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Editorial

¿Parches o solución para la policía?

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Todo parece indicar que la inseguridad gana irremediablemente terreno todos los días, en todos los espacios, y evidenciando una impiadosa violencia. La percepción del ciudadano común es que las soluciones que propone (y ejecuta) el Estado son parches absolutamente improductivos que se diluyen con el correr de las horas…ni siquiera los días.
Para peor de nuestros padeceres, en muchos casos, la policía (en todas sus variantes) ejecutan hechos que parecen formar, más, parte del problema que de la solución.
En esta situación, con una justicia absolutamente cuestionada, principalmente por lo politizada, y su brazo armado tan contaminado, y todo conjugado en en la conducción de un poder político que no quiere, no sabe, o no puede dar soluciones, el único camino, conduce a un insondable abismo social que nos pone en riesgo como «nación jurídicamente organizada».
Sin pretender abordar la integralidad de la problemática, consideremos cuál es el problema INSTITUCIONAL de la policía. El que tiene cada institución que entra en crisis: su gente… Triste pero real calamidad. Las crisis prolongadas se transforman en endémicas y si son endémicas, son «parte indivisible del todo» y su prolongación en el tiempo es interminable mientras quienes deben, no den con las soluciones adecuadas.
Hoy es muy claro que si bien la policía es conducida desde el estamento político -como debe ser- es también un «ente» de vida propia. Desde los comienzos de su organización se nutrió de gente santafesina. Según las épocas tuvo mejor incorporación, o no. Creó su historia y su idiosincrasia, creó su propio «idioma» (jerga policial), ocupó un estamento social, y con seguridad tiene su propia visión de futuro.
Todo ello ¿está escrito?, ¿está plasmado en documentos administrativos?. NO.
Todo esta en la «sangre azul policial» que fluye por las venas de la institución. Y de igual manera que en cualquier ser viviente, esa sangre en su fluir lleva las buenas y las malas. Si se fue cuidadoso habrá más de las buenas y si no…
Es indiscutible que nuestra policía nunca tuvo una existencia puramente saludable. No sería lógico tampoco para quienes deben lidiar permanentemente con el hampa, con el delito en todas sus facetas, y también es justo decirlo, sentir la presión permanente de un poder político que la mayoría de las veces parece haber perdido la brújula, cuando no, también es integrante partícipe del «problema», ser totalmente asépticos, impolutos y prescindentes.
Pero toda esta puja entre el bien y el mal, reconoce en el «hombre» la capacidad para inclinar la balanza para un lado o el otro. Y la policía está compuesta por hombres y mujeres que no son otra cosa que el producto de la sociedad donde beben desempeñar su tarea.
La primera y errónea tentación creer que nuestros policías deben salir de las universidades (pensándolas como el más alto estamento educativo). Si hubiera carrera policial universitaria, sí, pero no la hay… Lo primero que debemos entender es entonces, ¿qué queremos?. Si queremos POLICÍAS, organicemos un sistema educativo, que FORME POLICÍAS.
Tampoco debemos caer en la tentación de pensar que en seis meses o seis años -para el caso es lo mismo- vamos a formar un policía, porque lo que se recibe en las aulas policiales, no es otra cosa que HOMBRES Y MUJERES. Por lo tanto lo ultra importante es QUÉ CLASE DE HOMBRES Y MUJERES INCORPORO.
Ese debe ser el primer y más trascendente de los interrogantes a los que debo dar respuesta. Nada más ni nada menos que trazar el perfil del personal a incorporar. Simplemente pensar: cómo es el santafesino que quiero incorporar a la filas policiales y de allí en más darle la impronta profesional específica.
Otro error que suele cometerse, es pensar que «todos somos iguales», sí con seguridad ante los ojos de Dios, ante la ley y ante la sociedad. Pero la naturaleza nos dota de distinta manera, desde la talla, hasta lo más recóndito de nuestro sistema neuronal. Caso contrario seríamos robots. En esa discriminación tenemos elecciones y decisiones, sacrificios y comodidades, fortuna o no, pero siempre mezclado, y la mayoría de las veces depende de nosotros mismos el camino elegido. Por eso pensar que TODOS son policías por igual, es un error. Decimos error por no decir falacia. Como en todos los órdenes, debe haber un cuadro dirigencial que debe nacer con esa intención, y prepararse para ello no sólo en la incorporación sino durante toda una vida de servicio. Pueden existir otro u otros cuadros dentro de la institución, porque con seguridad la pericia de un conductor de un móvil policial en una persecución a alta velocidad, en tránsito citadino fluido, no será una aptitud requerida o necesaria para un comisario general, y sin embargo los dos son imprescindibles en el conjunto de la misión institucional. Otra vez volvemos al «no todos somos iguales».
Allí radica la importancia de la incorporación del recurso humano a la institución policial. Puedo hacer gala en una fuerza de un sinfín de recursos tecnológicos, pero si me falla el «hombre», los arruinaré, los malgastaré y fallaré en un punto crucial de la conducción: la adecuada asignación de recursos.
Hoy es el problema que enfrentamos. Si la policía es incompetente, los dirigentes no supieron capacitarla, ni conducirla, ni controlarla, si son corruptos, no supieron inculcarle los valores de un uniforme azul, si son agresivos innecesariamente, la capacitación y las normas en conjunción no funcionan…y así podemos enumerar decenas de falencias, pero siempre, siempre, llegamos al recurso humano como origen y ejecutor de la falla.
editorial@diariocastellanos.net

