El gobierno encabezado por Javier Milei envió al Congreso de la Nación Argentina un proyecto de ley que plantea una reforma profunda del régimen de discapacidad. La iniciativa, titulada “Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez”, busca modificar aspectos centrales de la legislación vigente en medio de cuestionamientos por su falta de aplicación.
Uno de los puntos principales es la derogación de artículos clave de la Ley de Emergencia en Discapacidad N° 27.793, lo que implicaría un retroceso en la universalidad de las prestaciones. El proyecto redefine los criterios de acceso y establece nuevas condiciones para los beneficiarios de pensiones no contributivas.
Entre las medidas más relevantes, se establece un reempadronamiento obligatorio para todas las personas que perciben pensiones por invalidez. Deberán acreditar nuevamente su condición médica, situación socioeconómica y antecedentes laborales. Quienes no cumplan con este requisito podrán sufrir la suspensión automática del beneficio.
Además, el texto prevé un sistema de fiscalización más estricto, con cruces de datos entre organismos como ANSES y otras dependencias estatales. También habilita la suspensión preventiva de pensiones ante inconsistencias detectadas, con posibilidad de revisión posterior.
El proyecto fija el monto de la pensión en el 70% del haber mínimo jubilatorio y elimina adicionales vinculados a invalidez laboral o zonas desfavorables. A su vez, establece la incompatibilidad absoluta con el empleo formal, restringiendo la posibilidad de trabajar sin perder el beneficio.
Por último, introduce cambios estructurales en el sistema de prestaciones: elimina el nomenclador nacional, desregula la negociación entre obras sociales y prestadores, y habilita acuerdos entre Nación y provincias para la distribución de fondos. Estas modificaciones impactarían directamente en la cobertura y calidad de los servicios para personas con discapacidad.
