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Procesaron a Mauricio Macri por presunto espionaje ilegal

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19.58 El juez federal subrogante de Dolores, Martín Bava, acusó al ex presidente de espionaje ilegal a los familiares de las víctimas del ARA San Juan.

El juez federal subrogante de Dolores, Martín Bava, procesó a Mauricio Macri por presunto espionaje ilegal a familiares de las víctimas del submarino ARA San Juan, y también por abuso de autoridad. Le trabó un embargo de $100 millones y le prohibió salir del país. Es el primer procesamiento para el ex presidente desde que dejó el poder en diciembre de 2019.

«Las prácticas ilegales que se ventilan en esta resolución, nos remontan a las épocas más oscuras de nuestro país y se asemejan a las tareas que supo desarrollar la Dirección de Inteligencia de la Policía de Provincia de Buenos Aires (DIPBA) décadas atrás», dijo Bava y acusó a la AFI de Macri de «restaurar institucionalmente una serie de prácticas ilegales que se creían erradicadas, muy similares a las de aquella época».

En este expediente que lleva adelante el juez Bava ya fueron procesados los ex directivos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, entre otros ex funcionarios.

Para el juez instructor del caso, se dio por corroborada «la participación de los imputados en la realización de las tareas antes mencionadas, las cuales consistieron en la obtención de información, producción de inteligencia y almacenamiento de datos sobre personas, por su opinión política o su pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias y de derechos humanos».

Entre esas tareas de «espionaje prohibidas por ley, se les imputó haber dirigido numerosas de ellas a obtener datos personales e información de los familiares y allegados de los tripulantes del submarino ARA San Juan, como así también del buque “El Repunte” y del buque “Rigel», señala la resolución judicial.

En la resolución de 171 páginas, el magistrado dispuso «dictar el procesamiento sin prisión preventiva de Mauricio Macri, por encontrarlo penalmente responsable del delito de realización de acciones de inteligencia prohibidas en carácter de autor, en virtud de haber posibilitado la producción de tareas de inteligencia ilegal».

El accionar del ex presidente, para Bava, «generó las condiciones para que se lleve a cabo, almacene y utilicen datos sobre personas, por el solo hecho de sus acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales o comunitarias, y por la actividad lícita que desarrollaban, así como en virtud de haber pretendido influir en la situación institucional y política del país, en la vida interna de los partidos políticos, en asociaciones y agrupaciones legales de cualquier tipo y en las personas».

En base a ese desglose, le atribuyó también el delito de «abuso de autoridad de funcionario público en carácter de autor».

Todas las tareas de inteligencia ilegal -consideró Bava-, «no contaron con autorización judicial alguna, ni fueron justificadas por órdenes de servicio fundadas en razones de seguridad interior o defensa nacional y se realizaron, además, con el objeto de influir en la opinión pública, en la opinión en esas personas y en el normal desenvolvimiento de las actividades de la agenda política de ese año, que según los criterios preestablecidos podían afectar a la gestión del entonces gobierno».

En lo que refiere a Macri, y en base a las pruebas que puso bajo análisis, Bava dijo que las acciones «ilegales no fueron ejecutadas por los agentes de base que por motu propio realizaron este espionaje ilegal, sino por el contrario, partieron de un interés político nacional que en el final de la cadena, respondía al entonces Presidente de la Nación, ingeniero Mauricio Macri».

Así, lo procesó por un conjunto de hechos vinculados a los familiares del ARA San Juan: 15 de enero 2018. 19:20 Malvinas Vallejos -familiar de una víctima del ARA San Juan- fue seguida por personal de la AFI y fotografiada; 3 de febrero de 2018, la AFI confeccionó un presunto informe sobre los reclamos de familiares; 10 de febrero de 2018, la AFI informó que familiares iban a entregar una carta a Macri; 2 de abril de 2018. La AFI espía y fotografía a Andrea Mereles y Malvina Vallejos en el Golf Club de Mar del Plata.

Los hechos atribuidos incluyen también las siguientes fechas: 15 de noviembre del año 2018. Familiares que protestaban en la Base Naval de Mar del Plata fueron fotografiados ; Una serie de presuntos seguimientos, fotos y confección de informes sobre los familiares.

Como Jefe de Estado, «Mauricio Macri no pudo ser ajeno a los hechos que se le imputan», dijo Bava y agregó: «lejos de ello, la propia de inteligencia pone al imputado en rol de establecer los lineamientos generales y la conducción política de todo el sistema de inteligencia, mediante el cual se desarrollaron las acciones ilegales investigadas en autos, en particular, el espionaje de los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan».

Fuente: Clarín.

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La AFIP modificó el monto mínimo de movimientos que deben informar los bancos

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09.18 La normativa incrementa a $30.000 el monto mínimo a partir del cual las entidades financieras deben reportar consumos con tarjeta de crédito. Y a $90.000 la cifra mínima para informar las acreditaciones mensuales, extracciones, saldos y depósitos a plazo fijo.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) actualizó los montos mínimos a partir de los cuales los bancos deben informar los movimientos en las cuentas y tarjetas de las y los contribuyentes.

Las modificaciones permiten a las entidades financieras agilizar su operatoria y el organismo optimiza la información que recibe en forma automática y permanente sobre acreditaciones mensuales, extracciones mensuales, saldos de las cuentas, los depósitos a plazo y consumos con tarjetas.