Editorial

Las democracias debilitadas

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El debilitamiento de las democracias latinoamericanas encuentra correlato en el robustecimiento de los regímenes autocráticos y populistas. Las democracias no caen ya solo por revoluciones o golpes militares, sino por las urnas. Con una opinión pública descontenta con la elite política y en un contexto de protestas crecientes y dificultad para mantener el orden, la tentación de gobiernos autocráticos aumenta y, con ello, los riesgos para la estabilidad democrática en la región.
En violación a los derechos humanos, regímenes dictatoriales como los de Nicaragua, Cuba y Venezuela detienen, torturan, persiguen y reprimen a cuanto ciudadano se les oponga, a pesar de la condena de buena parte de la comunidad internacional y de las sanciones impuestas por algunos países. Por otro lado, las ideas de izquierda han ganado terreno en procesos electorales como los de Bolivia, México, Perú, Honduras y Chile.
La segunda edición del índice Riesgo Político América Latina, elaborado por el Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica de Chile (Ceiuc), arroja que el 51% de los latinoamericanos toleraría un gobierno no democrático si resolviese sus problemas. En tanto, el Instituto Interamericano para la Democracia (IID, por sus siglas en inglés) organizó el foro «Quo vadis Latinoamérica 2022», donde la mayoría de los expositores coincidió en que América Latina no se debate entre izquierdas y derechas, sino entre democracias y dictaduras, estas últimas representadas principalmente por Venezuela, Cuba y Nicaragua.
La pérdida de confianza en el Estado, gobiernos de funcionamiento ineficiente y dispendioso, la corrupción y los desesperantes niveles de pobreza e indigencia erosionan las democracias latinoamericanas y amenazan con una avalancha autocrática, ungiendo como conductores a figuras que todo lo prometen haciendo valer su carisma popular pero que terminan pisoteando las aspiraciones y necesidades de la población.
América Latina viene siendo una región pródiga en líderes y gobiernos populistas, muy afectos a instaurar medidas demagógicas de control de precios o de mercado cambiario, proteger industrias ineficientes, así como a dar servicios supuestamente gratuitos o subsidiados que se financian con impuestos abusivos, con deuda pública o, simplemente, con emisión monetaria. Tarde o temprano, esas medidas causan inflación, desabastecimiento, crisis cambiarias y fiscales, parálisis de la inversión, fuga de cerebros y de capitales, recesión y desempleo.
Muchos de los gobiernos latinoamericanos que adhieren a los objetivos del Foro de San Pablo y del Grupo Puebla han cobrado un papel preponderante en la lucha contra las democracias liberales y en el establecimiento de un nuevo sistema político en la región.
Es de esperar que en la disputa por la democracia en América Latina se impongan los principios plasmados en la Carta Democrática Interamericana adoptada en 2001 por los países que integran la Organización de Estados Americanos (OEA). En su artículo tercero, establece, entre otros conceptos, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho, la celebración de elecciones periódicas y libres, y la separación e independencia de los poderes públicos. En definitiva, un sistema de pesos y contrapesos que ponga límite a las ambiciones y aspiraciones autócratas y populistas que avanzan con promesas y mentiras sobre las necesidades de los más vulnerables.
editorial@diariocastellanos.net

