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Editorial

Sin bajezas

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En aquellos países con instituciones débiles como el nuestro, la tendencia de la partidocracia a cerrarse sobre sí misma y actuar con un marcado espíritu corporativo para defender sus privilegios se acrecienta día tras día.
El espectáculo vergonzoso que, ante la vista y paciencia de una sociedad proverbialmente mansa como la nuestra, están protagonizando muchos dirigentes políticos deja al descubierto, por un lado, la poca importancia que les otorgan a los ciudadanos y, por otro, una marcada voracidad a la hora de terciar en la disputa de cargos o de preservar sus canonjías.
Dan vergüenza rapiñando por cargos, espacios de poder o vocerías, cuando la gente los votó para que le solucionen los gravísimos problemas que aquejan a la sociedad, tales como la inseguridad, la corrupción estructural, la inflación que licúa su poder adquisitivo y la deficiente calidad de la educación y de la salud públicas, pese a la cada vez más asfixiante presión impositiva.
La ciudadanía observa con preocupación los comportamientos de una dirigencia política que debería superar las rencillas domésticas y los planteos egocéntricos.
Salvo honrosas excepciones, no se sacan demasiadas ventajas oficialistas y opositores. Sobran pruebas. La más reciente está al alcance de la mano, con tan solo analizar qué sucedió antes y después de las PASO, y lo ocurrido con posterioridad a las elecciones generales del mes pasado.
Mientras el camporismo confeccionó listas a su antojo, pisoteando el espíritu democrático que decía defender, en Juntos por el Cambio estallaron peleas de todo tipo. Fueron verdaderamente grotescas rencillas, como la que provocó las notorias ausencias en el escenario de la victoria de algunos dirigentes con sobrados méritos para estar allí.
Otros ejemplos los protagonizan intendentes y concejales de la provincia de Buenos Aires y señores de feudos cuyo dominio territorial vienen ejerciendo desde hace tiempo, al complotarse para declarar inconstitucional una ley que sanamente les impide una nueva reelección después de haber ocupado cargos durante dos períodos consecutivos. Lo curioso del caso es que quienes impulsaron una ley tan beneficiosa para poner coto al enquistamiento en el ejercicio del poder, María Eugenia Vidal y Sergio Massa en un acuerdo logrado en la Legislatura bonaerense en 2016, se han llamado ahora a silencio.
Lamentable resulta también por estas horas la trifulca radical, que amenaza con romper la coalición opositora que, al menos en teoría, predica las bondades de la república y se jacta de defender las instituciones. Que, de buenas a primeras, los seguidores de Leandro N. Alem, Hipólito Yrigoyen y Raúl Alfonsín hayan decidido ventilar sus diferencias con este grado de intemperancia y falta de tino no deja de decepcionar. Una cosa es discutir títulos, capacidades y conveniencias para determinar quién presidirá un bloque o será el titular de la juventud del partido y otra bien distinta es abandonar todo tipo de correcciones para entregarse a la lucha despiadada y grotesca por obtener puestos de conducción y prerrogativas varias en medio de la pavorosa crisis económica y social que vive el país.
Por lo visto hasta el momento, ninguno de esos contrincantes se ha sentado a pensar seriamente en los efectos de sus actos, lo cual pone al descubierto sus prioridades y cuán lejos se encuentran estas de las necesidades del ciudadano común.
Martín Lousteau, Emiliano Yacobitti, Gerardo Morales, Mario Negri, Rodrigo de Loredo, Elisa Carrió y muchos más deberían meditar sus pasos antes de poner al borde de la ruptura –por irresponsabilidad manifiesta– una coalición que ha tenido la rara virtud de mantener la unidad después de fracasar en la administración de la cosa pública y perder las elecciones presidenciales de hace dos años. El espíritu societario que demostraron los integrantes de Juntos por el Cambio permitió, luego de aquella derrota que los expulsó de la Casa Rosada, remontar la cuesta y obtener un triunfo rotundo sobre el kirchnerismo.
La ciudadanía observa con preocupación los comportamientos de una dirigencia política, que debería dirigir sus mayores esfuerzos a construir los consensos que necesitamos para proyectarnos hacia el futuro de forma mancomunada, superando las rencillas domésticas y renunciando a los planteos egocéntricos. Sin bajezas, para estar a la altura de las circunstancias.
editorial@diariocastellanos.net

