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Postergaron hasta marzo la actualización del impuesto al combustible

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07.49 Los precios de naftas y gasoil en surtidores se encuentran sin movimientos desde mayo. Este miércoles debían aplicarse los tributos, pero a través de un decreto el Poder Ejecutivo cambió lo planificado.

Con el objetivo de evitar nuevos aumentos, el Gobierno postergó hasta marzo la actualización del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y al Dióxido de Carbono (IDC). Ambos tributos, que tienen un impacto directo en los precios finales de las naftas y el gasoil en los surtidores, debían aplicarse a partir de este miércoles 1° de diciembre.

La decisión había sido adelantada por la Secretaría de Energía y finalmente fue confirmada a través del Decreto 820/2021, publicado hoy en el Boletín Oficial.

Los impuestos a los combustibles se actualizan en forma trimestral de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor que mide el Indec. Pero desde finales de la administración de Mauricio Macri y en varias oportunidades durante la gestión de Alberto Fernández se fueron trasladando hacia adelante para evitar incrementos en las estaciones de servicio.

“Establécese que los incrementos en los montos de impuesto fijados en el primer párrafo del artículo 4°, en el inciso d) del primer párrafo del artículo 7° y en el primer párrafo del artículo 11, todos ellos del Título III de la Ley N° 23.966, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, que resulten de las actualizaciones correspondientes al primer, segundo y tercer trimestres calendario del año 2021, en los términos del artículo 7° del Anexo del Decreto N° 501 del 31 de mayo de 2018, surtirán efectos para la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil a partir del 1° de marzo de 2022, inclusive”, se oficializó en la disposición firmada por el Presidente, el jefe de Gabinete Juan Manzur y el ministro de Economía Martín Guzmán.

En los considerando el Gobierno señaló que actualmente se encuentran postergados “los incrementos en los montos de impuestos precitados derivados de las actualizaciones correspondientes al primer y segundo trimestres calendario del año 2021, para la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil”.

En ese sentido se justificó que la medida instrumentada tiene como fin “asegurar una necesaria estabilización y una adecuada evolución de los precios”. En efecto, “tratándose de impuestos al consumo, y dado que la demanda de los combustibles líquidos es altamente inelástica, las variaciones en los impuestos se trasladan en forma prácticamente directa a los precios finales de los combustibles”, advirtió el Poder Ejecutivo.

El impuesto a los combustibles líquidos podría tener un impacto del 8% para las empresas, lo que representa un incremento del 2% en el precio final que pagan los consumidores en las estaciones de servicio, según las estimaciones del mercado.

El proyecto de Ley de Hidrocarburos que fue enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso prevé una modificación de la Ley 23.966 de Impuestos a los Combustibles Líquidos (ICL) para establecer el tributo como alícuotas porcentuales del precio de los combustibles líquidos y no como una actualización trimestral por inflación.

Los valores de naftas y gasoil en los surtidores se encuentran congelados desde el mes de mayo pese a que desde entonces el precio internacional del petróleo Brent pasó de unos USD 69 a USD 71,34 al cierre del lunes pasado. Durante el año tuvo un pico de USD 86,15 a mediados de octubre. En Argentina, los últimos aumentos escalonados los encabezó YPF en marzo.

Desde la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos (CECHA), que agrupa a los dueños de estaciones de servicios, vienen alertando por la caída del volumen de ventas a raíz de la situación económica profundizada por la pandemia de COVID-19.

Según un informe de la entidad, desde 2018 se perdió el equivalente a 5,2 meses de ventas. Hasta el pasado mes de octubre, el volumen de ventas es casi tres puntos porcentuales por debajo de abril de 2018.

El Gobierno decidió avanzar con esta medida para postergar en este fin de año un nuevo aumento en este rubro que podría influir en otros sectores alterando el índice inflacionario. (Infobae)

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La AFIP modificó el monto mínimo de movimientos que deben informar los bancos

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09.18 La normativa incrementa a $30.000 el monto mínimo a partir del cual las entidades financieras deben reportar consumos con tarjeta de crédito. Y a $90.000 la cifra mínima para informar las acreditaciones mensuales, extracciones, saldos y depósitos a plazo fijo.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) actualizó los montos mínimos a partir de los cuales los bancos deben informar los movimientos en las cuentas y tarjetas de las y los contribuyentes.

Las modificaciones permiten a las entidades financieras agilizar su operatoria y el organismo optimiza la información que recibe en forma automática y permanente sobre acreditaciones mensuales, extracciones mensuales, saldos de las cuentas, los depósitos a plazo y consumos con tarjetas.

La última actualización se había realizado en 2018. La normativa de la autoridad tributaria que se publicará este jueves en el Boletín Oficial incrementa de $10.000 a $30.000 el monto mínimo a partir del cual las entidades financieras deben reportar consumos con tarjeta de crédito.