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Editorial

La violencia sin fin

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En septiembre próximo se cumplirán diez años del inicio de la llamada «guerra narco» en Rosario con la aparición en la escena pública del crimen por encargo. La ejecución de Martín Paz por parte de la banda Los Monos en pleno centro de la ciudad y a plena luz del día marcó lo que una década más tarde se impuso como un engranaje aceitado del negocio narco: la lucha entre bandas criminales montada sobre una violencia permanente, que provocó 2.104 asesinatos en todo ese período, según cifras oficiales. Esa imparable ola de crímenes, sin embargo, no se circunscribe a Rosario. Como en un dominó, la violencia extrema se ha ido desparramando por el país. El conurbano bonaerense es una muestra acabada de que no se está haciendo lo correcto para evitar males aún mayores. Basta la connivencia del Estado, a través de las fuerzas de seguridad, la Justicia y la política para que estos sectores del crimen organizado se cuelen por las grietas y ganen poder.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, planteó acertadamente que el narcotráfico será el «principal problema de la Justicia» en los próximos años. Y fue contundente al opinar que «la batalla se está perdiendo».
Desde que comenzó el corriente año 20 personas fueron asesinadas en un contexto de máxima tensión en Rosario. La principal sospecha es que esos crímenes fueron cometidos por sicarios tras fuertes amenazas a raíz de la detención de la viuda y de un hijo adolescente de Claudio Cantero, exlíder de la banda Los Monos. A madre e hijo les secuestraron 23 armas, autos, motos, joyas, droga y 4 millones de pesos.
La inusitada violencia que aterra a los santafesinos adquiere formas cada vez más sofisticadas, transformándola en un poder mafioso que afila sus métodos para generar pánico, con extorsiones a empresarios y comerciantes, inversiones económicas espurias y balas, muchas balas.
En la ciudad de Buenos Aires fue asesinado ayer por la espalda un joven de 27 años, en Barracas. Previamente, dos hombres incendiaron un local en Palermo en lo que se presume que fue un mensaje homofóbico y, en Villa Urquiza, varios ladrones intentaron robar en una empresa de logística, pero no pudieron concretar el atraco porque fueron reducidos por los propios trabajadores. Otros dos hombres asaltaron una heladería y amenazaron con matar a los empleados en San Justo y, en Lomas de Zamora, un grupo de delincuentes asaltó en pleno día a una familia para robarle el vehículo. Rapiñas, escruches, salideras y robos de celulares están a la orden del día. Resulta preocupante, también, que ante la inercia oficial, mucha gente esté tratando de hacer justicia por mano propia.
No son episodios aislados ni «una sensación de inseguridad», como le gustaba decir al verborrágico Aníbal Fernández, quien hoy conduce dudosamente nada menos que el Ministerio de Seguridad de la Nación.
El caso de Rosario, sin dudas, es dramático. Las últimas investigaciones sobre juego clandestino que encabezaron los valientes fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery pusieron luz sobre la connivencia política de sostén de esa estructura mafiosa, que, en gran parte, se gerencia desde las cárceles, otro fenómeno nuevo en el país. La vergonzosa e inadmisible reacción de sectores políticos cómplices, encabezada por el senador peronista provincial Armando Traferri, fue denunciar a los investigadores.
Recientemente, el fiscal Edery fue amenazado por la viuda de Cantero durante el desarrollo de una audiencia y, al día siguiente, fue atacada, una vez más, la sede de Asuntos Internos del Servicio Penitenciario de Santa Fe, lo que llevó a la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional a condenar los hechos y a alertar sobre su imparable escalada.
El Centro de Estudios sobre Seguridad Hemisférica, Terrorismo y Criminalidad Financiera de la UBA, que reunió recientemente a expertos en seguridad –en su mayoría exfuncionarios y fiscales federales y provinciales– para analizar el problema del crimen organizado en Rosario, describió una situación más que preocupante.
«El diagnóstico expone una situación crítica y de larga data, donde se constatan prácticas mafiosas que, amalgamando el narcotráfico con otras acciones del crimen organizado, como el juego clandestino, la extorsión, el sicariato, la corrupción y otros delitos graves, han alcanzado la capacidad de cooptar diversos estamentos estatales a efectos de garantizar no solo los beneficios económicos de sus negocios ilícitos, sino también la protección, estabilidad e impunidad de los beneficiarios últimos», señala un documento firmado, entre otros, por el director del centro de estudios, el abogado Juan Félix Marteau.
En el lapidario documento se llega a la conclusión de que «el encarcelamiento de los jefes de las organizaciones criminales más relevantes, así como la segmentación actual en grupos o bandas narcocriminales más pequeñas y autónomas, no ha conducido a la disminución de los altos índices de violencia en Santa Fe» (…) «Tampoco ha menoscabado su capacidad de sustituir al Estado en la prestación de servicios esenciales, lo que implica uno de los aspectos más graves a la hora de hacer un balance sobre los resultados alcanzados en las políticas de intervención estatal sobre este fenómeno».
Si la lucha contra el narcotráfico no se convierte, de una vez por todas, en una política de Estado, la tragedia que desde hace años vive Rosario y que se extiende aceleradamente por el resto del país comprometerá aún más gravemente el futuro. Para ese entonces, ya será demasiado tarde.
editorial@diariocastellanos.net

