el 1 de septiembre de este año. Se fue aplaudido por los empleados del Poder Judicial que lo aguardaron en el hall durante el último del cargo.
La nueva Constitución, en su artículo 118 establece que la Corte Suprema de Justicia se compone de siete ministros. «Su integración procura la paridad de género y la representación territorial».
En el artículo 128, determina que la Corte Suprema de Justicia representa al Poder Judicial de la Provincia; ejerce la superintendencia general de la administración de justicia, que puede parcialmente delegar, de acuerdo con la ley, y la consiguiente potestad disciplinaria y dicta los reglamentos y disposiciones que conduzcan al mejor desempeño de la función judicial.
Además dispone, según normas propias, de las partidas para inversiones y gastos de funcionamiento asignadas al Poder Judicial por la ley de presupuesto, sin perjuicio de rendir cuentas; designa, previo concurso, a los funcionarios y empleados del Poder Judicial y los remueve conforme a la ley; 6) envía a los poderes legislativos y ejecutivo un informe anual sobre el estado de la administración de justicia; propone en cualquier tiempo reformas de organización o procedimiento encaminadas a mejorar la administración de justicia; y ejerce las demás funciones que le encomiende la ley.