La última actualización se había realizado en 2018. La normativa de la autoridad tributaria que se publicará este jueves en el Boletín Oficial incrementa de $10.000 a $30.000 el monto mínimo a partir del cual las entidades financieras deben reportar consumos con tarjeta de crédito.

Asimismo, la Resolución General 5138/2022 lleva de $30.000 a $90.000 la cifra mínima para informar las acreditaciones mensuales, extracciones mensuales, saldos de las cuentas y los depósitos a plazo fijo.

La normativa también introduce mejoras en relación con la información que reportan los bancos sobre los movimientos de las cuentas especiales creadas para la repatriación de activos en el exterior vinculadas al Aporte Solidario y Extraordinario así como las previstas por el Programa de Normalización de la Ley de Incentivo a la Construcción Federal Argentina y Acceso a la Vivienda. (Ámbito)

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La Mesa de Enlace rechazó la propuesta de una reunión con Julián Domínguez

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El Ministerio de Agricultura propuso discutir un temario de tres puntos, pero la entidad rural consideró que no son cuestiones prioritarias para el sector.

La relación entre el Gobierno y las patronales agropecuarias no pasa por su mejor momento. Este martes, el Ministerio de Agricultura convocó a la Mesa de Enlace a discutir un temario de tres puntos, en el marco del Consejo Federal Agropecuario (CFA).
Sin embargo, el cuerpo de representantes agropecuarios rechazó la invitación por entender que no son cuestiones prioritarias en este momento. La cartera a cargo de Julián Domínguez propuso dialogar sobre normativa de troceo, programas de crédito y plan ganadero, pero el campo le pidió que «reconsidere el temario propuesto».
Los ruralistas está convencidos de que los productores afectados «verían como una verdadera falta de respeto y de sentido común que las máximas autoridades en la materia y los dirigentes que los representamos nos reunamos para abordar cualquier otra problemática en estos momentos».
«Si bien se trata de temas que revisten interés para el sector, entendemos que en este momento estas no son las problemáticas que más afectan, preocupan y generan incertidumbre entre los productores que representamos», sostuvieron desde la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias (CEEA).
«Por tal sentido, -continuó- consideramos que la reunión debiera tener como ítem único, urgente y prioritario la búsqueda de soluciones que brinden asistencia a los productores para salir de esta difícil situación».
Entre los puntos que reclamó discutir la Mesa de Enlace está la eximición del «anticipo de Ganancias» para los productores afectados.
En ese sentido, remarcó que «les resulta absurdo pensar en ganancias porque se torna un sinsentido inexplicable» porque «si no se cambia esta situación, el Gobierno estaría pidiéndole a estos damnificados que hagan un desembolso de dinero que no tienen, y si lo tuvieran, debieran poderlo afectar a paliar la dramática realidad que viven».
Como puntos prioritarios a discutir agregaron «logística, seguridad rural, impuestos (en especial IIBB), Financiamiento, Economías Regionales, entre otras, y que en gran parte son del ámbito de los Gobiernos Provinciales».
«Estamos convencidos de que esos productores verían como una verdadera falta de respeto y de sentido común que las máximas autoridades en la materia y los dirigentes que los representamos nos reunamos para abordar cualquier otra problemática en estos momentos», enfatizó la Mesa de Enlace.

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Vicentin presentó una nueva propuesta de pago para convencer a los acreedores más chicos

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La empresa propuso un pago de U$S 20.000 y luego una quita del 70% de la acreencia, a abonar en 15 cuotas anuales.

La agroexportadora Vicentin presentó una nueva propuesta de pago del 100% de la deuda en una sola cuota y en dólares a acreedores granarios de hasta U$S 30.000, con el objetivo de conseguir una mayoría para poder refrendar la oferta realizada ante la Justicia.
La propuesta fue calificada como «una mentira más» y como parte de una estrategia de «demagogia barata» por el abogado Gustavo Feldman, que representa a un grupo de acreedores del concurso preventivo de la compañía.
La oferta de Vicentin consiste en el pago en una sola cuota y en dólares del 100% de su deuda a los acreedores granarios que verificaron impagos de hasta U$S 30.000 por la entrega anticipada de granos, indicaron fuentes del concurso.
Feldman, que representa a un grupo de acreedores y litiga penalmente contra Vicentin, explicó a Télam que la oferta fue hecha a 791 acreedores.
En términos cuantitativos la oferta mejora sustancialmente a la anterior, en la que había ofrecido un pago de U$S 20.000 y luego una quita del 70% de la acreencia, a abonar en 15 cuotas anuales.
Si consiguiera la aceptación de ese segmento de acreedores, Vicentin avanzaría en el objetivo de obtener la mayoría absoluta (la mitad más uno) que requiere la Ley de Quiebras y Concursos para la homologación de la propuesta por parte del juzgado, atento a que el juez Lorenzini verificó 1.290 acreedores granarios de un total de 1.727 que admitió.
De todos modos, el artículo 45 de la ley establece que la concursada debe conseguir, también, la aceptación de acreedores equivalente a las dos terceras partes del capital, lo que sería insuficiente con la propuesta efectuada a los productores con pequeñas acreencias.

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