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Editorial

Reparto de culpas

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Los responsables de la inflación son los empresarios, el de la profanación de las piedras dejadas en Plaza de Mayo en homenaje a las víctimas del Covid es Rodríguez Larreta, el de poner límites a la barbarie mapuche en el Sur, el Gobierno de Río Negro.
La lista de chivos expiatorios que armó el oficialismo en el último tramo de la campaña es una muestra perfecta de su incapacidad para gestionar, de las tensiones internas que lo paralizan y de su constante desorientación. El doble comando frente a la crisis está derivando en marchas y contramarchas y en expectativas cada vez más desalentadoras.
El intento de Alberto Fernández de trasladar a otros los problemas que no puede resolver es una especie de «Ah, pero Macri» generalizado. A tres semanas de las elecciones insiste con una estrategia que fracasó notoriamente en las PASO.
De allí la inédita cantidad de errores no forzados que comete; también la extendida percepción de que no se sabe quién toma las decisiones en una administración fragmentada.
Un indicio de esta anarquía en progreso pudo detectarse el jueves en el Senado con la firma de un dictamen para cuadruplicar el mínimo no imponible del impuesto a los bienes personales. El propio autor del proyecto admitió no conocer su impacto fiscal, ni la opinión del ministro de Economía, Martín Guzmán, al respecto (ver Visto y Oído).
Sólo 24 horas más tardes del episodio del Senado, Guzmán fue citado a la Cámara de Diputados para que exponga sobre el presupuesto 2022 que había remitido a los legisladores un mes y medio antes.
No sólo es insólita esa demora, sino también el hecho de que si bien el debate de la «ley de leyes» comenzará esta semana, el ministro fue invitado a participar de la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda el 19 de noviembre, esto es, después de las elecciones. ¿Seguirá en el cargo para entonces?
Las diferencias entre Guzmán y el kirchnerismo más duro tuvieron un capítulo especial con el conflicto por los precios máximos. Nadie ignora que esa estrategia no frena la inflación, pero pusieron un nuevo secretario en el área para que cargue contra los empresarios, algo que su antecesora, Paula Español, se había abstenido de hacer.
Así el objetivo electoral, quedó cumplido. Se puso en la picota a los comerciantes como responsables de la carestía disparada por la emisión. El objetivo económico, en cambio, parece más difícil de lograr. La experiencia histórica es abrumadora al respecto. Conflictos de esta naturaleza terminan fatalmente en desabastecimiento.
Además, la movida deja mal parado a Guzmán que en sus interminables tertulias con el FMI deberá explicar ahora una medida anacrónica e incompatible con el espíritu de cualquier acuerdo. Cepos, precios máximos y otras regulaciones draconianas alimentan la sospecha de que el kirchnerismo ya optó por no llegar a un entendimiento con el organismo.
El uso de los precios máximos como estrategia de campaña obedece no sólo al desborde inflacionario, sino también a que el oficialismo carece de alternativas para ofrecer a los votantes. Para dar vuelta la elección sólo maneja un par de ideas y ninguna nueva.
La primera es la de pasar lista a los que se ausentaron en el conurbano, excluyente preocupación del kirchnerismo. Intendentes y militantes barriales despliegan una intensa actividad para identificarlos y recordarles la necesidad de apoyar al Gobierno del que reciben cuantiosos subsidios. Confían en que esa cosecha les permitirá mejorar los números de las PASO.
Con ese objetivo la plana mayor kirchnerista se reunió a media semana con el consultor español Gutiérrez Rubí para oír sus consejos de campaña. No recibieron ninguna revelación; simplemente les comunicó la necesidad de «salir a defender la gestión a la calle».
Pero algunos de los presentes objetaron la propuesta por las reacciones adversas de los vecinos frente a los candidatos que han salido de recorrida por los barrios más pobres. El único que lo hace sin riesgo es el Presidente, trasladado en una «burbuja» de encuentros previamente pactados con simpatizantes seguros.
La otra «idea» para recuperar votos fue la del aumento de sueldos a los empleados públicos y más dádivas como en La Matanza, capital nacional del peronismo. En La Pampa, donde están en juego tres bancas del Senado y el PJ perdió en las PASO se resolvió perdonar la deuda a los usuarios que no pagaron el gas. Esto después de haber subsidiado el precio y haber promulgado una ley de más subsidios en «zonas frías», lo que pone en evidencia que el problema con las tarifas es consecuencia del empobrecimiento generalizado y no se arregla con precios «políticos», sino con crecimiento y estabilidad, algo que no figura en la agenda del Gobierno.
editorial@diariocastellanos.net

