Por decreto Nro. 2441 firmado este jueves 28 de noviembre, el Poder Ejecutivo provincial decidió prorrogar por 180 días la entrada en vigencia del Código Procesal Penal Juvenil. El plazo inicial estaba previsto para principios de 2025 pero por «razones fácticas», se pospondrá hasta mediados del próximo año. La ley había sido aprobada el 30 de noviembre de 2023.
A partir de su entrada en vigencia, las normas del Código Procesal Penal Juvenil se aplicarán a todas las causas. Desde entonces, la acción penal será ejercida sin excepción por el Fiscal. Los jueces intervendrán a los efectos legales que correspondan, y en su caso, deberá tomar intervención el Servicio Público de Defensa Penal.
Fundamentos
En los considerandos, el decreto de postergación plantea «la complejidad y naturaleza que conlleva todo el proceso de implementación, tomando en consideración las condiciones estructurales de los distintos niveles del Estado que se involucran en estos procesos».
Tal instrumentación, se aclara, implica que el Ministerio Público de la Acusación «absorba todos los trámites del actual Sistema Penal de Menores, previa desintegración de este fuero, siendo necesario contar con infraestructura edilicia así como con los recursos humanos acordes para asumir eficiente y eficazmente la carga de trabajo residual».
El texto revela que la Secretaría de Gobierno de la Corte «suministró parcialmente la información de la cantidad de cargos de empleados, Asesores de Menores y Secretarios de Juzgados de Primera Instancia de Distrito de Menores, que pasarían al Ministerio Público de la Acusación, así como la cantidad de causas que tramitan en cada uno de los Juzgados de Menores», pero advierte que la Corte «no incluyó la calificación legal, motivo por el cual no se cuenta con datos cualitativos a fin de poder prever cuál es la carga de trabajo actual».
Informática
En otro orden, se sostiene que no se ha podido concluir aún con el proceso de identificación de edificios y respectivas locaciones en los que se dispondrías las oficinas necesarias. A ello se suman inconvenientes en la migración de datos y disposición del sistema informático que no se ha logrado finalizar. Es necesario establecer relaciones entre los sistemas de registros actuales de las causas que serán heredadas al nuevo proceso penal y su sistema informático. Ello, se plantea, ha demandado un «denodado» trabajo de las áreas técnicas pero se requiere de más tiempo «en virtud de avanzar en una adecuada implementación».
Se considera «imperioso», por otra parte, «determinar los cargos titulares a cubrir así como las subrogancias y cargos vacantes de funcionarios y empleados en condiciones de ser trasladados al Nuevo Sistema o estén en condiciones de concursar».
Desafío
El nuevo Código regula un procedimiento específico para delitos graves presuntamente cometidos por adolescentes que no han alcanzado los dieciséis años, sin que se contemple una edad mínima. «Esta previsión – sostiene el decreto- constituye un gran desafío para todas las instituciones intervinientes, ya que se requieren de abordajes específicos y con eje en la responsabilización, que aún no se han terminado de concretar», se plantea.
La incorporación de la materia penal adolescente a un sistema por audiencias orales bajo la modalidad adversarial y acusatoria «requiere que todos los actores del nuevo sistema adquieran destrezas en litigación sin que se pierda la justificación de la intervención estatal punitiva en materia penal adolescente». Frente a ello, se sostiene, «es necesario avanzar en una planificación en materia de capacitación tanto sobre el funcionamiento del nuevo sistema, como de manera interinstitucional con las distintas áreas del Estado, que tomarán intervención activa en este nuevo proceso». Del mismo modo, se considera que tal capacitación también deberán recibirla quienes representen al Servicio Público Provincial de Defensa.
Por todo, el Ejecutivo consideró pertinente y necesario prorrogar el plazo para la entrada en vigencia del nuevo Código.
Fuente: El Litoral
