El viernes por la noche, como anticipo periodístico, Diario CASTELLANOS informaba sobre la detención de un oficial de la Policía Federal Argentina, hecho ocurrido en la ciudad cordobesa de Villa María, acusado por una joven de 17 años de haberla abusado sexualmente, mientras la transportaba en un remis de una aplicación, tarea que realizaba fuera de su horario de trabajo. Y por qué dábamos cuenta de ello: porque Diego Armando Pizarro era, nada más y nada menos, que el responsable de la División Unidad Operativa Federal Rafaela de la Policía Federal Argentina que tiene su sede en calle Luis Braille del barrio Fátima
Abril de 2018
En el mes de abril de 2018 llegaban a Rafaela los primeros efectivos de la Subdelegación Rafaela de la Policía Federal Argentina bajo la conducción del Subcomisario Eduardo Quiróz quién llevó adelante una gestión impecable y sin puntos oscuros hasta que cumplió treinta años de servicio y decidió pasar a retiro aunque se quedó a vivir en Rafaela y en la actualidad ejerce su profesión de abogado.
Y después los problemas…
El siguiente jefe de la dependencia no escapó a los inconvenientes de quiénes llegaron después ya que quedó en el centro de la investigación por una tragedia vial que causó la muerte de la rodriguense Vanesa Escalante. Hablamos de Gastón Maximiliano Montepeloso, de 38 años, un oficial de alto rango de la Policía Federal Argentina (PFA). Hasta el momento del siniestro, Montepeloso se desempeñaba como Jefe de la División Unidad Operativa Federal (D.U.O.F.) de Rafaela, cargo que asumió formalmente a principios de 2025 tras haber servido previamente como Segundo Jefe en la misma dependencia.
Durante el año 2024, la figura de Montepeloso cobró relevancia institucional en la región de Santa Fe por su participación en encuentros estratégicos de seguridad. En agosto de 2024, en su rol de Segundo Jefe, participó de una reunión con el intendente de Sunchales, Pablo Pinotti, para coordinar acciones de seguridad ciudadana.
Posteriormente, en octubre de 2024, mantuvo un encuentro clave con el Fiscal Regional de la Circunscripción 5, Carlos Vottero, para tratar la investigación de delitos complejos como el microtráfico en Rafaela y zonas aledañas. Al ser nombrado Jefe en 2025, el propio oficial destacaba su compromiso de «sumar» y «marcar presencia» ante cualquier ilícito en cooperación con otras fuerzas.
“Las expectativas son continuar, este es mi tercer año dentro de la ciudad, estuve como segundo Jefe, ahora sigo como Jefe a cargo de la dependencia. Así que es continuar, siempre sumar, siempre ir para adelante y sobre todo marcar presencia y actuar ante cualquier tipo de ilícito en cooperación con los delitos ordinarios y federales, tanto con la fuerza local, con Gendarmería Nacional y con el Municipio de Rafaela”, declaraba en febrero de 2025 tras una reunión con el intendente rafaelino Leonardo Viotti.
Sin embargo, su presente es diametralmente opuesto a sus funciones de ley. Actualmente, Montepeloso se encuentra imputado bajo la carátula de «Homicidio Culposo Agravado». Su situación procesal se ve severamente comprometida por el test de alcoholemia, que arrojó 0,48 gramos de alcohol por litro de sangre. Si bien en otros contextos este valor podría considerarse bajo, en la provincia de Buenos Aires rige la ley de Alcohol Cero al Volante, lo que convierte cualquier registro en un agravante directo, sumado a su condición de funcionario.
El trágico episodio ocurrió el sábado 3 de enero de 2025, minutos antes de las 18 hs, en la Autovía 6, a la altura del acceso a La Cañada Polo, en Open Door en la provincia de Buenos Aires. Según relatos de testigos que presenciaron la escena con indignación, el Honda Civic conducido por Montepeloso y un automóvil Audi circulaban a gran velocidad, realizando maniobras de sobrepaso imprudentes en lo que aparentaba ser una «picada» o carrera clandestina.
