En el marco de las directivas establecidas por el Ministerio de Seguridad Nacional, referentes al combate contra el narcotráfico en todo el territorio nacional, efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) detuvieron, en el barrio porteño de Palermo, a un abogado acusado de aprovechar la representación jurídica que ejercía sobre temibles sicarios y delincuentes detenidos en distintos penales para vincularlos con diferentes bandas narco que operan en la ciudad de Rosario.
Entre sus defendidos se encontraba Claudio “Morocho” Mansilla, quien poseía estrechos lazos con el denominado Clan de “Fran” Riquelme, como así también con el “Clan Alvarado” y la banda de “Los Menores”. Mansilla se encuentra alojado en el Complejo Penitenciario Federal N° II de Marcos Paz, cumpliendo una condena de prisión perpetua por los delitos de homicidio, narcotráfico y asociación ilícita.
Asimismo, el abogado detenido también contaba con la representación jurídica de Francisco “Fran” Riquelme, alojado en el mismo complejo de Marcos Paz y condenado a la pena de prisión perpetua por el delito de “Homicidio”, y de su hermano, Jonatan “Jonita” Gabriel Riquelme, detenido en la Unidad Penitenciaria Nº 11 de Piñero, provincia de Santa Fe, quien cumple condena por los delitos de “Asociación ilícita” y “Narcotráfico”.
En relación con lo expuesto, la Fiscalía de la Unidad Especial de Violencia Altamente Lesiva y la Unidad Especializada de Microtráfico del Ministerio Público de la Acusación, 2da. Circunscripción, a cargo de los fiscales Dr. Diego Giro, Dra. Mercedes Banchio y Dra. Marina Anahí Vigo, como consecuencia del avance de la causa y de las escuchas telefónicas ordenadas judicialmente y llevadas a cabo por agentes de la SIDE, concluyeron que el abogado cumplía un rol de intermediario dentro de la estructura criminal, vinculando a los miembros detenidos con aquellos que se encontraban en libertad, utilizando para ello la relación laboral existente entre las partes.
En paralelo, la Unidad Fiscal solicitó la intervención en el caso del Departamento Inteligencia contra el Crimen Organizado (DICCO) de la PFA, a fin de realizar tareas investigativas para dar con el involucrado, dado que se contaba con información de que poseía su domicilio en Capital Federal.
Atento a ello, los detectives federales profundizaron las averiguaciones y constataron la existencia de dos inmuebles sobre la calle Tucumán, en la zona de Tribunales, que el letrado utilizaba como estudios jurídicos. Asimismo, localizaron otro domicilio sobre la calle Uriarte, en el barrio de Palermo, que funcionaba como su vivienda particular.
Con la obtención de los datos mencionados y a través de distintos operativos de vigilancia, los federales que trabajaron en conjunto con personal de la Central de Inteligencia y Operaciones Especiales (CIOPE) y de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) observaron, en un momento determinado, al involucrado salir del domicilio de la calle Uriarte para luego abordar un automóvil de alquiler con destino a la Terminal de Ómnibus de Retiro, dado que se había podido establecer que tenía la intención de retornar a la ciudad de Rosario.
En ese contexto, el Colegio de Jueces de Primera Instancia en lo Penal del Distrito N° 2 de la ciudad de Rosario, a cargo del Dr. Rodrigo Facundo Becerra, ordenó la inmediata detención del abogado a través de un exhorto al Juzgado Nacional en lo Penal de Rogatorias, interinamente a cargo del Dr. Gabriel Omar Ghirlanda.
Así las cosas, los detectives del DICCO de la PFA, que se encontraban realizando un sigiloso seguimiento del encartado, procedieron a interceptar el rodado sobre la avenida Raúl Scalabrini Ortiz al 2400, donde lograron materializar la aprehensión del buscado.
Luego de su captura, la judicatura actuante dispuso la realización de tres allanamientos en los domicilios vinculados a la pesquisa: dos de ellos sobre la calle Tucumán y el restante sobre la calle Uriarte, todos en la ciudad de Buenos Aires. Durante los procedimientos se concretó el secuestro de cuatro notebooks, una CPU, un teléfono celular y documentación de interés para la causa.
El detenido, argentino de 55 años de edad, quedó a disposición del magistrado interventor, acusado por los delitos de “Infracción a la Ley de Drogas” y “Asociación ilícita”, a la espera de las actuaciones procesales de rigor y de su traslado a la ciudad de Rosario.