Editorial

Malas artes en la derrota

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No hubo que esperar mucho tiempo para comprobar cómo iba a reaccionar el Gobierno tras la categórica derrota que sufrieron sus candidatos en el orden nacional en las elecciones generales del 14 de este mes.
Al descabellado festejo del Presidente –quien, en la misma noche de los comicios, arengó a los suyos a celebrar un falso triunfo–, le siguieron una suerte de manotazos institucionales protagonizados por algunos amanuenses oficialistas habituados a poner la cara para realizar el «trabajo sucio».
La casi inmediata reaparición en la escena pública del «disciplinado» senador Oscar Parrilli y del tan jactancioso como bravucón gobernador del Chaco, Jorge Capitanich, no es inocente y prenuncia una catarata de proyectos que irán en la misma dirección, urgidos por el próximo recambio parlamentario.
Todo lo que el oficialismo no logre imponer con su actual mayoría en el Senado y su primera minoría en Diputados tropezará a partir del 10 de diciembre con una oposición que ha crecido en número en ambas Cámaras del Congreso y hará respetar su voz. Hasta entonces, veremos repetirse lamentables y preocupantes escenas como la de la semana última, cuando el oficialismo, en soledad, ratificó en comisión y sin debate 116 decretos de necesidad y urgencia del Presidente, lo cual significa –como bien ha expresado el senador de la oposición Luis Naidenoff –»un grave atropello institucional que demuestra el desprecio por el Congreso, por la Constitución y por las reglas de la democracia».
Esa arremetida por legalizar decretos de Alberto Fernández estuvo acompañada por la presentación en el Senado de un proyecto de ley que relaja las mayorías necesarias para impulsar la realización de una consulta popular. El autor es el senador Parrilli, presidente del Instituto Patria, quien impulsa modificar la ley que reglamentó ese instituto eliminando la obligación de conseguir el voto afirmativo de la mayoría absoluta de cada cámara legislativa (la mitad más uno de sus miembros) para sancionar la convocatoria a una consulta popular. El proyecto de Parrilli mantiene la prohibición actual de someter a ella temas que requieran mayorías especiales para su sanción o que el trámite sea iniciado en una determinada cámara, pero elimina esa restricción constitucional para el caso de las consultas no vinculantes, al establecer que podrán ser convocadas para tratar «todo asunto de interés general para la Nación». En este caso, el voto no es obligatorio.
Con pocas horas de diferencia respecto de Parrilli, Capitanich hizo otro aporte a la desmesura. Volvió sobre sus pasos cuando, siendo jefe de Gabinete, había roto ante cámaras un ejemplar del diario Clarín, simplemente porque al gobierno kirchnerista siempre le molestaron las críticas del periodismo independiente. En esta oportunidad, trató a los ciudadanos de estúpidos al sostener que «piensan lo que los periodistas proponen»; un razonamiento de muy corto vuelo, además de falaz. No le ha servido de mucho al Gobierno gastar discrecionalmente tanto dinero público para sostener el relato en medios afines cuando está visto que no convence ni a los propios. También podría pensarse que no han logrado su perverso objetivo porque son esos medios los menos leídos, vistos o escuchados, precisamente por la dependencia partidaria que los vuelve acríticos, ciegamente sectarios.
«La propuesta es una corrección de dos o tres artículos de la ley de medios para garantizar mecanismos de equidad. Si no hay mecanismos de equidad, la incidencia en la construcción de los marcos mentales incide de manera notable», pretendió explicar Capitanich, quien al hablar de «marcos mentales» dice mucho más de él que de quienes combate y aborrece.
Los pésimos ejemplos de violencia verbal que emiten funcionarios del Gobierno contra la prensa independiente se convierten en insumo –cuando no en aliento– para grupos de forajidos y marginales como las nueve personas encapuchadas que el lunes pasado por la noche atacaron con bombas molotov la sede del diario Clarín, provocando un principio de incendio.
Mientras algunos van cerrando filas para capitalizar los pocos días que quedan antes de la renovación parlamentaria, el Gobierno recibió con agrado la reinstauración de otra vocería propia en los medios: la vuelta del programa 6,7,8, nave insignia comunicacional del kirchnerismo más acérrimo. Con otro nombre –6,7,9–, será difundido por redes sociales, donde el «todo vale» intentará imponer los falsos relatos conspirando contra el chequeo y la legitimación profesionales que corresponde hacer a todo medio de prensa serio.
Es verdad que la ciudadanía está nerviosa y preocupada, pero no lo está por lo que difunden los medios independientes, como quiere hacer creer Cristina Kirchner, sino por la dura realidad que le toca vivir, culpa del deplorable desempeño del gobierno que ella integra.
Sería parcial, no obstante, adjudicar todo este embate del oficialismo a la mala performance electoral del pasado domingo 14. En el lapso transcurrido entre las PASO y los últimos comicios, Cristina Kirchner ya había comenzado a resembrar el camino de las críticas al periodismo independiente. Ella también cargó sobre la prensa al decir: «La gente piensa lo que los periodistas proponen (…) Hace tiempo que (los medios) están nerviosos y tratan de poner nerviosos a todos los argentinos». Ciertamente, no se puede esperar de la vicepresidenta que reconozca el origen del nerviosismo ciudadano, cuyo hartazgo quedó evidenciado en las urnas.
Sí se puede esperar, y debería ser imperioso que ocurriera, que los gobernantes y los legisladores se ocuparan de solucionar los temas del país apelando a la autocrítica, la búsqueda de consensos y el establecimiento de políticas de Estado que intenten sacarnos, de una vez por todas, del fondo del pozo al que se ha conducido a nuestro país.
En ese esquema, la oposición deberá tener un rol también acorde con el delicado momento que nos toca vivir, alejada de falsos triunfalismos y comprometida con el mandato de las urnas. De nada serviría que a las malas artes de la derrota se sumen las malas prácticas de la victoria.
editorial@diariocastellanos.net

