En un movimiento que profundiza el proceso de reorganización administrativa y el esquema de obra pública cero, el Gobierno Nacional oficializó este viernes la delegación de competencias operativas sobre diversos tramos de la red troncal vial a las provincias. El Decreto 253/2026, firmado por el Presidente y publicado en el Boletín Oficial, habilita a las jurisdicciones locales a convocar a licitaciones para que empresas privadas o entes públicos se encarguen del mantenimiento y ampliación de las rutas a cambio del cobro de peaje.
La normativa responde a un pedido expreso de los gobernadores de Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Corrientes, San Luis, Río Negro, Neuquén, San Juan y Santa Cruz, quienes manifestaron su interés en gestionar directamente la infraestructura vial que atraviesa sus territorios para potenciar el desarrollo económico regional.
Las claves de la delegación
El decreto establece que, si bien las provincias tendrán el poder de policía y la capacidad de adjudicar contratos, la jurisdicción y el dominio público de las trazas seguirán siendo estrictamente nacionales. Entre los puntos más destacados de la medida se encuentran:
Plazo de gestión: las concesiones que otorguen las provincias no podrán exceder los 30 años.
Financiamiento específico: los fondos recaudados mediante el cobro de peajes en un tramo determinado deberán reinvertirse exclusivamente en esa misma traza. El decreto prohíbe explícitamente usar ese dinero para otras obras ajenas al tramo concesionado.
Control Federal: la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) actuará como órgano de control y auditoría, supervisando que las tarifas sean razonables y que los planes de obra se cumplan según lo acordado.
Caducidad: las provincias tienen un plazo máximo de un año para llamar a licitación una vez aprobado el convenio específico. De lo contrario, la facultad de gestión retornará automáticamente a la Nación.
Descentralización y «Ley de Bases»
El texto del decreto vincula esta decisión con los lineamientos de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos (N° 27.742), argumentando que la descentralización de funciones operativas permitirá una gestión más «ágil, eficiente y de calidad».
Hasta ahora, el mantenimiento de gran parte de estas rutas dependía de la estructura centralizada de Vialidad Nacional, que en los últimos años ha enfrentado dificultades presupuestarias para cubrir la totalidad de la red. Con este nuevo esquema, el Ejecutivo busca que los usuarios paguen por el servicio de mantenimiento de manera directa, liberando recursos del Tesoro Nacional.
¿Qué pasará con el resto de las provincias?
Aunque el decreto nombra inicialmente a nueve provincias, el Artículo 10 deja la puerta abierta para que cualquier otra jurisdicción (incluida la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) solicite sumarse a este régimen ante el Ministerio del Interior.
El Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo, será la autoridad de aplicación final, con la potestad de aprobar los convenios y rescindir la delegación si razones de «interés público» así lo requirieran.
Con esta medida, el mapa vial argentino se encamina a una fragmentación operativa donde las provincias recuperan el protagonismo en la administración de sus arterias principales, bajo la premisa de que la cercanía local garantiza una mejor conservación de los caminos.