Asimismo, la Resolución General 5138/2022 lleva de $30.000 a $90.000 la cifra mínima para informar las acreditaciones mensuales, extracciones mensuales, saldos de las cuentas y los depósitos a plazo fijo.

La normativa también introduce mejoras en relación con la información que reportan los bancos sobre los movimientos de las cuentas especiales creadas para la repatriación de activos en el exterior vinculadas al Aporte Solidario y Extraordinario así como las previstas por el Programa de Normalización de la Ley de Incentivo a la Construcción Federal Argentina y Acceso a la Vivienda. (Ámbito)

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La Mesa de Enlace rechazó la propuesta de una reunión con Julián Domínguez

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El Ministerio de Agricultura propuso discutir un temario de tres puntos, pero la entidad rural consideró que no son cuestiones prioritarias para el sector.

La relación entre el Gobierno y las patronales agropecuarias no pasa por su mejor momento. Este martes, el Ministerio de Agricultura convocó a la Mesa de Enlace a discutir un temario de tres puntos, en el marco del Consejo Federal Agropecuario (CFA).
Sin embargo, el cuerpo de representantes agropecuarios rechazó la invitación por entender que no son cuestiones prioritarias en este momento. La cartera a cargo de Julián Domínguez propuso dialogar sobre normativa de troceo, programas de crédito y plan ganadero, pero el campo le pidió que «reconsidere el temario propuesto».
Los ruralistas está convencidos de que los productores afectados «verían como una verdadera falta de respeto y de sentido común que las máximas autoridades en la materia y los dirigentes que los representamos nos reunamos para abordar cualquier otra problemática en estos momentos».
«Si bien se trata de temas que revisten interés para el sector, entendemos que en este momento estas no son las problemáticas que más afectan, preocupan y generan incertidumbre entre los productores que representamos», sostuvieron desde la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias (CEEA).
«Por tal sentido, -continuó- consideramos que la reunión debiera tener como ítem único, urgente y prioritario la búsqueda de soluciones que brinden asistencia a los productores para salir de esta difícil situación».
Entre los puntos que reclamó discutir la Mesa de Enlace está la eximición del «anticipo de Ganancias» para los productores afectados.
En ese sentido, remarcó que «les resulta absurdo pensar en ganancias porque se torna un sinsentido inexplicable» porque «si no se cambia esta situación, el Gobierno estaría pidiéndole a estos damnificados que hagan un desembolso de dinero que no tienen, y si lo tuvieran, debieran poderlo afectar a paliar la dramática realidad que viven».
Como puntos prioritarios a discutir agregaron «logística, seguridad rural, impuestos (en especial IIBB), Financiamiento, Economías Regionales, entre otras, y que en gran parte son del ámbito de los Gobiernos Provinciales».
«Estamos convencidos de que esos productores verían como una verdadera falta de respeto y de sentido común que las máximas autoridades en la materia y los dirigentes que los representamos nos reunamos para abordar cualquier otra problemática en estos momentos», enfatizó la Mesa de Enlace.

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Vicentin presentó una nueva propuesta de pago para convencer a los acreedores más chicos

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La empresa propuso un pago de U$S 20.000 y luego una quita del 70% de la acreencia, a abonar en 15 cuotas anuales.

La agroexportadora Vicentin presentó una nueva propuesta de pago del 100% de la deuda en una sola cuota y en dólares a acreedores granarios de hasta U$S 30.000, con el objetivo de conseguir una mayoría para poder refrendar la oferta realizada ante la Justicia.
La propuesta fue calificada como «una mentira más» y como parte de una estrategia de «demagogia barata» por el abogado Gustavo Feldman, que representa a un grupo de acreedores del concurso preventivo de la compañía.
La oferta de Vicentin consiste en el pago en una sola cuota y en dólares del 100% de su deuda a los acreedores granarios que verificaron impagos de hasta U$S 30.000 por la entrega anticipada de granos, indicaron fuentes del concurso.
Feldman, que representa a un grupo de acreedores y litiga penalmente contra Vicentin, explicó a Télam que la oferta fue hecha a 791 acreedores.
En términos cuantitativos la oferta mejora sustancialmente a la anterior, en la que había ofrecido un pago de U$S 20.000 y luego una quita del 70% de la acreencia, a abonar en 15 cuotas anuales.
Si consiguiera la aceptación de ese segmento de acreedores, Vicentin avanzaría en el objetivo de obtener la mayoría absoluta (la mitad más uno) que requiere la Ley de Quiebras y Concursos para la homologación de la propuesta por parte del juzgado, atento a que el juez Lorenzini verificó 1.290 acreedores granarios de un total de 1.727 que admitió.
De todos modos, el artículo 45 de la ley establece que la concursada debe conseguir, también, la aceptación de acreedores equivalente a las dos terceras partes del capital, lo que sería insuficiente con la propuesta efectuada a los productores con pequeñas acreencias.

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