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Editorial

Otros ataques repudiables

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El prestigioso Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv) ha denunciado que un grupo de personas hackeó las páginas de Facebook de la entidad que representa a las familias afectadas.
No pueden caber dudas de que el atentado ha sido causa inmediata de los resultados de las elecciones últimas. No hay dialéctica que pueda cambiarlos en su legalidad y sentido más rotundo y auténtico, por insistentes que sean las distorsiones que pretendan instalarse desde distintos sectores del oficialismo. La presidente de Celtyv, Victoria Villarruel, ha sido elegida diputada nacional al haber ocupado la segunda posición en la lista encabezada por Javier Milei, y ello es motivo de incomodidad para quienes han medrado con la interpretación de la historia, ajustándola a la medida de sus intereses políticos e ideológicos.
En Victoria Villarruel y su equipo de colaboradores se han concentrado desde hace tiempo las energías y el valor cívico ausentes en otras expresiones de la política y la cultura para replicar con absoluta claridad, palabra por palabra, argumento por argumento, una narración distorsionada que, bajo el aliento explícito del kirchnerismo, se pretende hacer prevalecer sobre el capítulo más desgarrador de la historia contemporánea argentina.
Ha sido tan intenso el trajín del movimiento derrotado en las urnas dos semanas atrás para instalar una versión inequívocamente arbitraria de los acontecimientos de hace casi medio siglo, que en la provincia de Buenos Aires está prohibido a funcionarios y empleados negar que fueron 30.000 los desaparecidos en aquella época del país. Tan en vigor está esa norma que durante la gestión de la gobernadora María Eugenia Vidal, incluso ella se negó a vetarla como hubiera correspondido. Los propios artífices de tan abultada cifra han reconocido con los años su falsedad, agregando que no tenía más que un valor cabalístico a fin de impresionar y movilizar los apoyos a la audiencia europea a la que se dirigían en busca de una solidaridad activa.
La imaginación de quienes provocaron con sus crímenes una represión del Estado de magnitud y dureza sin precedentes apeló así a una ficción frenética. No han conseguido, sin embargo, echar abajo el crédito de la comisión investigadora inspirada por el presidente Raúl Alfonsín y encabezada en la Conadep por Ernesto Sábato, que en 1984 incluyó 8.961 denuncias de desaparición de personas entre 1969 y 1983. Por su parte, el informe de la Secretaría de Derechos Humanos de 2006 detalla un total de 8.368 para el mismo período, entre desaparecidos y víctimas de ejecuciones sumarias. En 2015, el Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo (Ruvte) actualizó el listado y presentó en orden alfabético 7.018 víctimas de desapariciones forzadas y 1.613 de asesinatos, mientras el Parque de la Memoria registra 8.751 casos. Otra rotunda rectificación del mito de los 30.000 desaparecidos.
Al frente de Celtyv, Victoria Villarruel ha luchado por la verdad, la justicia y la reparación negadas por un redituable fraude empeñado en ocultar los crímenes gravísimos del terrorismo alentado por gobiernos extranjeros, como el de Cuba. Mujeres como ella han alzado la voz por las víctimas olvidadas, unas 17.000 personas de las cuales 1.094 fueron asesinadas en algunos de los 20.000 atentados producidos por el terrorismo.
Militantes de izquierda, como era de esperar, manifestaron sus quejas cuando Claudio Abruj, secretario de Derechos Humanos durante la presidencia de Mauricio Macri, recibió en audiencia a la ahora diputada electa por la ciudad de Buenos Aires. Otro tanto hicieron, con llamativo descaro, los aplaudidores de asesinos de la ralea de Ortega y de Maduro cuando en el Instituto Hannah Arendt se realizó, con el patrocinio de Celtyv, un acto de homenaje al coronel Arturo Larrabure, víctima, después de haber sido secuestrado, de un largo martirio, hasta su muerte.
Victoria Villarruel se sobrepuso a las acusaciones infamantes y a las intimidaciones de todo tipo en su contra abogando por el dictado de una convención internacional que condene y defina universalmente y en forma inequívoca qué es terrorismo. Ya no está sola como en otros tiempos. El relato de quienes han procurado amañar la historia reciente de la Argentina se cae a pedazos, como el caudal de votos que en otra época lo asistió. Solo permanecen algunos sorprendentes rezagos como Rafael Bielsa, embajador argentino en Chile, quien contra todas las convenciones diplomáticas se ha inmiscuido en la política trasandina y ha denunciado –es una forma de decir– el intercambio amistoso de mensajes entre José Kast, el candidato más votado en la primera vuelta del domingo, y Milei.
Solo queda por desear que las plataformas a través de las cuales esta valiente mujer dialoga con la sociedad sean inmediatamente restablecidos y que tan lamentable episodio, no solo sea repudiado por quienes defendemos la libertad de expresión sino que también haga resonar en la sociedad aún con más vigor su lucha por la Verdad, la Justicia y la Memoria completa.
editorial@diariocastellanos.net