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Editorial

Lo que no quieren cambiar

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El tironeo con el FMI que ya dura dos años tiene diversas interpretaciones, pero la más obvia es que el Gobierno está agotado. Se encuentra en un callejón del que no puede salir por impotencia, falta de ideas y de poder.
No puede ofrecer al organismo una simple hoja de ruta sobre el futuro de la economía, porque carece de credibilidad. Pero eso no es algo nuevo. Se veía venir desde el 12 de agosto de 2019 el día después de la derrota de Mauricio Macri en las PASO; el día que el 48% de los votantes repuso en el gobierno a Cristina Kirchner a través Alberto Fernández.
El lunes siguiente el dólar y el riesgo país se dispararon, los bonos de la deuda se desplomaron y el mercado anticipó que se avecinaba un período turbulento. Un período en el que se repetiría el fracaso de Cristina Kirchner en sus últimos cuatro años de gestión, pero en condiciones de mayor deterioro.
A pesar de lo que dicen los economistas, el déficit más grave del Gobierno de Alberto Fernández no es fiscal, sino de confianza. El lunes, poco antes de recibir al nuevo embajador norteamericano, recitó las rituales diatribas contra el FMI para satisfacer a su frente interno. La derrota electoral de septiembre lo dejó tan débil que la vicepresidente no sólo le borró medio Gabinete, sino que lo dejó sin margen de decisión propio en las cuestiones centrales. Mientras espera que el Fondo le perdone los vencimientos por el resto de su mandato, el procurador Carlos Zannini decidió llevar a los funcionarios del organismo ante la justicia argentina. Es difícil discernir qué tiene menos el Presidente: si autoridad o coherencia.
Otra afirmación falsa que suele repetirse sobre el Gobierno de los Fernández es que no tiene un programa económico. Lo tiene y se niega a cambiarlo.
Es un plan con déficit financiado con emisión, 50% de inflación, 45% de pobres, caída del empleo privado productivo y alza del empleo público improductivo. Un programa que puede prescindir del crédito y de las reservas del BCRA.
Un plan en el que el ajuste se hace vía inflación y los que pierden son los que tienen ingresos fijos. No es el ajuste que pide el FMI, que en ese sentido es mucho más piadoso con los pobres que el peronismo, pero funciona desde tiempos del Rodrigazo.
Presenta, sin embargo, un problema. Al golpear a las clases populares es incompatible con el programa económico/electoral de la vice, que tiene como piedra angular el consumo. Ese factor clave para asegurar la influencia de Cristina Kirchner en el conurbano emite señales de alarma. En el tercer trimestre del año pasado el PBI volvió a niveles de 2019, pero el consumo privado cayó 4%.
Si se toma como referencia la recaudación del IVA, en el tercer trimestre de 2021 cayó 8% con relación al mismo período de de 2019 que fue un año recesivo (Ah, pero Macri). Pero si la comparación de la caída de la recaudación es entre los primeros nueve meses de los dos años la cifra es mucho peor: -14%.
Conclusión: si el Gobierno se niega a cambiar este «modelo», lo pida o no el FMI, es porque ya no tiene nada para ofrecer. Está agotado.
editorial@diariocastellanos.net

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