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Por inconstitucionales, las retenciones otra vez en el centro de la escena

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17.05 El campo analiza ir a la Justicia para dejar de pagarlas. Así lo adelantó Nicolás Pino, presidente de la SRA, en la Asamblea de Armstrong basándose en que tras rechazarse el Presupuesto 2022, los derechos de exportación se vencieron el 31 de diciembre. El abogado tresarroyense Juan Pablo Borioni fue uno de los primeros en plantear la situación.

El rechazo al Presupuesto 2022 en el Congreso habría dejados sin sustento legal a los derechos de exportación según la lectura coincidente que hacer varios especialistas y de quienes se hicieron eco las entidades gremiales del campo. Y es el argumento que analizan hoy para elevar una presentación en la Justicia y frenar el cobro de retenciones.

Así lo adelantó el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, en la Asamblea de Armstrong realizada el último sábado. Y también lo expresó el presidente de Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), Horacio Salaverri.

El 31 de diciembre venció el plazo fijado en el art. 52 de la Ley de Emergencia Pública dictada en diciembre de 2019 (Ley 27.541) que permite al presidente de la Nación fijar derechos de exportación. Ante el vencimiento de ese plazo, el Gobierno incluyó en el proyecto de ley de presupuesto para el año 2022 una prórroga por dos años de esa facultad, pero fue rechazado en el Congreso de la Nación. Por lo tanto, la legislación que habilitaba al Poder Ejecutivo a fijar retenciones ha concluido.

“Según lo dispone la Constitución Nacional, y tal como lo reconocen los precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, más aún los últimos fallos de la materia, las retenciones a la exportación, por ser manifestaciones del poder tributario del Estado, sólo pueden ser exigidas por ley del Congreso, y el Poder Ejecutivo tiene prohibida su creación en cualquier circunstancia”, esgrimió la SRA en un comunicado de prensa en la que aseguró que las retenciones hoy son inconstitucionales.

En sintonía con el reclamo que hizo el diputado de la Nación por San Luis, Alejandro Cacace, de Juntos por el Cambio, el abogado Juan Pablo Borioni, especialista en derecho agrario y delegado de la SRA, le planteó a la cúpula de la Sociedad Rural el vacío legal que se había producido a partir del rechazo del Presupuesto. “Mantuvimos algunas charlas con el presidente Nicolás Pino y el vice Raúl Etchebehere, en las que les plantee la cuestión y les di argumentos para plantear la situación en la Asamblea de Armstrong”, explicó Borioni.

“Desde principios de año, el cobro de los derechos de exportación no tiene sustento legal, razón por la cual el Estado debería dejar de cobrarlos. Le pedimos al presidente de la Nación, Alberto Fernández, que instruya al Ministro de Economía para que los productores podamos cobrar el precio lleno de nuestra producción a partir del lunes próximo”, afirmó Nicolás Pino en la Asamblea.

Según lo dispone la Constitución Nacional, las retenciones a la exportación, sólo pueden ser fijadas por ley del Congreso, salvo que éste delegue esa potestad en el Ejecutivo. “Esta crítica situación exige que de inmediato el Congreso decida cuál es el régimen impositivo necesario para financiar al tesoro”, manifestó Pino. Las retenciones contemplan alícuotas del 33% para la soja, del 12% para el resto de los granos y del 9% para la carne vacuna.

La posibilidad de recurrir a la Justicia no sólo la analiza la Sociedad Rural y la Mesa de Enlace en su conjunto, también dirigentes de la Asociación Productores Agrícolas y Ganaderos del Norte (APRONOR) se reunieron con su equipo de asesores jurídicos para definir los pasos a seguir, entre los que se encuentran una presentación judicial. El mismo pedido le hizo a los asesores de Carbap su presidente Horacio Salaverri.

En tanto, el doctor Borioni aclaró que, en caso de realizar una presentación en la Justicia, “esta debería ser individual, realizarlo cada productor, porque reclamos colectivos en materia de tributos no son tenidos en cuenta”.

