Favio Maier, uno de los abogados querellantes de la causa contra el grupo Spaggiari, que investiga una mega estafa que dejó un tendal de damnificados en Rafaela y la región, explicó este lunes que el perjuicio económico asciende a por lo menos 10 millones de
dólares y que si bien el dinero no se localizó se sospecha que fue a parar a las Bahamas.
En diálogo con AIRE, el letrado indicó que recientemente se dispuso la unificación de las querellas para el futuro juicio que tendrá lugar en los tribunales de la ciudad de Rafaela. “Se trata de unificar por una cuestión de tiempo y despacio”, contó Maier en diálogo con Ahora Vengo y agregó que la medida tiene como eje que permita hacer más práctico el desarrollo del futuro debate.
El abogado, en tanto, reiteró que el fraude investigado, es una millonaria suma que la investigación no pudo detectar hacia donde fue aunque existen sospechas. “El monto global andaría en los 10 millones de dólares, 11 mil euros y más o menos unos 300 millones de pesos”, explicó. “Hay algunas pruebas primarias que estaría en cuentas bancarias en Bahamas”, agregó.
Consultado si desde la defensa del grupo Spaggiari existió algún ofrecimiento para devolver el dinero, el abogado remarcó que “no se propuso ninguna forma de pago para devolver el dinero, sino que simplemente se dijo que iban a reparar”.
El caso Spaggiari
El grupo Spaggiari es investigado por haber realizado captación de ahorro, de pesos y dólares, entre noviembre del 2019 y noviembre del 2022, bajo la promesa de devolver a los ahorristas un interés del 3% en dólares y el 5% en pesos.
Por el caso hay un total de 552 víctimas y 1052 hechos de estafa presuntamente cometidos por los 10 imputados.
Los acusados fueron identificados como los hermanos Matías y Fernando Spaggiari, que hoy se encuentran detenidos en la Unidad Penitenciaria de Coronda, quienes enfrentan cargos por asociación ilícita en calidad de jefes y estafas reiteradas en calidad de coautores.
Su madre, Mirta Ofelia Condotto, también está acusada como miembro de la asociación ilícita y partícipe necesaria y permanece con domiciliaria.
Además hay otras siete personas ligadas a la investigación que transitan la causa penal con medidas alternativas a la prisión preventiva. Fuente: Aire de Santa Fe
