Por Andrés Brarda. Cada primero de mayo el calendario nos tiende una trampa: la del festejo. Hay quienes lo viven como un día más de asueto, con el asado, la siesta y el fútbol por televisión. Pero el Día Internacional de los Trabajadores no nació para celebrar, sino para recordar. Y recordar, en este caso, implica un ejercicio incómodo: mirar de frente una deuda histórica que, como las buenas deudas jurídicas, no prescribe.
Corría el año 1886 en Chicago cuando un puñado de hombres y mujeres salió a las calles a reclamar algo que hoy nos parece elemental: una jornada laboral de ocho horas. La respuesta del poder fue la horca. Aquellos trabajadores —los llamados Mártires de Chicago— fueron condenados y ejecutados no por haber cometido un crimen, sino por haber tenido la audacia de exigir dignidad. Su sangre regó el suelo de una causa que tardó décadas en encontrar forma legal en la mayor parte del mundo. Ese es el origen. Esa es la raíz. Y las raíces, aunque no se vean, sostienen.
El derecho laboral, como toda rama del derecho, tiene una característica que los juristas llamamos historicidad: las normas no nacen en el vacío, sino que emergen de los hechos, de los conflictos, de la realidad que las precede. Cada conquista laboral —la jornada de ocho horas, el aguinaldo, las vacaciones pagas, la indemnización por despido— tiene detrás una historia de lucha, de negociación y, muchas veces, de sufrimiento. Ignorar esa historia no es solo un error intelectual: es un acto de ingratitud institucional.
Por eso este primero de mayo no llega solo con el peso de la memoria. Llega también cargado de una preocupación concreta, presente, urgente.
El laberinto de la reforma laboral
En los últimos meses, la sanción de la denominada Ley de Modernización Laboral instaló en el ambiente jurídico y gremial una sensación que cuesta disimular: la de una oportunidad desaprovechada. Y, peor aún, la de un marco de inseguridad jurídica que perjudica a todos, trabajadores y empleadores por igual.
La Confederación General del Trabajo, en ejercicio legítimo de su rol institucional, planteó una medida cautelar para frenar la vigencia de la ley mientras se sustanciaba su impugnación. El juez de primera instancia de la Justicia Nacional del Trabajo hizo lugar a esa cautelar y suspendió la aplicación de la norma. El Estado nacional apeló. La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, al resolver, tomó un camino intermedio que, en la práctica, tiene consecuencias determinantes: aceptó la cautelar, pero cambió su efecto de devolutivo a suspensivo. En términos llanos: la ley hoy está vigente. El laberinto procesal, paradójicamente, terminó activando aquello que se intentaba frenar.
Esta situación no es un detalle técnico menor. Para quienes ejercemos el derecho laboral en el día a día, esa incertidumbre tiene nombre y apellido: inseguridad jurídica. Cuando las normas cambian de status con cada resolución, cuando no se sabe con certeza qué régimen aplica a cada relación laboral, quienes más lo padecen no son las grandes empresas, que tienen equipos legales para adaptarse. Lo padecen los trabajadores que no conocen sus derechos, y también los empleadores pequeños que no saben bien qué obligaciones rigen.
Lo que la ley no hizo, y debía hacer
El mayor reproche que puede hacérsele a esta reforma no es solo lo que hizo, sino todo lo que no hizo. Se presentó como una ley de modernización, con la promesa de reducir el trabajo no registrado, acotar la litigiosidad y ordenar el mercado laboral. Son objetivos loables. El problema es que, tal como fue redactada, no tiene chances serias de cumplirlos.
Mientras se ampliaban las facultades del empleador en términos que nos generan genuina preocupación —porque un equilibrio que se rompe siempre termina pagándolo el más débil—, se dejaron intactas las normas que verdaderamente hacen daño. La Ley de Riesgos del Trabajo sigue siendo lo que es: un sistema que, a través de las comisiones médicas, coloca al trabajador accidentado o enfermo en una posición de inferioridad estructural frente al aparato administrativo. Desde nuestro estudio hemos tomado la decisión, firme y sostenida en el tiempo, de no arreglar un solo caso en sede de comisión médica. No porque seamos confrontativos por naturaleza, sino porque creemos que es en la justicia donde los derechos se hacen valer. Y los resultados, causa a causa, nos han dado razón.
También quedaron en el camino la quita de multas y sanciones, la revisión del régimen de intereses, herramientas que en manos de un trabajador que fue defraudado por su empleador representan muchas veces la diferencia entre cobrar algo justo y cobrar nada.
Y hay un capítulo que no puede soslayarse: la economía de plataformas. Millones de trabajadores en toda la Argentina —los que reparten, los que transportan, los que prestan servicios a través de aplicaciones— quedaron expresamente excluidos de la Ley de Contrato de Trabajo. No se los reguló, no se los protegió, directamente se los dejó afuera. Una ley que se llama «de modernización» y le da la espalda a las formas más modernas de trabajo es, cuanto menos, una contradicción que duele.
Se derogaron estatutos con historia. Se eliminó la ley de teletrabajo que, con sus imperfecciones, representaba un intento serio de dar marco a una realidad que llegó para quedarse. El debate parlamentario que precedió a todo esto fue, hay que decirlo con respeto pero con franqueza, decepcionante. La calidad del intercambio legislativo estuvo muy por debajo de la envergadura del tema. Errores de redacción, conceptos mal definidos, artículos que se contradicen entre sí: señales todas de que el apuro le ganó a la reflexión.
Desde aquí, mirando hacia adelante
Desde Rafaela, desde este estudio que lleva años atendiendo a trabajadores de los más variados sectores —rurales, industriales, comerciales, de la salud—, vemos la realidad con los pies en la tierra. No existe la «industria del juicio» que algunos sectores denuncian con tanto énfasis. Cada expediente que ingresa a nuestras manos representa una persona real, con un daño real, que merece que alguien lo defienda con convicción. Eso es lo que hacemos.
El primero de mayo no es el día para el lamento estéril ni para la proclama vacía. Es el día para la memoria que orienta y para la acción que transforma. Aquellos hombres de Chicago que murieron pidiendo ocho horas sabían que no iban a ver los frutos de lo que sembraban. Sembraron igual.
Nosotros también.
