El Sindicato de Trabajadores Judiciales de la Provincia de Santa Fe ha emitido un comunicado oficial a la Honorable Convención Constituyente, manifestando su posición respecto a la posible reforma de la Constitución Provincial. El documento, recibido el 22 de julio de 2025, fue firmado por Juan Pablo Langella (Secretario General), María Elena Martínez (Prosecretaria General) y Jorge Omar Perlo (Secretario Ejecutivo). En él, los representantes sindicales abordan las modificaciones propuestas para los artículos 84, 86, 88, 91 y 93, y la posible inclusión de nuevos artículos referentes al reconocimiento constitucional del Ministerio Público de la Acusación y el Servicio Público Provincial de la Defensa.
El sindicato considera que el núcleo de coincidencias en la ley que habilita la reforma es respetuoso de la paridad de género y las garantías constitucionales nacionales. Sin embargo, hacen hincapié en la necesidad de incluir a los trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial en la configuración del Consejo de la Magistratura, argumentando su amplia experiencia en el servicio de justicia.
La principal preocupación expresada por el sindicato es la posible escisión del Ministerio Público de la Acusación y del Servicio Público Provincial de la Defensa del Poder Judicial. En su defensa de una «mejor norma jurídica», argumentan que estos organismos deben permanecer dentro del Poder Judicial para preservar la división de poderes y el sistema de «pesos y contrapesos» esencial para la democracia. El sindicato propone un texto constitucional que establece que «El Ministerio Público de la Acusación y el Servicio Público de la Defensa, son órganos con autonomía funcional y autarquía financiera dentro del Poder Judicial».
La organización sindical advierte que, si se crea la figura de un «extra poder», los Ministerios Públicos podrían perder la protección de integrar uno de los poderes del estado, debilitando su autonomía y autarquía financiera. Esta situación, según el documento, los expondría al riesgo de ser sometidos al poder político de turno, poniendo en peligro los derechos y garantías constitucionales, la división de poderes y, de manera particular, los derechos laborales de sus integrantes, incluyendo fiscales, defensores, funcionarios y empleados.
El sindicato también señala que la fragmentación del Poder Judicial no contribuye a la seguridad jurídica de la provincia y de la Nación. Advierten que si el Ministerio Público de la Acusación queda a merced del poder político, su organismo de investigaciones podría ser manipulado, afectando la democracia santafesina. Además, manifiestan su temor de que la separación del Poder Judicial resulte en el «avasallamiento de inmediato» de los derechos laborales de fiscales, defensores, funcionarios y empleados, poniendo en riesgo su régimen salarial y la carrera judicial.
Los trabajadores judiciales expresan su voluntad de seguir perteneciendo al Poder Judicial, ya que ingresaron con la expectativa de desarrollarse personal y profesionalmente dentro de este poder del Estado. Sostienen que una futura ley que separe a estos ministerios no garantiza la equiparación salarial ni la continuidad de la carrera judicial, lo cual afecta al escalafón histórico de promoción y ascenso.
Por todo lo expuesto, el sindicato insta a los convencionales constituyentes a defender la democracia y a resolver el planteo de mayor autonomía y autarquía del Ministerio Público de la Acusación y del Servicio Público de la Defensa dentro del marco de su pertenencia al Poder Judicial. Además, solicitan una audiencia con la Comisión o la Convención para ampliar lo expresado en el documento.
