El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la 6ª Nominación de Rosario declaró la quiebra de Bioceres S.A., luego de que la propia compañía solicitara su falencia al reconocer un estado de cesación de pagos que calificó como irreversible.
La resolución, firmada por el juez Fernando A. Mécolli y la secretaria Sabrina Rocci, hace lugar al pedido presentado por el presidente de la firma, Hugo Alejandro Santarelli, y dispone la apertura del proceso liquidativo bajo el régimen general de la Ley de Concursos y Quiebras.
En su presentación, Bioceres explicó que su crisis se originó principalmente en la abrupta caída del valor de su principal activo: las acciones de Bioceres Crop Solutions Corp (BIOX), compañía que cotiza en el Nasdaq y que hasta junio de 2025 estuvo bajo su control.
Según detalló, el 24 de junio del año pasado BIOX celebró una enmienda contractual con acreedores financieros que derivó en cambios en su directorio y en la pérdida del control de facto por parte de Bioceres. Esa situación implicó la desconsolidación de la empresa dentro del nuevo grupo económico liderado por Moolec Science S.A., también cotizante en el mercado estadounidense.
La pérdida de control y la consecuente caída del precio de las acciones impactaron de lleno en el patrimonio de Bioceres, que se vio imposibilitada de acceder a nuevo financiamiento y de cumplir con compromisos de deuda de corto plazo.
Deuda millonaria y ejecuciones
Uno de los puntos centrales del expediente es la deuda vinculada a la adquisición financiada de 8 millones de acciones de BIOX en 2022, operación realizada a través de sociedades controladas. Parte de esas acciones fueron ejecutadas en julio de 2025 por el fondo acreedor DRACO I Event Opportunity, que subastó más de 6 millones de títulos.
Tras esa ejecución, quedaron saldos impagos por más de 120 millones de dólares, sumando las obligaciones de las sociedades involucradas. Además, el fondo inició una acción judicial contra Bioceres S.A. en su carácter de garante.
La empresa sostuvo que, pese a las negociaciones mantenidas con un comité de acreedores de pagarés bursátiles, las exigencias de mayores garantías y plazos de repago incompatibles con su capacidad financiera tornaron inviable cualquier alternativa de reestructuración.
De acuerdo con los estados contables acompañados, al 30 de junio de 2025 la firma registraba un activo cercano a los 5.900 millones de pesos frente a un pasivo superior a los 162.000 millones, configurando un patrimonio neto negativo. Incluso con posteriores actualizaciones, el tribunal consideró que el pasivo supera ampliamente al activo.
El juez entendió acreditado el estado de cesación de pagos y destacó que la confesión del propio deudor, acompañada de documentación contable, constituye prueba suficiente para habilitar la quiebra.
En consecuencia, se dispuso el desapoderamiento de la sociedad, la inhibición general de bienes, la prohibición de realizar pagos a la fallida y la designación de una sindicatura “estudio” categoría A, dada la complejidad y magnitud del caso. También se ordenó la realización de un inventario, la trazabilidad de activos y la eventual promoción de acciones de recomposición patrimonial si correspondiera.
Un proceso de alto impacto
El tribunal rechazó que el caso pueda tramitar como “pequeña quiebra”, al considerar la envergadura económica y la estructura societaria internacional involucrada. En los fundamentos se remarcó la necesidad de un control exhaustivo sobre la ingeniería financiera y societaria descripta por la propia empresa.
Con la publicación de edictos y la fijación de plazos que se determinarán en un auto ampliatorio, se abre ahora el período en el que los acreedores deberán presentarse a verificar sus créditos.
La quiebra de Bioceres S.A., empresa vinculada históricamente al desarrollo de tecnologías agrobiotecnológicas y a estructuras corporativas con presencia en mercados internacionales, marca un hito en el ámbito empresarial argentino y abre un proceso judicial que promete ser complejo y de fuerte repercusión en el sector.
