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Editorial

Otra cumbre sobre el clima sin avances significativos

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Concluida la conferencia climática Cop26, realizada en Glasgow, se impone decir que nuevamene no ha habido cambios radicales en orden a mejorar el actual estado de cosas. Las conclusiones de este último encuentro se parecen demasiado a las de los cierres de la mayoría de las cumbres: hubo algunos avances, pero no son lo suficientemente contundentes como para modificar de forma significativa la realidad del planeta y evitar los desastrosos niveles de calentamiento global.
La Cumbre de París de 2015 definió que, para evitar realmente una catástrofe, deberíamos mantener el calentamiento global por debajo de 1,5°C. Sin embargo, los planes nacionales actuales con el fin de reducir las emisiones para 2030, conocidos como contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC, por sus siglas en inglés), son inadecuados para limitar los aumentos a esa temperatura y, según el análisis publicado por el prestigioso Climate Action Tracker, estamos en camino a un aumento de temperatura de 2,4°C.
Si bien el documento final de Glasgow «insta a las partes» a acelerar la transición hacia sistemas energéticos bajos en emisiones, incluyendo iniciativas para eliminar gradualmente la generación por carbón y los subsidios «ineficientes» a los combustibles fósiles, su letra final muestra que la voluntad política de muchos países no va hacia ese objetivo. La asidua burocracia de estas cumbres siempre cuenta con un recurso que les permite enfrentar la dramática situación climática con una propuesta que pretende disimular el fracaso: posponer para el año siguiente las tareas mas importantes. De ese modo, los líderes de los países –que sin duda no son los líderes del planeta– se volverán a reunir para tratar casi los mismos temas en Egipto, la sede elegida para celebrar la COP27.
Es cierto que para alcanzar un acuerdo en estas cumbres de la ONU se requiere unanimidad de los países presentes, lo que dificulta su éxito.
El texto final de Glasgow menciona las ayudas a los combustibles fósiles y el fin del uso del carbón, un tema en sí mismo complejo que genera ásperos debates en las reuniones del G-20 y del G-7 cuando se trata el cambio climático. Sin embargo, por primera vez, ambos asuntos se citan en la declaración final de una conferencia de este tipo, pese a la presión de los países más dependientes del carbón y de los mayores productores de petróleo y gas. Es por eso que, en lugar de pedir que se eliminen las centrales de carbón, se reclama una reducción progresiva de este tipo de energía.
La COP26 ha confirmado la importancia de la participación de la sociedad civil y, al mismo tiempo, la falta de voluntad política de muchos de los países más ricos para alcanzar los 100.000 millones de dólares anuales que deben aportar a los países en desarrollo para ayudarlos a adaptar sus economías a una más «verde». En síntesis, algunos avances, pero no los necesarios.
editorial@diariocastellanos.net