En medio de esta temeraria acción, el jefe policial (quien viajaba acompañado por la bombero Romina Riedel, de 32 años) perdió el control de su vehículo, cruzó el boulevard central que divide las manos de la autovía y embistió frontalmente a un Chevrolet Prisma que circulaba correctamente en sentido contrario. El impacto fue devastador: el Prisma quedó reducido a hierros retorcidos en el cantero central, mientras que el vehículo del oficial terminó en una zanja varios metros más adelante.
El siniestro enlutó profundamente a la comunidad de General Rodríguez. En el vehículo embestido viajaba la familia Escalante: Vanesa Yanina Soledad Escalante, de 36 años, quien perdió la vida en el lugar producto de la violencia del choque. Su esposo, Marcelo Cayetano Emmi (38), y su hija de 13 años, resultaron con heridas de diversa consideración y debieron ser rescatados por los Bomberos Voluntarios tras quedar atrapados entre los restos del auto. Mientras la Justicia avanza sobre Montepeloso, se mantiene la búsqueda del conductor del Audi, quien se dio a la fuga tras el impacto sin prestar asistencia a las víctimas.
Mientras la Justicia y los peritos de la Policía Científica continúan con su labor para establecer las responsabilidades penales definitivas de este siniestro, el clamor popular crece con fuerza. En las redes sociales, se multiplican los pedidos de justicia por Vanesa Escalante, tanto de parte de sus familiares y amigos como de la comunidad rodriguense en general, quienes manifiestan su profunda indignación ante la pérdida de una vecina en circunstancias tan evitables.
Luego, el estafador…
El pasado 7 de octubre, bajo la presidencia del Juez de la Investigación Penal Preparatoria, Dr. Nicolás Stegmayer, se desarrolló una audiencia de procedimiento abreviado tras un acuerdo al que arribaron en su momento el Fiscal Guillermo Loyola y el abogado defensor Carlos Farías Demaldé, éste último en representación de Leonardo Nicolás Palacios, a quién en su momento lo habían detenido y le habían decretado la prisión preventiva acusado del delito de Estafas.
Las víctimas de Palacios fueron sus propios camaradas que prestaban servicio en la División Unidad Operativa Federal de Rafaela. En ese lugar Palacios, aprovechando su calidad de superior del resto de los uniformados, los enviaba a realizar diligencias fuera de la dependencia ubicada en calle Braille del barrio Fátima, aprovechando esa circunstancia para sustraerles datos de sus tarjetas de débito y crédito y con ello, realizar compras y pagos de servicios en su beneficio.
Ahora, tanto la fiscalía como la defensa y el imputado acordaron firmar un juicio de procedimiento abreviado por lo que el expolicía fue condenado a una pena de un año de prisión en suspenso; a cumplir determinadas reglas de conducta y a pagar un resarcimiento económico de diez millones de pesos que serán distribuidos entre las víctimas.
El acusado y los damnificados avalaron el acuerdo y finalmente el mismo terminó siendo homologado por el Juez Stegmayer.
Después llegó Pizarro y ya no está…
Ahora, la historia de la División Unidad Operativa Federal Rafaela de la Policía Federal Argentina vuelve a verse salpicada. Es que su actual titular, el oficial Diego Armando Pizarro, fue detenido el jueves de la semana pasada en la ciudad de Villa María, en la provincia de Córdoba, de donde es oriundo y donde se encontraba realizando un segundo trabajo que tenía: el ser chofer de un remis de aplicación. En esas circunstancias dice la información -que ahora investiga la justicia- tomó un viaje para transportar desde un boliche de esa ciudad cordobesa hasta su casa, a una menor de 17 años, quién terminó denunciándolo haberla agredido sexualmente, por lo que fue detenido.
Ahora habrá que aguardar qué se decide desde la fuerza en cuánto a quién asumirá la comandancia de la Policía Federal en Rafaela.
