El Gobierno de la provincia de Santa Fe dispuso una ampliación presupuestaria superior a los 129 mil millones de pesos destinada a la Caja de Jubilaciones y Pensiones, al tiempo que promulgó la ley que establece la prórroga parcial de la emergencia en materia de Seguridad Pública.
La medida vinculada al sistema previsional fue formalizada mediante el decreto N° 3287, con fecha 23 de diciembre, por el cual el Poder Ejecutivo autorizó el incremento de partidas por un monto exacto de 129.046.652.000 pesos. Según se detalla en los considerandos, la decisión responde principalmente a la aplicación de políticas salariales para el sector activo de la administración pública provincial, cuyos aumentos deben ser trasladados a los jubilados y pensionados.
Además, el decreto señala que el aumento del gasto se explica por la incorporación de nuevos beneficiarios en los distintos regímenes que administra la Caja, así como por la necesidad de adecuar el cálculo de recursos y erogaciones ante una mayor recaudación de fondos propios de libre disponibilidad respecto de lo previsto en el presupuesto vigente. En ese marco, también se ajustaron las partidas correspondientes a gastos de personal, en función de las proyecciones de erogaciones hasta el 31 de diciembre de 2025.
Tras la intervención de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Caja de Jubilaciones y sin objeciones por parte del organismo ni del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la ampliación presupuestaria quedó formalmente autorizada. El decreto lleva la firma de los ministros de Trabajo, Roald Báscolo, y de Economía, Pablo Olivares.
En otro orden, el Ejecutivo provincial promulgó mediante el decreto N° 3281 la ley N° 14.429, que establece la prórroga parcial de la Ley de Emergencia en Seguridad Pública. La norma permite que los policías retirados que se reincorporaron a la fuerza —unos 86 efectivos— continúen desempeñándose como personal activo, bajo el marco jurídico de la emergencia, evitando así su retorno a la condición de pasivos.
La ley de emergencia había sido impulsada por el gobierno de Maximiliano Pullaro al inicio de su gestión y prorrogada automáticamente tras su primer año de vigencia. Si bien el Ministerio de Seguridad consideró que ya no resulta necesaria para agilizar procesos administrativos como compras o licitaciones, sí entendió imprescindible mantenerla para el aspecto vinculado a los recursos humanos. La propuesta fue elevada por el Ejecutivo y convalidada posteriormente por la Legislatura provincial.
