Primer momento: el enojo vecinal y el “casette” burocrático
Desde los primeros minutos, el clima fue claro. Vecinos y vecinas se acercaron visiblemente enojados, con relatos cargados de bronca e impotencia por los robos y hurtos padecidos en sus hogares. Historias repetidas, conocidas entre sí, que dibujan un mapa cotidiano de inseguridad persistente.
En ese contexto, la presencia de un agente municipal que se acercó al lugar, lejos estuvo de apaciguar los ánimos. Ante los reclamos, el funcionario se limitó a explicar los circuitos burocráticos: cómo realizar una denuncia, cuál es el rol de la Fiscalía y de qué manera el Municipio puede “colaborar” aportando material fílmico o testigos. Ninguna referencia a políticas preventivas, refuerzos concretos o decisiones ejecutivas.
Durante más de treinta minutos, los vecinos escucharon respuestas que dejaron más dudas que certezas. La distancia entre la urgencia social y el lenguaje administrativo se volvió evidente y finalmente, ante la sensación de que esa participación no ofrecía soluciones reales, los propios vecinos le pidieron que se retire para poder dialogar con los medios de comunicación.
Segundo momento: las voces del barrio toman la palabra
Con el retiro del agente municipal, la escena cambió. Los vecinos se acercaron a los micrófonos para contar, uno tras otro, los hechos que vienen padeciendo desde hace años. Robos en viviendas, hurtos reiterados, ingresos a patios y techos, movimientos sospechosos en horarios nocturnos y diurnos.
Cada testimonio reconstruyó una trama común: cuadras enteras atravesadas por el miedo y la sensación de abandono. No se trató de episodios aislados, sino de una acumulación de experiencias que atraviesa a ambos barrios y que, según relataron, se repite sin respuestas eficaces del Estado local.
Como advierte Loïc Wacquant, cuando el Estado se vuelve errático o ausente en los territorios, la inseguridad deja de ser un hecho excepcional y se transforma en una condición estructural de la vida cotidiana. Esa normalización, esa naturalización del delito, es precisamente lo que los vecinos buscaron romper con su presencia en la calle.
Tercer momento: la marcha y una respuesta que no llegó
Luego de los testimonios, el grupo decidió marchar pacíficamente, con palmas y una consigna clara (“seguridad”) hacia el domicilio del secretario de Gobierno y Modernización del Municipio, Germán Bottero, en busca de una respuesta directa frente a la situación.
La movilización se desarrolló sin incidentes, pero cargada de simbolismo: vecinos organizados caminando hacia la casa de un funcionario como última instancia ante la falta de canales institucionales efectivos. Al llegar, se encontraron con que el funcionario no se encontraba en el lugar. Fue su familia quien salió a recibirlos y a informar su ausencia.
La escena sintetizó el sentido de la jornada: un reclamo ciudadano que avanza hasta la puerta del poder local y no encuentra respuesta.
Un reclamo que interpela a la gestión municipal
La protesta dejó al descubierto algo más profundo que el enojo circunstancial. Expuso una fractura en el vínculo entre los vecinos y el gobierno local. Cuando la ciudadanía se autoconvoca, marcha y reclama frente a domicilios particulares, lo que emerge es la percepción de que las vías institucionales han dejado de funcionar.
Pierre Rosanvallon, en “La contrademocracia” (2006), sostiene que estas formas de acción colectiva surgen cuando el control ciudadano reemplaza a una representación que ya no da respuestas. En los barrios Alberdi y Sarmiento, la movilización fue precisamente eso: un llamado de atención frente a una gestión municipal que parece haber perdido capacidad de escucha, decisión y presencia territorial.
El enojo, la indignación y hasta la desesperación que atravesaron la jornada no fueron solo emociones individuales. Fueron la expresión de un malestar urbano que se acumula y que vuelve a señalar, con crudeza, la incapacidad del Municipio para garantizar algo tan básico como la tranquilidad de sus vecinos.



