La Justicia de Rafaela dio un paso inédito en la lucha contra el narcotráfico al autorizar la inactivación de tres inmuebles utilizados como búnkeres de drogas en Frontera, departamento Castellanos. En dos de esos inmuebles, se logró la medida más severa, la demolición de los mismos, conmunmente conocido como el derribo. Mientras que en el restante, se consiguió el cerramiento de todas las aberturas, o también conocido como tapialamiento.
Esta medida fue solicitada por los fiscales Fabiana Bertero, perteneciente a la Fiscalía Regional Nº5 y Franco Carbone, del equipo de Microtráfico de la Fiscalía General del Ministerio Público de la Acusación (MPA). La audiencia, realizada en los Tribunales de Rafaela, culminó con un fallo favorable que marca un hito en la región.
El proceso se enmarca en una investigación penal que ya había derivado en la imputación y prisión preventiva de cuatro personas acusadas de microtráfico. Estas medidas, que incluyeron allanamientos en barrios con alta conflictividad, como San Javier, Eucaliptal y San Roque, buscan desmantelar redes de narcotráfico que han afectado profundamente la tranquilidad de las comunidades locales.
El fiscal regional Carlos María Vottero resaltó la trascendencia del fallo, describiéndolo como un paso fundamental e histórico. “Frontera necesitaba recibir este mensaje. Hoy se demostró el compromiso conjunto entre el MPA, el Ministerio de Justicia y Seguridad, y las autoridades locales. Este trabajo coordinado refuerza la lucha contra un crimen organizado que afecta gravemente a nuestras comunidades”, afirmó.
Un año de avances bajo la ley de desfederalización
El caso se inscribe en el contexto de un año de implementación de la ley de desfederalización en materia de estupefacientes en la provincia de Santa Fe. Este marco legal permitió a las fiscalías regionales asumir competencias sobre el microtráfico, un delito que antes correspondía exclusivamente a la Justicia Federal.
El fiscal Franco Carbone, quien forma parte del equipo de Microtráfico de la Fiscalía General, subrayó la innovación que representa esta legislación: “Es una normativa novedosa no solo en el país, sino también en la región. En Frontera, este procedimiento fue histórico, ya que logramos intervenir en puntos críticos de los barrios más conflictivos, donde el comercio minorista de estupefacientes está asociado a altos niveles de violencia y otros delitos conexos”.
Los procedimientos realizados durante el año incluyeron un trabajo minucioso para identificar y desarticular estas redes. Según Carbone, “la fiscalía presentó un muestreo de este mercado abierto, incluyendo la presencia de armas de fuego, menores de edad involucrados y personas en situación de vulnerabilidad. La inactivación de estos inmuebles representa un cierre simbólico y material a estos espacios que generan tanta violencia”.
La importancia de la colaboración ciudadana y el trabajo conjunto
Desde el Ministerio de Seguridad, el subsecretario de Análisis Criminal, Sebastián Montenotte, destacó la relevancia de la información provista por los vecinos en esta lucha. “Las denuncias ciudadanas sobre puntos de venta de drogas son esenciales para que podamos generar informes que guíen la intervención policial y fiscal. Cuanta más información recibimos, más eficazmente podemos actuar para desmantelar estas redes”, explicó.
Montenotte también reconoció el impacto que el narcotráfico ha tenido en comunidades como Frontera, Josefina y el barrio Acapulco, áreas que en el pasado gozaban de mayor tranquilidad. “El trabajo preventivo policial y las intervenciones judiciales han aumentado en estas zonas. Con medidas como la demolición de búnkeres, buscamos recuperar la paz y retroceder la influencia de estas organizaciones criminales”, señaló.
Un mensaje claro contra el crimen organizado
En tanto, el Fiscal Regional Vottero enfatizó la importancia del trabajo conjunto entre las instituciones involucradas. “El mensaje es claro: quienes elijan delinquir encontrarán un sistema judicial comprometido y coordinado en erradicar estas prácticas. Este fallo demuestra que estamos trabajando de manera incesante y efectiva para proteger a nuestras comunidades”, declaró.
En este sentido, Vottero también destacó el apoyo del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, así como la participación activa del Intendente de Frontera, quien estuvo presente en la audiencia. “Su compromiso refuerza el mensaje de que éste es un esfuerzo conjunto, dirigido a proteger a los ciudadanos y combatir las redes de crimen organizado que afectan la región”, agregó.
Una medida histórica y sus implicancias
La inutilización de los tres inmuebles en Frontera representa una medida sin precedentes en la lucha contra el narcotráfico en Santa Fe. Este avance se produce en un contexto donde las redes criminales han logrado arraigarse en comunidades vulnerables, aprovechando la falta de recursos y la ausencia de una respuesta coordinada.
El fiscal Carbone explicó que estos inmuebles no solo funcionaban como puntos de venta de drogas, sino también como centros de operaciones para actividades delictivas más amplias. “La presencia de armas de fuego, el reclutamiento de menores y la conexión con otros delitos hacen de estos lugares epicentros de violencia. Su inactivación no solo desarticula las operaciones de estas redes, sino que también envía un mensaje claro de que estos comportamientos no serán tolerados”, destacó.
El camino hacia adelante
A pesar de este importante avance, las autoridades reconocen que la lucha contra el narcotráfico es un proceso continuo. “Este es solo un paso en un trabajo más amplio y sostenido. Seguiremos implementando medidas preventivas y judiciales para garantizar que estas comunidades puedan recuperar la tranquilidad que merecen”, afirmó Montenotte.
El trabajo articulado entre el MPA, el Ministerio de Seguridad y las autoridades locales se presenta como un modelo a seguir en otras regiones afectadas por el narcotráfico. Con el apoyo de la comunidad y un compromiso firme por parte de las instituciones, Santa Fe busca consolidar una estrategia integral para enfrentar este flagelo.
Este logro no solo representa un golpe significativo contra las redes criminales, sino también un mensaje esperanzador para las comunidades que han sufrido las consecuencias de estas actividades. Con un enfoque basado en la colaboración y el trabajo conjunto, las autoridades continúan avanzando hacia una provincia más segura y libre de narcotráfico.
