Por Nicolás Bordón- Sociólogos, politólogos y analistas políticos de distintas esferas del pensamiento crítico, han coincidido en que la multitudinaria marcha en defensa de la Universidad Pública (realizada el 23 de abril del pasado año en todo el país), ha sido el acontecimiento político popular más contundente frente a las políticas de recorte y desfinanciamiento del Estado, por parte del Gobierno Nacional. En este caso, algunos análisis han hecho énfasis en la amenaza que sintió gran parte de la clase media nacional, al ver que uno de los mecanismos de asenso social más importantes para sus familias estaba siendo vulnerado por las políticas de ajuste y recorte del sector público. Otros, han tratado de explicar esta convocatoria como el resultado del ataque a uno de los valores más trasendentes del imaginario nacional: el paso por la Universidad Pública. Esta representación, va más alla de las posibilidades de obtener un trabajo mejor remunerado en el futuro ya que detenta, uno de los componentes aspiracionales más anclados en el orgullo de las familias argentinas: contar con graduados universitarios entre sus filas. Por todo ello, aquella marcha no sólo fue multitudiaria sino que también, fue fundacional. Un acto de conciencia colectiva en defensa de un derecho pero también, de una identidad, de un valor que define.
Hoy, exactamente un año después, el reclamo persiste pero adquiere otra forma producto de un contexto económico que ha ido encareciendo cada vez más la vida de gran parte del sector asalariado del país, incluido el universitario. En este caso, el paro convocado por gran parte de los gremios universitarios se da en un contexto de presupuestos congelados o recortados, paritarias a la baja, deteriorio de los salarios; y a su vez, un costo de vida que no para de crecer producto del aumento en servicios, alimentos, tarifas impositivas locales, entre otros factores. En este sentido, el comunicado emitido por el CIN (Concejo Interuniversitario Nacional) es muy claro en el planteo: «El desfasaje producido entre la inflación acumulada y los incrementos recibidos desde noviembre del 2023 a marzo de 2025 es de más del 80%, lo que acentúa la precaria situación salarial de trabajadores de la educación superior que, en su amplia mayoría, perciben hoy un salario por debajo de la linea de pobreza».
Sin salarios dignos, no hay universidad posible
En su obra «La reproducción: elementos para una teoría del sistema de enseñanza», los sociólogos Pierre Bourdieu y Jean Claude Passeron, analizan cómo el sistema educativo contribuye a la reproducción de estructuras sociales existentes (como los mecanismos de asenso social que mencionábamos al principio), destacando la importancia del capital cultural en este proceso. Según sus planteos, debido a que el trabajo docente requiere de una autoridad sostenida por el reconocimiento social y económico; cuando ese reconocimiento se desvanece, no sólo se resiente el poder adquisitivo sino que también, se degrada el contrato simbólico entre el Estado y quienes sostienen día a día el entramado educativo.
A su vez, la socióloga argentina Maristella Svampa, sostiene que los procesos de precarización en el sector público no sólo afectan a quienes trabajan sino que también, conllevan un debilitamiento de la esfera estatal como garante de derechos. En este sentido, el recorte sistemático a los salarios docentes no es una mera política de ajuste, sino que también, es una forma de deslegitimar por goteo, la Educación como derecho universal.
Despues de estas reflexiones, queda claro que el problema por el que transita el sector universitario, no termina unicamente en lo financiero: es político y tambien cultural. La situación de precarización del trabajo que denuncian gremios y el pronunciamiento del CIN, ha sido compartido por la gran mayoria de universidades nacionales, incluida UNRaf. En este sentido, el impacto en la ciudad se ha sentido a traves de la manifestación de su propia casa de estudios, que ha expresado en su documento «Reafirmamos que no hay educación superior pública de excelencia ni Universidad Pública, sin salarios dignos para las y los trabajadores de la educación superior».
A un año de aquella marcha histórica, la escena no se repite, sino que se transforma. Quizas la fotografía de la multitud pasada, hoy continue viva en los cuerpos cansados que insisten. Lo que continua es el consenso de que la educación pública no es un privilegio a preservar sino un derecho a garantizar. También es un territorio de disputa en tiempos donde lo público es sistematicamente atacado y precarizado; transformandose en la apuesta activa por lo que somos y queremos seguir siendo.
Por todo ello, el paro universitario de este 23 de abril, lejos de ser un gesto aislado, es parte de una memoria de lucha que se resiste a desaparecer. Si el conocimiento es una forma de libertad, entonces defender a quienes lo sostienen es también defender la democracia; y eso, no admite recortes.