Desde la vereda del Gobierno fue el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, quien recogió el reclamo hecho por Pino en la Armstrong y en una nota de opinión publicada en el portal de noticias Infobae, dijo que “los derechos de exportación se mantienen incólumes en el horizonte”. En la interpretación del funcionario, citando fallos judiciales, señaló que “los derechos de exportación son establecidos por el Poder Ejecutivo Nacional, a partir de una habilitación permanente ínsita en el artículo 755 del Código Aduanero”.

El doctor Borioni descartó el argumento utilizado por el funcionario. “El artículo 76 de la Constitución establece que solamente el Congreso puede establecer tributos y el Código Aduanero no puede ser superior a la Ley Suprema, que es la Constitución. Por más que el Código Aduanero le otorgue facultades al Gobierno de turno para establecer retenciones o alícuotas, ésas no pueden ir en contra de la Constitución, que marca que la Ley de Presupuesto es la que regula los tributos que deben contemplarse”.

Proyecto de ley

El diputado nacional por Formosa por la Unión Cívica Radical y ex ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, presentó un proyecto de ley junto a otros diputados de Juntos para modificar el artículo 755 del Código Aduanero y poner límite de esta manera a la posibilidad de que el Poder Ejecutivo fije los derechos de exportación o retenciones sin autorización del Congreso. “El Poder Ejecutivo no puede tomar como propia la facultad de establecer derechos de importación y exportación, es una facultad del Poder Legislativo porque así lo establece la Constitución”, dijo el diputado impulsor de la iniciativa.

En el proyecto también se dispone que el Poder Ejecutivo deberá enviar junto con el Presupuesto nacional la totalidad de las posiciones arancelarias que pretenda imponer en el ejercicio, para que el Congreso tome conocimiento y de acuerdo a sus atribuciones resuelva la procedencia o no de cada una, sancionando en definitiva la ley que corresponda. (La Voz del Pueblo)

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Se decretó finalmente la Emergencia Agropecuaria en todo el territorio provincial

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17.40 Este martes, la Provincia firmó el decreto de Emergencia Agropecuaria desde el 1 de enero hasta el 15 de marzo del 2022.

Luego de la reunión de ayer de la Comisión de Emergencia Agropecuaria, donde se recomendó al gobierno provincial que disponga la emergencia en el sector productivo de los 19 departamentos por los efectos de la sequía, el gobernador Omar Perotti firmó el decreto correspondiente estableciendo la emergencia desde el 1 de enero hasta el 15 de marzo de este año.

El gobierno provincial declaró el estado de emergencia agropecuaria por seis meses en Santa Fe, a raíz del impacto de la sequía en la producción agrícola y ganadera. Esta declaración sería homologada a nivel nacional el viernes, lo que permitiría a los productores presentar las declaraciones juradas informando los daños a sus explotaciones a partir de la semana próxima. Es el paso para recibir los diferimientos impositivos dispuestos en la ley provincia y los fondos de ayuda por parte de la Nación.

La decisión se tomó al cabo de la reunión de la Comisión Provincial de Emergencia Agropecuaria, de la que participaron las entidades agropecuarias de la provincia, el Inta, el Senasa y los presidentes de las comisiones de Agricultura de las cámaras provinciales de Diputados y Senadores. “Fue una reunión muy buena, en la que se analizó la situación climática y el impacto productivo, se estableció un mecanismo ágil de adhesión a la emergencia y también se trabajó en el mediano y largo plazo, ya que hubo consenso para impulsar un proyecto de nueva ley de emergencia, que contemple un seguro agrícola”, señaló el ministro de Producción de Santa Fe, Daniel Costamagna, al cabo del encuentro.

En términos de poner operativa la ayuda a los productores afectados por la falta de precipitaciones, se declaró la emergencia en toda la provincia y se dispuso que a través de una app del ministerio, los afectados pidan su inclusión, acompañando la solicitud con una declaración jurada firmada por un ingeniero agrónomo o un veterinario.

