18.57 La medida fue dispuesta por la fiscal Juliana González, quien investigó a sus pares por la filtración de audios en donde el exfuncionario hablaba con el comisario Adrián Rodríguez cuando éste se desempeñaba como jefe en la Unidad Regional V de Rafaela sobre un concurso para ascender al cargo de director de policía.
La fiscal de la ciudad de Rosario, Juliana González, archivó finalmente la causa por la que fueron imputados los fiscales de Santa Fe, María Laura Martí y Roberto Apullán, por las escuchas que involucraron al exministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro y un exjefe policial que prestaba servicios en la ciudad de Rafaela. El caso remonta al 2017 cuando Apullán y Martí se encontraban al frente de la causa “horas Ospe” que investigó a policías de la Unidad Regional I por cobrar adicionales de servicios que nunca se prestaban y que eran facturados como Servicio de Policía Adicional (SPA) y Orden de Servicio de Policía Extraordinaria (Ospe).
En medio de esa pesquisa -realizada por Asuntos Internos- las escuchas detectaron que uno de los investigados, el entonces jefe de la Unidad Regional V del departamento Castellanos con sede en Rafaela, Adrián Rodríguez, habló en reiteradas oportunidades con el ministro Pullaro sobre determinadas circunstancias, entre ellas, la apertura de un concurso para el cargo de director general de Policía. “Te vamos a tener que dar las preguntas, viste…como en la escuela”, le dijo Pullaro al comisario, en tono jocoso, durante una comunicación en la que también le avisó que iba a estar al frente del jurado de dicho concurso. Producto de esos diálogos, los fiscales iniciaron otra causa por supuesto “cohecho” contra Rodríguez, al cual mandaron detener a Rafaela para luego trasladarlo a Santa Fe y así imputarlo.
Arietti dió marcha atrás
Sin embargo, la actuación de ambos funcionarios quedó frustrada luego que el Fiscal Regional, Carlos Arietti, ordenó que la causa se tramite con Rodríguez en libertad y que además sea reasignada a la Fiscalía de Delitos Complejos que en esa época daba sus primeros pasos con el fiscal Ezequiel Hernández a la cabeza. Como las escuchas de esa causa se filtraron en la prensa, Pullaro presentó una denuncia para que se investigara quien las envió y además cómo se tramitó ante el Colegio de Jueces de Primera Instancia el pedido para intervenir su teléfono oficial. "Nosotros simplemente queremos saber la verdad y cuál fue el motivo central y quien hizo que ellos impulsen esta escucha ilegal de todas mis comunicaciones", supo decir el titular de la cartera de seguridad cuando el caso salió a la luz.
Fiscales rosarinos
El caso inicialmente recayó en el fiscal Leandro Lazzarini (hoy se desempeña como juez penal) pero como éste se excusó, la investigación pasó a manos de los fiscales de Rosario, Juliana González y Gustavo Ponce Asahad. Este último, paradójicamente, fue expulsado por haber recibido coimas para no investigar a una red de juego clandestino que lideraba el capitalista del juego, Leonardo Peiti.
Imputados
En 2018 González y Ponce Asahad imputaron finalmente a sus pares santafesinos en dos audiencias que se desarrollaron entre el 5 y el 31 de octubre de ese año y donde les achacaron a "falsedad ideológica de documento público", "incumplimiento de los deberes de funcionario público" y "abuso de autoridad” tras sostener que Martí y Apullán supuestamente falsearon el contenido del pedido de intervención del teléfono de Pullaro que fue tramitado ante el juez Nicolás Falkenberg el 29 de septiembre del 2017. Desde entonces, la causa se tramitó con cierto hermetismo, mientras los dos fiscales investigados fueron colocados (por disposición de Arietti) en otras áreas del Ministerio Público de la Acusación. Apullán fue enviado al área de causas del sistema conclusiones de causas; y Martí fue a parar a una oficina de faltas.
Causa archivada
A cuatro años de aquella causa, que generó un fuerte cimbronazo institucional, la fiscal Juliana González resolvió archivar las actuaciones tras considerar que no se detectó un obrar doloso en su desempeño. “No se han recabado elementos de convicción que permitan acreditar un actuar doloso por parte de Martí y Apullán”, sostuvo la resolución a la que tuvo acceso AIRE. En esa línea, la fiscal descartó que sus colegas hayan incurrido en algún delito ante el pedido presentado al juez Falkenberg para intervenir el teléfono oficial que usaba Pullaro. “Se vislumbra que la fundamentación expuesta pudo haber resultado no del todo clara, vaga o imprecisa, en la que además omitió precisar al juez que se trataba de la línea de un Ministro. Estimo que no es suficiente para que se configure un accionar delictivo”, destacó González en su resolución. “No existe norma alguna que imponga informar esa circunstancia, y tampoco dicho funcionario está alcanzado por una restricción legal que impida conocer sus comunicaciones, siguiendo el procedimiento legal de intervenciones telefónicas", agregó la fiscal rosarina. Por último, se refirió la filtración de las escuchas del exministro y opinó que las conductas endilgadas no superaban el umbral que se requiere para continuar una investigación. “Lo denunciado a la postre concluye que no reviste apariencia de delito, sin perjuicio de las eventuales responsabilidades administrativas y disciplinarias -que como se dio- podrían sustanciarse”, afirmó.
Finalmente se supo por dichos de su abogado Pablo Cococcioni, que Pullaro -en su carácter de querellante- no apelará la medida de la fiscal González.
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