En horas de la mañana de este viernes, en los Tribunales de nuestra ciudad, se desarrollaron dos audiencias en las que estuvieron como imputados un menor y un mayor que cometieron un hecho delictivo en una empresa de la ciudad de Sunchales. De acuerdo con la investigación llevada adelante por la fiscal Carina Gerbaldo -que acusó al menor- y Juan Manuel Puig -que hizo lo propio con el mayor-, los dos encartados realizaron un boquete con una maza en una pared de una firma ubicada en el kilómetro 1,5 de la Ruta Provincial 280 S, desde donde se llevaron una suma estimada en un millón trescientos mil pesos. El hecho ocurrió el día 18 de septiembre pasado, en horas de la madrugada y, de acuerdo al relato fiscal, ambos actuaron de manera conjunta utilizando una maza para abrir un boquete en una de las paredes y, tras ello, ingresaron a la empresa, donde provocaron un importante desorden buscando dinero en efectivo. Finalmente, terminaron violentando un cajón que estaba cerrado con llave, sustrajeron el dinero y escaparon del lugar, siendo todo caratulado como robo calificado por efracción en calidad de coautores.
La audiencia del menor
En lo que respecta a la imputación al menor, identificado como ADB, el mismo fue representado por el Dr. Carlos Farías Demaldé, actuando como fiscal la Dra. Carina Gerbaldo y como jueza Laura Lencina.
Tras la imputación correspondiente y haciendo la aclaración de que su defendido no iba a declarar, el defensor indicó no tener inconvenientes para que se realice la audiencia imputativa, aunque la fiscal Gerbaldo solicitó un cuarto intermedio para poder explicarle a las víctimas las medidas que se iban a tomar.
Tras reanudarse el debate, la fiscal pidió que se dispusieran para el caso medidas cautelares y socioeducativas, cuestión a la que adhirió el Dr. Farías Demaldé.
Tras ello y luego de que el imputado solicitara las disculpas correspondientes -lo que fue aceptado por la víctima que estaba conectada vía Zoom-, la jueza Laura Lencina dispuso las siguientes medidas alternativas: 1) Fijar domicilio en la casa de su madre en la ciudad de Sunchales y someterse al cuidado de la misma como persona adulta responsable. 2) Prohibición de acercamiento o contacto con las víctimas, sus familiares y testigos de la causa por cualquier medio; 3) Prohibición de acercamiento al negocio ubicado en la Ruta Provincial 280 S, jurisdicción de Sunchales; 4) Prohibición de acercamiento con el coimputado mayor de edad Patricio Damián C. por cualquier tipo de medio.
Medidas socioeducativas
Como medidas socioeducativas, las partes acordaron lo siguiente: 1) Concurrencia a un espacio terapéutico por el plazo que se considere pertinente para su evolución; 2) Compromiso de retomar la escolaridad secundaria durante el próximo ciclo lectivo 2027, la cual se llevará a cabo en la Escuela de Enseñanza Media cercana a su domicilio; 3) A los fines de la responsabilización y reparación del daño ocasionado y desde una mirada restaurativa, se establece un pedido de disculpas por parte del adolescente hacia el propietario del negocio, lo que se formalizó en el mismo momento de la realización de la audiencia; 4) Restitución de la suma de $500.000 en concepto de reparación del daño, el cual será efectuado en cinco pagos mensuales de $100.000 y bajo la modalidad de transferencia al alias que será denunciado por la víctima. El seguimiento de las medidas socioeducativas estará a cargo de la Secretaría de Derechos de Niñez, Adolescencia y Familia, la que será notificada por la Fiscalía. Además, mensualmente, la auxiliar social deberá realizar el seguimiento y emitir un informe hasta la mayoría de edad del adolescente.
El mayor
En cuanto al mayor imputado, identificado como Patricio Damián C., el juez Gustavo Bumaguin entendió que, al menos para esta etapa del proceso, existía probabilidad suficiente de que el encartado haya participado en el hecho investigado, aunque entendió que no correspondía dictar una prisión preventiva, por lo que resolvió que el joven prosiga el proceso en libertad bajo distintas reglas de conducta, tales como fijar domicilio, permanecer bajo el cuidado de una familiar, no acercarse ni contactar a testigos y víctimas, ni acercarse al lugar del hecho.
También ordenó que el encartado pague una fianza personal de $1.500.000, se presente una vez por semana en la Comisaría de Sunchales y cumpla con el compromiso de reparación económica ofrecido por su defensa: tres cuotas de $500.000, mediante depósito judicial, a partir de octubre.
El juez además estableció como regla de conducta que no cometa un nuevo delito y advirtió que el incumplimiento de las medidas podría llevar a revisar la situación procesal.
