El Juez Bottero atendió la solicitud del fiscal Loyola, pero es crucial que las autoridades gestionen un lugar adecuado para tratar los problemas psíquicos y de adicción del imputado.
En la mañana de este domingo, se llevó a cabo la audiencia de medidas cautelares en los Tribunales de Rafaela, presidida por el Juez de la Investigación Penal Preparatoria, Dr. Javier Bottero. La audiencia, realizada de manera virtual a través de la plataforma Zoom, fue solicitada por el Fiscal Guillermo Loyola, quien, en la jornada de ayer le imputó a Manuel Facundo de Jesús Giménez por una serie de delitos que ocurrieron entre enero y octubre de este año. Giménez ya había sido acusado en 11 hechos anteriores desde agosto de 2023, lo que lo convierte en un imputado «reiterante» según los términos legales.
Entre los hechos más recientes que se le imputan, se incluye un episodio ocurrido en la vivienda del Intendente de Rafaela, Leonardo Viotti, quien fue amenazado por Giménez luego de negarse a proporcionarle comida. El acusado tiene 24 años, es oriundo de la ciudad de Santa Fe y se encuentra en situación de calle en Rafaela, según manifestó durante la audiencia.
Detalles de los hechos imputados
El primero de los incidentes imputados ocurrió el 13 de enero de 2024, cuando Giménez fue sorprendido intentando forzar la puerta de una pinturería en la calle Belgrano al 500. Al ser aprehendido por personal de la Guardia Urbana Rafaelina (GUR) y de la policía, intentó arrebatarle el arma a uno de los oficiales, lo que fue evitado por la rápida intervención de las fuerzas de seguridad.
El segundo hecho tuvo lugar el 5 de septiembre de 2024, cuando Giménez, durante un control policial, nuevamente intentó desarmar a un agente, aunque fue reducido antes de lograrlo.
El tercer incidente ocurrió el 6 de octubre de 2024. Giménez, tras ofrecer sus servicios para lavar un automóvil y pedir comida a un vecino, reaccionó violentamente ante la negativa del propietario, amenazándolo de muerte. El último episodio se produjo el 8 de octubre, cuando Giménez se presentó en la vivienda del Intendente Viotti solicitando alimentos, y al no obtenerlos, lo amenazó con robarle.
Acusaciones y defensa
El Fiscal Loyola acusó a Giménez de dos hechos de resistencia a la autoridad y dos hechos de amenazas simples, ambos en calidad de autor. En su defensa, la abogada pública de Giménez, la Dra. Cristóbal, apuntó a que Giménez es hostigado por las autoridades y no le dan espacio para poder hablar, ni defenderse, “solo fue a pedir comida porque está en situación de calle”. Giménez a su vez, mostró en medio de la audiencia su accionar, cuando interrumpía de forma permanente a las autoridades y la audiencia debió interrumpirse por algunos minutos.
Cuarto intermedio
En un momento determinado, cuando Loyola realizaba su exposición, comenzó a ser interrumpido de manera sistemática desde su lugar de encierro, lo que mereció primero fue un llamado de atención por parte del Juez; luego la propia defensora solicitó poder charlar de manera privada con él; y luego pidio otro receso ya que gente del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal se dirigía a la Alcaidía para mediar en la situación.
Resolución del Juez Bottero
Este domingo, el Juez Javier Bottero dictaminó la prisión preventiva de Manuel Giménez por un plazo de 90 días, justificando la medida debido al riesgo de fuga y la posibilidad de entorpecimiento de la investigación. Bottero destacó la gravedad de los hechos y la reiteración delictiva, señalando que la cantidad de delitos imputados hace improbable que Giménez reciba una pena condicional.
El magistrado también hizo hincapié en la necesidad de que el imputado reciba el tratamiento médico adecuado durante su tiempo en prisión, dado su estado de salud mental y los problemas de consumo que se mencionaron en la audiencia.
Bottero concluyó que la prisión preventiva no tiene por finalidad castigar, sino asegurar que el acusado no interfiera en la investigación y que esté presente en el juicio. Además, instó a las partes a garantizar que la acusación formal sea presentada en los próximos 90 días, tiempo que consideró suficiente para que el Ministerio Público de la Acusación avance en el caso.
Este fallo representa un nuevo capítulo en la extensa lista de delitos que se le atribuyen a Giménez, quien deberá permanecer detenido mientras se esclarecen los hechos y se lleva adelante el juicio correspondiente.