La Cámara Federal de Casación Penal confirmó las condenas dictadas en 2022 por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Fe en la causa Bolsafe Valores.
La resolución, firmada el 30 de septiembre y notificada a las partes este jueves 1° de octubre, mantuvo la pena de 15 años de prisión para el contador Mario José Enrique Rossini, considerado autor de 459 hechos de administración fraudulenta, en concurso con el delito de captación de ahorro público sin autorización.
El juez Diego G. Barroetaveña propuso rechazar todos los recursos presentados, mientras que Carlos A. Mahiques planteó una disidencia parcial en relación a una de las figuras delictivas empleadas. Finalmente, Daniel Antonio Petrone adhirió al primer voto en lo referido al principal acusado y conformó la mayoría necesaria para rechazar su recurso.
De este modo, quedó confirmado el pronunciamiento dictado por el tribunal santafesino en agosto de 2022, aunque la resolución de Casación todavía puede ser objeto de recurso extraordinario ante la Corte Suprema.
Una condena por 459 hechos
El juicio oral había comenzado en septiembre de 2021 y culminó casi un año después con condenas para tres de los nueve acusados. El TOF integrado por José María Escobar Cello, Luciano Lauría y Germán Sutter Schneider condenó a Mario Rossini a 15 años de prisión, seis años de inhabilitación especial y una multa equivalente a tres veces el monto de las operaciones realizadas.
La sentencia consideró acreditada una maniobra desarrollada durante años a través de Bolsafe Valores y BV Emprendimientos, empresas vinculadas al contador. Según el tribunal, Rossini se valió de la estructura de la sociedad de bolsa y de su cartera de clientes para disponer de títulos y valores negociables que los inversores habían entregado en custodia.
La acusación había cuantificado en 2016 el perjuicio patrimonial en unos 250 millones de pesos. Durante el juicio, además, se individualizaron 459 hechos de administración fraudulenta atribuidos a Rossini. En la etapa de elevación a juicio, la investigación había contabilizado inicialmente 408 damnificados, con una estimación de perjuicio de 251 millones de pesos a valores de aquel momento.
El trabajo del Ministerio Público Fiscal durante el debate fue determinante para reconstruir la maniobra y las responsabilidades atribuidas a los acusados. A lo largo del juicio se tomaron unas 270 declaraciones testimoniales y la Fiscalía llevó al tribunal la mayoría de esos testimonios como parte de la prueba de cargo.
En su alegato de clausura, el fiscal general Martín Suárez Faisal había solicitado para Mario Rossini una pena de 18 años de prisión, tres años más que la finalmente impuesta por el Tribunal Oral Federal.
Para el representante del Ministerio Público, la prueba reunida durante el debate permitía sostener la responsabilidad del contador en los hechos de administración fraudulenta y captación de ahorro público que fueron materia de acusación.
El caso se había iniciado públicamente a fines de 2012, cuando Bolsafe Valores y BV Emprendimientos dejaron de operar y cientos de inversores reclamaron por sus ahorros y títulos.
La investigación federal llegó a juicio después de casi una década de trámite y fue dividida en distintos tramos, destinados a establecer responsabilidades de quienes integraban el entorno de las empresas, de operadores vinculados a entidades bancarias y de quienes tenían funciones de control en el entonces Mercado de Valores del Litoral.
La defensa cuestionó los delitos
Ante Casación, la defensa de Mario Rossini sostuvo, entre otros argumentos, que las conductas atribuidas no configuraban los delitos por los que había sido condenado.
También cuestionó la interpretación de los contratos de alquiler de títulos valores instrumentados mediante BV Emprendimientos y planteó que el colapso de la estructura financiera había estado condicionado por factores externos, entre ellos la intervención y suspensión del Mercado de Valores del Litoral.
Los recursos también objetaron la valoración de la prueba realizada por el tribunal de juicio y plantearon afectaciones a los principios de inocencia y congruencia. En forma subsidiaria, las defensas reclamaron una reducción de las penas a partir de una interpretación diferente de las reglas del concurso de delitos.
Expectativa por el fallo del tribunal
El caso se conoció públicamente a fines de 2012, cuando la firma dejó de operar. Foto: El Litoral
El segundo voto de la Cámara, firmado por Mahiques, planteó precisamente una diferencia respecto de Mario Rossini.
El magistrado consideró que podía existir una insuficiente fundamentación del sustrato fáctico utilizado para sostener la imputación por captación de ahorro público sin autorización y propuso casar la sentencia en ese punto. Esa postura no alcanzó la mayoría porque Petrone adhirió al voto de Barroetaveña y se inclinó por rechazar íntegramente el recurso.
El abogado y la contadora
La Cámara también rechazó por unanimidad los recursos de Omar Santos Rossini y María Mercedes Leiva. Ambos habían sido condenados por su intervención como partícipes necesarios en la administración fraudulenta.
El hermano del principal acusado recibió una pena de tres años y seis meses de prisión, mientras que la contadora fue condenada a tres años de prisión en suspenso. En ambos casos, las defensas habían cuestionado la responsabilidad que les atribuyó el tribunal oral.
La sentencia de 2022 había diferenciado esas responsabilidades de la atribuida a Mario Rossini. Para el TOF, la participación de Omar Rossini y Leiva resultó necesaria para el funcionamiento de la estructura mediante la cual se concretaron las operaciones, aunque sus penas fueron considerablemente inferiores a la impuesta al principal condenado.
La querella también recurrió
La resolución de Casación alcanzó además al recurso presentado por la parte querellante. Los representantes de un grupo de damnificados habían cuestionado, entre otros puntos, las absoluciones de las seis empleadas administrativas que llegaron a juicio acusadas como partícipes de las maniobras.
El tribunal oral había absuelto a las seis mujeres y, durante el juicio, la propia Fiscalía no había formulado acusación contra ellas. Los jueces destacaron entonces la relación de dependencia laboral y la situación de subordinación en la que se encontraban respecto de Rossini.
La querella también había cuestionado el rechazo de algunas demandas civiles promovidas por damnificados. Ese planteo tampoco prosperó ante Casación.
Una causa en tres etapas
La causa Bolsafe no quedó agotada con el juicio contra Rossini y su entorno. Desde sus comienzos, la investigación fue dividida en distintos tramos para analizar posibles responsabilidades de otros actores vinculados con la operatoria.
Un segundo segmento estuvo dirigido a empleados y directivos del Banco Galicia y de otras entidades financieras, a quienes se atribuyeron presuntas maniobras vinculadas con el lavado de activos. En 2022, Casación había revocado la falta de mérito de dos exoficiales de cuentas y un exgerente del Galicia, en una resolución que permitió avanzar hacia un nuevo tramo de la investigación.
Otro capítulo estuvo relacionado con los controles que debía ejercer el Mercado de Valores del Litoral. En ese marco, durante la investigación fueron procesados exdirectivos de la entidad por la presunta omisión de controles vinculados con las operaciones de Bolsafe.
La resolución conocida este jueves se refiere al primer tramo, el que tuvo a Mario Rossini y a su círculo más cercano como protagonistas del juicio oral. La confirmación de Casación mantiene, por ahora, las condenas dictadas hace cuatro años por el Tribunal Oral Federal de Santa Fe. Fuente y foto: El Litoral.