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Editorial

Otra cumbre sobre el clima sin avances significativos

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Concluida la conferencia climática Cop26, realizada en Glasgow, se impone decir que nuevamene no ha habido cambios radicales en orden a mejorar el actual estado de cosas. Las conclusiones de este último encuentro se parecen demasiado a las de los cierres de la mayoría de las cumbres: hubo algunos avances, pero no son lo suficientemente contundentes como para modificar de forma significativa la realidad del planeta y evitar los desastrosos niveles de calentamiento global.
La Cumbre de París de 2015 definió que, para evitar realmente una catástrofe, deberíamos mantener el calentamiento global por debajo de 1,5°C. Sin embargo, los planes nacionales actuales con el fin de reducir las emisiones para 2030, conocidos como contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC, por sus siglas en inglés), son inadecuados para limitar los aumentos a esa temperatura y, según el análisis publicado por el prestigioso Climate Action Tracker, estamos en camino a un aumento de temperatura de 2,4°C.
Si bien el documento final de Glasgow «insta a las partes» a acelerar la transición hacia sistemas energéticos bajos en emisiones, incluyendo iniciativas para eliminar gradualmente la generación por carbón y los subsidios «ineficientes» a los combustibles fósiles, su letra final muestra que la voluntad política de muchos países no va hacia ese objetivo. La asidua burocracia de estas cumbres siempre cuenta con un recurso que les permite enfrentar la dramática situación climática con una propuesta que pretende disimular el fracaso: posponer para el año siguiente las tareas mas importantes. De ese modo, los líderes de los países –que sin duda no son los líderes del planeta– se volverán a reunir para tratar casi los mismos temas en Egipto, la sede elegida para celebrar la COP27.
Es cierto que para alcanzar un acuerdo en estas cumbres de la ONU se requiere unanimidad de los países presentes, lo que dificulta su éxito.
El texto final de Glasgow menciona las ayudas a los combustibles fósiles y el fin del uso del carbón, un tema en sí mismo complejo que genera ásperos debates en las reuniones del G-20 y del G-7 cuando se trata el cambio climático. Sin embargo, por primera vez, ambos asuntos se citan en la declaración final de una conferencia de este tipo, pese a la presión de los países más dependientes del carbón y de los mayores productores de petróleo y gas. Es por eso que, en lugar de pedir que se eliminen las centrales de carbón, se reclama una reducción progresiva de este tipo de energía.
La COP26 ha confirmado la importancia de la participación de la sociedad civil y, al mismo tiempo, la falta de voluntad política de muchos de los países más ricos para alcanzar los 100.000 millones de dólares anuales que deben aportar a los países en desarrollo para ayudarlos a adaptar sus economías a una más «verde». En síntesis, algunos avances, pero no los necesarios.
editorial@diariocastellanos.net

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