Editorial

Incertidumbre financiera

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Alberto Fernández no sólo dice que ganó las elecciones que perdió, sino que actúa como si las hubiera ganado y que la única derrotada hubiese sido Cristina Kirchner. Aprovecha el estupor generalizado que esto provoca para tomar distancia de la vice y enviar señales de moderación frente a desvaríos típicamente K como la pretensión de Roberto Feletti de aumentar las retenciones a la carne porque el control de precios que capitanea demostró por enésima vez que puede servir para cualquier cosa menos para controlar los precios.
El episodio merece ser repasado porque ilustra el estado caótico de la cadena de mandos tras las elecciones de medio término. Feletti fue ubicado en la Secretaría de Comercio por exigencia de Cristina Kirchner tras la debacle de las PASO. La vice consideró a Alberto Fernández el gran responsable de esa derrota y le vació medio Gabinete.
La semana pasada, en declaraciones al diario oficialista Página/12, Feletti amenazó apenas veladamente con aumentar las retenciones a las carnes si el precio seguía aumentando. De inmediato salió a cruzarlo Matías Kulfas, el ministro de Producción que sufrió incontables embates del cristinismo, pero sobrevivió en el cargo. Dijo que Feletti estaba «teorizando», que el Gobierno no había tomado «ninguna decisión» al respecto y terminó con un consejo para el secretario: pensar en voz alta no es lo más indicado.
Moraleja: el ministro no tiene autoridad sobre un inferior jerárquico por el delirante sistema de doble comando con que se maneja el Gobierno y debe zamarrearlo en público. Difícil generar más ruido político que interfiera con la economía.
Pero la vendetta de Kulfas no terminó ahí. Al día siguiente se reunió en Monte Grande con el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, y el jefe de Gabinete, Juan Manzur. Habían ido a la apertura de un modesto comercio. Gray, que desafió a Máximo Kirchner por el control del PJ bonaerense, se fotografió junto a Kulfas y Manzur blandiendo un serrucho. Kulfas empuñó un pico y Manzur, una pala. Los mensajes en Sicilia son más sutiles.
El Presidente se envalentona porque su vice guarda silencio o se muestra en las redes con senadoras que le son incondicionales. No se compromete con declaraciones, pero recuerda que tiene el control de la Cámara Alta. Después de las PASO salió a hablar y casi voltea al Gobierno; ahora manda a Eduardo de Pedro a declarar que el cristinismo está alineado con las negociaciones con el FMI, pero que esperan un acuerdo «respetable». No tiene muchas opciones; optó por cederle la iniciativa y el costo político al Presidente.
Pero hay otros funcionarios hiper K menos diplomáticos que De Pedro. Curiosamente son diplomáticos. Lanzan misiles con impacto pleno sobre el Presidente. No otro sentido tiene la asombrosa conducta del embajador Rafael Bielsa, de Ariel Basteiro o de Carlos Raimundi que Fernández no puede mandar a sus casas, porque son soldados del sector más radicalizado del kirchnerismo.
Pero los disparates en materia de política exterior que deterioran la imagen del país no son el único daño que produce la interna oficialista. El daño económico es cada vez mayor.
Los mercados muestran que las finanzas argentinas entraron en estado de coma. Las acciones de las empresas nacionales se derrumban, los bonos están a precio de default y el riesgo país superó cómodamente los 1.800 puntos.
Las reservas del Banco Central llegaron a un punto que la entidad tuvo que prohibir el financiamiento de pasajes y gastos turísticos con tarjeta de crédito. Se calcula que el ahorro por ese nuevo «cepo» ronda los 250 millones de dólares, lo que resulta un mal indicio sobre las reservas disponibles. Otro mal indicio fue el de obligar a los bancos a vender sus propios dólares para volcar unos 600 millones de dólares al sistema.
En este marco los vencimientos con el FMI están a la vuelta de la esquina. Los fondos de inversión y hasta los «buitres» se mantienen lejos de cualquier activo argentino, porque prevalece el pesimismo sobre la posibilidad de que el Gobierno unifique criterios para salir de la actual coyuntura.
La posición pública del Gobierno para acordar con el FMI es poco viable. Martín Guzmán dice que la economía crecerá lo suficiente como para no tener que bajar el gasto, pero su planteo es indigerible para el organismo.
La receta del FMI no es otra que la de la reducción del gasto y del déficit para empezar a pagar la deuda. De todas maneras la traba principal para cualquier acuerdo es menos la diferencia sobre las proyecciones macro que la falta de credibilidad de un Presidente golpeado por la derrota electoral, la crisis económica y la falta de poder propio. Y que a esas calamidades suma ahora la del desafío a quien lo instaló en la Casa Rosada.
editorial@diariocastellanos.net

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Agro

Punto límite

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13.02 Por Norma Bessone. Si bien estamos abocados desde hace mucho tiempo atrás, después de casi dos años de trabajo sistemático, incansable, de elaboración de propuestas, de brindar aportes serios y calificados, de acercar partes, de presentar estadísticas de fuentes indiscutidas, de oficiar de gestores ad honorem en un área en la que el aparato público (ampliamente cubierto de funcionarios pagos) debería hacerlo, hemos llegado a la situación de mayor desamparo y decepción en relación al tratamiento de la aplicación de fitosanitarios en el periurbano de Rafaela.