Editorial

Lo que no quieren cambiar

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El tironeo con el FMI que ya dura dos años tiene diversas interpretaciones, pero la más obvia es que el Gobierno está agotado. Se encuentra en un callejón del que no puede salir por impotencia, falta de ideas y de poder.
No puede ofrecer al organismo una simple hoja de ruta sobre el futuro de la economía, porque carece de credibilidad. Pero eso no es algo nuevo. Se veía venir desde el 12 de agosto de 2019 el día después de la derrota de Mauricio Macri en las PASO; el día que el 48% de los votantes repuso en el gobierno a Cristina Kirchner a través Alberto Fernández.
El lunes siguiente el dólar y el riesgo país se dispararon, los bonos de la deuda se desplomaron y el mercado anticipó que se avecinaba un período turbulento. Un período en el que se repetiría el fracaso de Cristina Kirchner en sus últimos cuatro años de gestión, pero en condiciones de mayor deterioro.
A pesar de lo que dicen los economistas, el déficit más grave del Gobierno de Alberto Fernández no es fiscal, sino de confianza. El lunes, poco antes de recibir al nuevo embajador norteamericano, recitó las rituales diatribas contra el FMI para satisfacer a su frente interno. La derrota electoral de septiembre lo dejó tan débil que la vicepresidente no sólo le borró medio Gabinete, sino que lo dejó sin margen de decisión propio en las cuestiones centrales. Mientras espera que el Fondo le perdone los vencimientos por el resto de su mandato, el procurador Carlos Zannini decidió llevar a los funcionarios del organismo ante la justicia argentina. Es difícil discernir qué tiene menos el Presidente: si autoridad o coherencia.
Otra afirmación falsa que suele repetirse sobre el Gobierno de los Fernández es que no tiene un programa económico. Lo tiene y se niega a cambiarlo.
Es un plan con déficit financiado con emisión, 50% de inflación, 45% de pobres, caída del empleo privado productivo y alza del empleo público improductivo. Un programa que puede prescindir del crédito y de las reservas del BCRA.
Un plan en el que el ajuste se hace vía inflación y los que pierden son los que tienen ingresos fijos. No es el ajuste que pide el FMI, que en ese sentido es mucho más piadoso con los pobres que el peronismo, pero funciona desde tiempos del Rodrigazo.
Presenta, sin embargo, un problema. Al golpear a las clases populares es incompatible con el programa económico/electoral de la vice, que tiene como piedra angular el consumo. Ese factor clave para asegurar la influencia de Cristina Kirchner en el conurbano emite señales de alarma. En el tercer trimestre del año pasado el PBI volvió a niveles de 2019, pero el consumo privado cayó 4%.
Si se toma como referencia la recaudación del IVA, en el tercer trimestre de 2021 cayó 8% con relación al mismo período de de 2019 que fue un año recesivo (Ah, pero Macri). Pero si la comparación de la caída de la recaudación es entre los primeros nueve meses de los dos años la cifra es mucho peor: -14%.
Conclusión: si el Gobierno se niega a cambiar este «modelo», lo pida o no el FMI, es porque ya no tiene nada para ofrecer. Está agotado.
editorial@diariocastellanos.net