El fin de semana, durante una recorrida por Santa Fe y Entre Ríos, el ministro de Agricultura de la Nación, Julián Domínguez, anunció que se ampliará el Fondo de Emergencia Nacional, de $ 500 millones a $ 12 mil millones. El viernes próximo se reunirá la Comisión Nacional de Emergencia Agropecuaria, donde se recibirán las declaraciones provinciales para su eventual homologación.

Costamagna explicó que en la reunión hubo consenso para que la ayuda que llegue de la Nación (“intentaremos que sea la mayor posible para Santa Fe”, dijo) sea distribuida en la provincia a través de las agencias de desarrollo. Se volcarían a través de préstamos a un año a tasa cero que conformen un fondo rotatorio, de modo de generar un flujo permanente de recursos para asistir a los productores en situaciones de emergencia.

En la coyuntura, el primer desafío es ayudar a los productores a resembrar maíz, ya que el cultivo más afectado por la sequía con la que empezó el año. A raíz del daño ocurrido, el maíz temprano se está picando actualmente para reserva forrajera. El impacto de la falta de lluvias y las altas temperaturas pega en el mediano plazo en la ganadería ya que afecta las pasturas y complica la alimentación con maíz. Por eso urge contribuir a una mayor siembra tardía del cereal.

Mientras tanto, algunos lotes de soja mejoraron con las lluvias que se produjeron desde ayer, que oscilaron entre los 20 mm y los 50 mm. “No llegaron al Norte de la provincia, aunque los pronósticos hablan de una inestabilidad climática y precipitaciones”, indicó Costamagna.

Uno de los aspectos que destacó el ministro de Producción fue el consenso alcanzado para avanzar en un proyecto de reforma a la ley de emergencia agropecuaria, que contemple un seguro agrícola, que minimice el impacto económico de los efectos climáticos en el agro. El tema arrastra una larga discusión en el sector y, a pesar de que hubo varios intentos de avanzar, hasta ahora no hubo avances definitivos. Asegurar la masividad de la contratación del seguro y un subsidio estatal para la prima (podría ser utilizando parte del inmobiliario rural) serían parte de los esfuerzos a realizar para que el sistema pueda funcionar. “No puede ser que teniendo a las principales aseguradoras del país con sede en Santa Fe, no podamos construir este sistema de prevención y protección” .

Fuente: La Capital

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Santa Fe declarará la Emergencia en todo el territorio provincial

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La comisión provincial recomendó al Gobernador el instrumento para ser considerado el viernes por la Nación. Los fondos que lleguen desde el Gobierno central, serán de $ 12.500 millones, los cuales se canalizarán a través de las Agencias para el Desarrollo.