¿Cuál es la responsabilidad de nuestros referentes políticos en las cuestiones que atañen al sector productivo que genera continuamente divisas para que ellos puedan “invertir”? ¿Cuál es su compromiso e intención de buscar soluciones para la continuidad productiva? ¿Cuál es su deber como autoridades de la ciudadanía para resolver profesional y objetivamente los conflictos que surgen? ¿O quizás son generadores de una nueva grieta “urbanidad versus ruralidad”?

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe a través del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, el Ministerio de Salud y el Ministerio de la Producción, Ciencia y Tecnología de Santa Fe, acompañan proyectos de educación ambiental, promoción de los cuidados de la salud, innovación y desarrollo sin embargo dejan un enorme espacio vacío en cuanto a la implementación, estímulo y fortalecimiento del trabajo con BPAs. Se publica un Manual con los principales puntos que deberían contener las ordenanzas que diseñen las localidades de la provincia en relación al uso y aplicación de productos fitosanitarios mencionando además que para ello es fundamental el “consenso” de todos los actores en su elaboración. Y ¿luego de eso…? No hay acompañamiento, ni seguimiento ni implicación en los casos. ¿No debería ser ese el rol de nuestras autoridades?

Miramos con admiración nuestra vecina provincia de Córdoba dónde se trabaja mucho en este sentido. En 2020 participaron alrededor de 3400 productores, 80 de ellos fueron premiados durante la última Fiesta Nacional del Trigo. El programa no hace distinciones por tipo de producción (puede ser ganadería o agricultura más o menos intensiva) ni entre productores chicos, medianos o grandes. Para este año tiene asignado un presupuesto de 250 millones de pesos. Y escuchamos decir a su ministro: “Al productor hay que reconocerlo, protegerlo y, si es posible, estimularlo. Él pone en su campo el cartel de BPA y hacia afuera está diciendo que ahí hay un productor que hace bien las cosas y que lo que hace tiene valor agregado, porque es una certificación que el mundo está requiriendo”. Con idénticas propuestas es inentendible esta disparidad de comportamientos.

Como si este desentendimiento fuera poco, sumamos a ello la continua provocación al manifestar, desde sectores oficialistas, “agravios y/o presiones” en relación al tratamiento del proyecto de ordenanza. Una vez más reiteramos y volvemos a expresarlo públicamente: si estas acciones fueren reales y comprobables lo que corresponde a un sistema democrático, es denunciarlos ante la Justicia para que sean esclarecidos y debidamente sancionados.

Dejemos de enviar obvios mensajes para la tribuna, o presentar acciones cual escenografía que quedan sólo en un papel. Que cada uno ASUMA la RESPONSABILIDAD de su cargo y función con el compromiso, seriedad y dedicación que los ciudadanos merecemos. Tienen la OBLIGACIÓN como funcionarios de brindarnos un modelo superador que considere todas las variables que hacen al concepto integral de SALUD (tratamiento de efluentes, residuos, agua segura, alimentación, educación, entre otros).

No permitamos que a partir de este caso, nuestra Rafaela, sea la pieza que genere un efecto dominó en el que encadenadamente se empiecen a desmoronar otros sectores sumándose a la deplorable caída nacional en la dinámica de prohibiciones, cepos, cierres, ceses…

Tristemente hemos llegado al punto límite.