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Editorial

Una derrota al chavismo

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El triunfo de la unidad opositora en el Estado venezolano de Barinas, con Sergio Garrido como candidato, se irguió por sobre todo el aparato del Estado chavista. Como es su costumbre, el régimen no se detuvo en cuestiones éticas: no faltaron las amenazas de todo tipo, la censura a medios y periodistas o la reubicación de electores y mesas de votación a última hora. Puso en práctica todas las estrategias que le han servido en las pasadas elecciones para torcer resultados, pero que en esta ocasión no le resultaron favorables. En parte, fracasó el oficialismo porque esta vez los opositores se organizaron realmente para vigilar el voto, reclamar y denunciar.
Con esta derrota, el chavismo perdió uno de sus feudos emblemáticos, a pesar de haber movilizado masivamente a militares, ministros y dirigentes nacionales bajo el inocultable amparo del Palacio de Miraflores. Por más que los seguidores del régimen dictatorial de Nicolás Maduro intentaron minimizar la derrota por tratarse de una elección regional, la magnitud de la ventaja, su contundencia y significado no les permitieron alegar desconocimiento frente a sus rivales.
El resonante triunfo electoral ha terminado por consolidar la certeza de que, votando y manteniendo unida a la oposición, se obtienen resultados favorables. De haberse mantenido fragmentada, el régimen de Maduro hubiese cosechado una nueva victoria en detrimento de las atomizadas fuerzas opositoras. Barinas se convirtió en la principal referencia reciente de lo que pueden hacer las fuerzas opositoras cuando se agrupan en torno a un candidato, una plataforma organizada y un programa único.
El ejemplo del comportamiento de la oposición en las recientes elecciones de Barinas debería ser tenido en cuenta también por los principales referentes de la coalición opositora al gobierno de Alberto Fernández. Su triunfo en las elecciones legislativas del 14 de noviembre último, lejos estuvo de traducirse en una oposición efectiva y creativa. Lo primero que se observó fueron peleas por cargos, por despachos en el Congreso y otras cuestiones ajenas a las necesidades de un país en crisis.
Tanto desde el binomio Fernández-Fernández como desafortunadamente también desde la propia oposición intentan debilitar y enemistar a la coalición opositora. La responsabilidad de sus desencuentros y divisiones, sumada a la consiguiente falta de liderazgo, surge en muchos casos por anteponer ambiciones puramente personales a los graves y acuciantes problemas que padece la sociedad argentina.
Mientras la oposición no supere estas limitaciones y construya una unidad robusta, la ciudadanía que los acompañó con su voto se verá nuevamente frustrada y la necesaria alternancia en el poder estará, una vez más, amenazada. En la unidad de la oposición radica la única fuerza capaz de poner coto a los desmanes oficialistas.
editorial@diariocastellanos.net