La Comisión Provincial de Emergencia Agropecuaria le recomendó al gobernador Omar Perotti que dicte el decreto disponiendo el estado de Emergencia Agropecuaria en toda la Provincia debido a la sequía imperante, decreto que será llevado el viernes próximo a la reunión nacional sobre la temática. La decisión fue acordada ayer en el Ministerio de la Producción donde el ministro, Daniel Costamagna, encabezó una reunión con productores nucleados en Carsfe, Federación Agraria, Sociedad Rural Argentina y Coninagro; más los presidentes de las comisiones de Agricultura y Ganadería de ambas cámaras legislativas, funcionarios del INTA y de áreas técnicas del Gobierno como API.
Las entidades agropecuarias venían reclamando desde hace algunas semanas la reunión que se concretó en un día donde volvió a llover en el centro y sur santafesino con pronósticos de continuidad en los próximos días. No obstante, la situación sigue siendo muy crítica y el propio ministro nacional, Julián Domínguez, estuvo el sábado en algunas explotaciones del departamento Castellanos observando el estado de los suelos y de los cultivos. 
En la primera parte de la reunión se escuchó el informe de Alejandro Longo, director del Centro Regional Santa Fe del INTA; Costamagna informó sobre la visita de Domínguez y la convocatoria a la comisión nacional de emergencia agropecuaria para el viernes venidero y luego hubo un intercambio entre dirigentes y funcionarios. El propio Costamagna invitó a ruralistas y legisladores a participar de la conferencia de prensa. «Este trabajo articulado y este ámbito de la Provincia es genuino y posibilita este tipo de cosas. El acompañamiento al campo, articulación con los actores y no sólo la coyuntura, sino la foto y lo que va a pasar de aquí en más, hemos hablado de temas vinculados al seguro agropecuario, a discutir un nuevo de ley de emergencia para aggiornar todo el marco a la nueva realidad del sector», destacó el ministro.
El decreto propuesto a Perotti es que la Emergencia comprenda a los 19 departamentos aclarándose que no significa que todos los productores estén en emergencia. Habrá un mecanismo digitalizado para la presentación de declaraciones juradas que deberá ser certificado por profesional agronómico o veterinario. Con ese certificado, el objetivo es que los fondos que lleguen de nación sean canalizados a través de las Asociaciones para el Desarrollo. «Pretendemos que los fondos nacionales que lleguen a la Provincia puedan llegar de manera rápida y expeditiva a los productores que son los que necesitan capital de trabajo», acotó Costamagna. También el ministro señaló que van a estimular la producción de maíz por entender que va a faltar y tendrá buen precio en los próximos meses.
Sara Gardiol, presidente de Carsfe, no dudó en calificar de altamente positiva la reunión «con un ida y vuelta de ideas»; Marcelo Banchi de Federación Agraria dijo esperar que Nación acompañe el viernes esta declaración y Guillermo Cullen de Sociedad Rural Argentina detalló los alcances que tiene para el productor la declaración de Emergencia. «Toda la Provincia en emergencia y será responsabilidad de cada productor declarar su situación», aclaró Gardiol.
El diputado radical Marcelo González dijo que la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara va a trabajar para buscar paliativos y destacó que en el norte provincial los productores han perdido 20% del peso de cada animal. «No hay pasturas y todavía no ha llovido», acotó el sancristobalense.

El fondo

El ministro Julián Domínguez anunció que su cartera solicitó y obtuvo llevar de 500 a 12.500 millones el fondo nacional de Emergencia Agropecuaria. El tema fue conversado con Perotti y Costamagna el sábado en la recorrida por Castellanos. «Vamos a tratar de que la mayor cantidad de dinero pueda llegar a la Provincia», señaló el ministro santafesino y a los productores les dijo que espera que sean al menos 5.000 millones para canalizarlos por Agencias para el Desarrollo.
(El Litoral) 

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Argentina accede a la certificación E-Cert para exportar carne a Estados Unidos

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El sistema de certificación utiliza transmisiones electrónicas de datos asociados a licencias para facilitar la administración de cuotas.

A partir del 18 de enero, Argentina podrá utilizar el Sistema de Certificación Electrónica (E-Cert) para exportar carne bovina a Estados Unidos, según difundió Cancillería.
Este sistema fue desarrollado por Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y utiliza transmisiones electrónicas de datos de información asociadas a licencias o certificados para facilitar la administración de cuotas y velas por que se cobren los niveles de sujeción adecuados sin ser superado.
Se estima que esta modalidad contará con un impacto positivo en las exportaciones al país norteamericano, cuyo mercado representa más de cien millones de dólares en productos cárnicos.
Por otra parte, Cancillería precisó que «esta modalidad dinamizará y simplificará la liberación de cargamentos y asegurará la adecuada administración del contingente arancelario con el que cuenta nuestro país».
La decisión de la Aduana de los Estados Unidos «permitirá agilizar el intercambio de un producto emblema de la Argentina» que además el Gobierno argentino tiene provisto promocionar este año con «diversas actividades en la Embajada y en los seis consulados generales que tiene en el país norteamericano?», refirieron.

