El sistema de salud pública de Santa Fe reclama a obras sociales y empresas de medicina prepaga una deuda de 6.102 millones de pesos. El monto corresponde a prestaciones brindadas en hospitales y centros de salud públicos a personas con cobertura, que no recibieron respuesta de sus financiadores primarios.
El ministro de Economía, Pablo Olivares, subrayó que “debemos distinguir entre un Estado que actúa, se hace cargo y garantiza la atención sanitaria a todos los ciudadanos, y un Estado bobo, que no reclama el recupero de los costos a quienes debieron cubrir esas prestaciones con los aportes de afiliados y empleadores y no lo hicieron”.
El PAMI concentra una quinta parte de la deuda, con 1.161 millones de pesos. Sumado a la Obra Social del Personal Rural y Estibadores, la Obra Social del Personal de la Industria del Caucho, la Obra Social de los Empleados de Comercio y Actividades Civiles (Osecac) y la Obra Social del Personal de la Construcción (Ospecon), representan en conjunto la mitad del monto total: 3.048 millones.
Por su parte, la secretaria de Hacienda de la Provincia, Belén Etchevarría, destacó la importancia de la recuperación de esos fondos: “Se trata de recursos que debió cubrir un privado y terminó afrontando el Estado provincial. Deben ser devueltos para que el sistema público pueda mejorar o ampliar los servicios que brinda”.
Obras sociales y prepagas mantienen una deuda de más de $8 mil millones con la Provincia
Reclamos en marcha
A partir de los datos personales solicitados a quienes se atienden en un hospital o centro de salud público, las áreas administrativas de cada efector identifican si el paciente posee obra social o prepaga. En caso afirmativo, son esas dependencias las que inician el reclamo correspondiente para que la cobertura devuelva al Estado provincial los costos de la atención brindada.
El Gobierno Provincial insistió en que este mecanismo no afecta la gratuidad de la atención sanitaria, ya que el ciudadano es atendido en todos los casos. El reclamo se dirige exclusivamente a las entidades financiadoras, que son las responsables legales de cubrir las prestaciones de sus afiliados.