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Editorial

Inflación, inflación e inflación

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Entre el plan económico plurianual y el acuerdo con el FMI están los argentinos que deberán pagar todos los costos post eleccionarios que deja la política. Me estoy refiriendo a la aceleración de la inflación en el primer semestre de 2022, corrección del tipo de cambio oficial, brecha cambiaria sin solución, ajuste de tarifas de servicios públicos, corrección de los precios relativos de diferentes bienes y servicios post congelamiento de precios, entre otros.
Al comparar el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) con la Canasta Básica Total (compuesta por la ampliación de la canasta básica al considerar bienes y servicios no alimentarios) y el nivel de alquileres, la nominalidad del crecimiento de los salarios no es suficiente para cubrir los costos de vida. Abajo mostramos gráficamente estas comparaciones en donde el deterioro del nivel del salario es considerable (recordemos que de cada 100 personas al menos 58 reciben un SMVM), el cual no es suficiente para cubrir los niveles básicos de una CBT (por adulto equivalente) y menos aún un alquiler en promedio (se tomó como referencia un alquiler con 2 ambientes en CABA).
De acuerdo a un informe de Ieral de la Fundación Mediterránea, los salarios reales privados se encuentran en su piso más bajo en más de 10 años. Su evolución se manifiesta oscilante y descendiente, respondiendo al juego entre las negociaciones laborales y la inflación que los erosiona. Hacia el interior del país, todas las provincias han padecido una caída de las remuneraciones reales donde Tucumán (-26%), Neuquén (-19%) y Corrientes (-19%) se encuentran entre las más perjudicada.
Si tomamos la evolución de las remuneraciones reales, en la última década hay una tendencia negativa producto de la erosión de una inflación en ascenso. Si vamos 9 años atrás observamos que el salario privado registrado en términos reales hoy es de $ 94.594 mientras que al primer trimestre de 2013 era de 114.423 pesos. Es decir, un deterioro real del 21% considerando el salario registrado privado y no el cuentapropista, el autónomo o el informal donde el deterioro ha sido mayor con doble carga impositiva: la tributaria y la inflacionaria.
A su vez, al comparar el primer semestre 2011 con el del año se observa que en todas las provincias la caída de los salarios reales del sector privado ha sido generalizada. A nivel nacional, la reducción fue del 10%, donde Tucumán (-26%), Neuquén (-19%) y Corrientes (-19%) se posicionaron entre las más afectadas. Mientras, Formosa (-7%), La Pampa (-7%) y CABA (-8%), resultaron las jurisdicciones que presentaron una menor caída del salario real privado.
El problema de la inflación en Argentina no solo es subestimado e ignorado, sino que se ha acelerado fuertemente en los últimos 6 años. En términos comparados en los primeros 22 meses de gobierno de Mauricio Macri la inflación acumulada fue del 61% mientras que Alberto Fernández en el mismo tiempo de gestión llevan una inflación acumulada del 100 por ciento. En términos comparados, la inflación acumulada de Macri para sus últimos 2 años de gobierno –de diciembre 2017 al mismo mes de 2019– fue del 126% y la perspectiva piso para el próximo año de gestión de Fernández es de 50%, pero si se corrigen todos los precios relativos de la economía pendientes podría ascender hasta 70 por ciento.
En el top 3 de los países con mayor inflación dentro del período 2015 al 2021 se encuentran: Venezuela con 39.576.457.451,5%, Argentina con 2.289% y Haití con el 116%, mientras que en el mismo período los países con menor inflación son: Ecuador, con 23,7%, El Salvador, con 10,8%; y Colombia con el 6,2 por ciento.
A los argentinos les queda para el resto del 2021 y 2022 pagar, como habitualmente sucede, los costos del retraso de todos los precios relativos de la economía más los resultantes de los permanentes desequilibrios macroeconómicos. Todo sin plan económico desde hace 2 años y ahora con la promesa de contar con uno plurianual.
El economista y profesor alemán Wilhelm Röpke decía: «Contra la inflación la única actitud correcta es el rechazo resuelto y airado; la menor desviación de esta conducta está mal». En Argentina la aceptamos, convivimos y nuestra única conducta contra la inflación es generar las condiciones para que siempre esté al alza en forma sostenida erosionando el ingreso de los argentinos, la falta de previsibilidad para las inversiones que ha generando cada vez más pobreza e indigencia.
editorial@diariocastellanos.net

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