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Editorial

Una muerte que nos interpela

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Muchas personas recordarán qué estaban haciendo el 18 de enero de 2015 cuando se enteraron de la muerte del fiscal Alberto Nisman, como también seguramente registren sus circunstancias frente al atentado a la AMIA o a la Embajada de Israel. Son sucesos que golpean de manera tan profunda que quedan guardados en nuestra memoria, intrínsecamente unidos y asociados a la cotidianeidad de nuestras vidas. Por fuera del plano individual, la memoria colectiva es la que, pese al paso del tiempo, revive aquel luctuoso episodio para volver a estremecernos, impidiéndonos enterrar en el olvido a quien aún clama por justicia. ¿Cómo permanecer indiferentes sin sumergirnos en una suerte de silencio cómplice?
Acusaciones cruzadas, responsabilidades evadidas, relevamiento de horarios de comunicaciones y movimientos, análisis de cerraduras, de puertas, de dispositivos, de comidas… Ríos de tinta, grabaciones, expedientes, testimonios corren hasta el día de hoy sin que por el crimen se haya puesto tras las rejas a sus responsables. Bajo la misma lógica con que se absuelve a los culpables de incontrastables delitos, largamente documentados, este amenaza con no esclarecerse nunca. Los mismos silencios, los mismos ruidos, los mismos protagonistas de ayer y de hoy –la vicepresidenta, Sergio Berni, Juan Martín Mena, Aníbal Fernández, Oscar Parrilli, Luis D´Elía– y una Justicia demasiado cooptada, a pesar de muchos magistrados que contribuyeron a mantener viva la causa para llegar a la verdad y penar a quienes ejecutaron la orden y a quienes la dieron, culpables de tamaño magnicidio.
Nisman se ha convertido en la víctima 86 de la causa AMIA. Apenas cinco procesados jalonan un sendero atiborrado de sospechas, de certezas y de culpables cuyos rostros todos conocemos.
Para disipar cualquier grotesca duda, la justicia argentina determinó en 2018 que el fiscal fue asesinado y que dicho suceso fue directa consecuencia de la denuncia que formuló el 14 de enero de 2015, en la que involucraba a la por entonces presidente Cristina Kirchner, como responsable de las maniobras vinculadas con el encubrimiento del atentado a la AMIA, a raíz de la firma del Memorándum con Irán.
El incendio ocurrido en la Casa Rosada, el 17 de enero de 2015, barrió puntualmente los registros de entradas y salidas en Balcarce 50, una de las pruebas que acreditaba Nisman en su denuncia. El intento por desestimar tamaña pista llevó incluso a Aníbal Fernández, jefe de Gabinete de entonces y actual ministro de Seguridad, al disparate de pretender, primero, ocultar el hecho; luego, cambiarle la fecha y, finalmente, afirmar que no tuvo consecuencias para disipar conjeturas sobre su vinculación con el asesinato.
A pesar de que los registros de comunicaciones no mienten, la ley de inteligencia prohíbe ahondar en la explosión de llamados entre funcionarios, figuras políticas y personal de la entonces Secretaría de Inteligencia, entre otros, que tuvo lugar en aquel fin de semana y que involucran también a Mena, hoy viceministro de Justicia y por entonces número dos de los espías.
El poder del oficialismo actual, el mismo que gobernaba cuando el fiscal Nisman jugó su vida en una denuncia contra las máximas autoridades del Estado, ha construido una barrera pretendidamente inexpugnable que desplegó todas las acciones posibles para doblegar a la Justicia. Algunos jueces se dejaron acorralar. La apertura de la causa que Daniel Rafecas, Eduardo Freiler y Jorge Ballestero intentaron cerrar con una velocidad inusitada logró superar la etapa de investigación. Todas las instancias, hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación, entendieron que debía celebrarse el juicio oral y público, que ahora los jueces María Gabriela López Iñiguez, Daniel Obligado y José Michilini decidieron impedir, al determinar que no eran delito las maniobras ocultas en el insólito Pacto con Irán que entró en vigor antes de que lo tratara el Congreso. López Iñiguez, Obligado y Michilini consideraron que poco importaba todo lo investigado por fiscales y jueces desde primera instancia hasta la Corte en relación con las serias sospechas sobre la comisión del delito de encubrimiento. Esa fue la sentencia, ahora sujeta a revisión, a la que llegaron; una complicidad judicial indiscutida, por acción o por omisión.
Siete años se cumplieron días atrás; todavía una cifra inferior al tiempo que el fiscal llevaba dedicado a la investigación que lo desvelaba y que lo volvía objeto de innumerables presiones.
Como sociedad, no podemos menos que sentirnos acongojados y humillados cuando la impunidad viene ganando la partida. Por las hijas de Nisman y por los hijos de todos. Ante la inocultable derrota de la justicia argentina, quien tanto creyó en ella al punto de entregar su vida, hoy nos sigue interpelando. Aquella «marcha de los paraguas» que silenciosamente lo homenajeó al mes siguiente de su muerte ha devenido en lluvia de impunidades. Luego de siete años, ese doliente silencio se ha transformado en un encendido grito, capaz de despabilarnos de nuestra agónica indiferencia para devolvernos un protagonismo que no cesa en su reclamo: ¡justicia!
editorial@diariocastellanos.net

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