Uruguay lo hizo: récord de exportaciones en 2021

Uruguay exportó en año 2021 unas 550.000 toneladas (res con hueso), unas 140.000 toneladas más que el año anterior. Se trata del mayor volumen en su historia. La faena de ganado vacuno también será récord, unas 2,63 millones de cabezas, superando el máximo registro de matanza que se había dado en el 2006.
El ingreso de divisas, que cierra el año con 2.400 millones de dólares, resulta un 50% superior al año anterior, y también se constituye en un nuevo récord histórico. El precio promedio por tonelada carcasa exportada, supera en diciembre los 5.100 dólares, resultando un 36% más alto que un año atrás.
Hace pocos meses, desde el Instituto Nacional de Carnes (INAC) se había lanzado una meta que parecía lejana: exportar 500 mil toneladas de carne anuales, a 5.000 dólares por tonelada. El volumen ya ha sido superado, y los precios de exportación de diciembre también alcanzan el objetivo. El precio promedio del novillo durante el 2021, unos 4,00 dólares por kilo en gancho, resulta también otro récord histórico.
El precio promedio FOB de la carne exportada por Uruguay, que tomamos como indicador (aproximado) del nivel de precios del mercado internacional, promedia en el período 2008-2020 los 3.560 dólares por tonelada, con un mínimo de 2.391 dólares en enero de 2009 y un máximo de 5.000 dólares diciembre del 2021. Los picos anteriores se habían dado en diciembre del 2019, con 4.423 dólares (Feria de Shanghai) y septiembre del 2008, con 4.247 dólares por tonelada.
Las autoridades uruguayas reconocen que en la fuerte aceleración de las exportaciones del segundo semestre, que permitió llegar a los récords históricos en volumen y en divisas, han tenido mucho que ver las limitaciones impuestas por las autoridades argentinas al comercio exterior. Y en menor medida, al cierre del mercado chino para las carnes brasileñas, que se registró a partir del 4 de septiembre.

Los números de la cría

Según el «Boletín de Resultados Económicos Ganaderos», que desde 2012 edita el Ministerio de Agricultura de la Nación, el «Modelo de Cría Mejorado de la Cuenca del Salado» registra a noviembre de 2021 un resultado neto de 22.997 pesos por hectárea. Representa un 32% más alto -a moneda constante- que un año atrás y un 66% más alto que el promedio de los años 2012-2020 para el mes de noviembre.
La rentabilidad por hectárea que revela este modelo en la actualidad, unos 23 mil pesos por hectárea, es el valor más alto de la serie.
Este resultado económico actual es consecuencia de ingresos que se ubican 39% por encima promedio histórico 2012-2020, y de gastos totales que han subido un 5,7% en términos reales. La rentabilidad por hectárea a diciembre, unos 23 mil pesos por hectárea, supera incluso el máximo anterior, que se dio en diciembre del 2015, con unos 20.800 pesos por hectárea. Ese último pico de resultados económicos no se sostuvo, cayendo un 34% a diciembre del 2016.
Entre los ingresos, se destacan las ventas de terneros machos, que hoy resultan un 43% más altos que el promedio del período 2012-2020; la venta de terneras, por otro lado, crece un 51%. La venta de vacas conserva también ha subido un 32%, y la venta de vacas gordas ha subido un 25%; siempre a moneda constante, en relación al período 2012-2020 y para el mes de noviembre.
Entre los costos, el personal se ubica hoy un 4,3% por encima del promedio histórico en estudio, mientras que los gastos en sanidad se ubican en noviembre un 10% por encima de la media histórica. Los costos totales por hectárea, que para los años 2012-2020 promedian los $ 5.174, se ubican hoy en los $ 5.474, mostrando desde el año 2017 ($ 4.815 por kilo) un ascenso, que parece estabilizarse en los últimos cuatro años.

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