Un proyecto de ley de los diputados nacionales Cristian Ritondo y María de las Mercedes Joury dispone el congelamiento por un año de las remuneraciones que bajo todo concepto reciban los legisladores nacionales, el Presidente y la vicepresidente de la Nación y ministros, secretarios y demás cargos jerárquicos de todas las jurisdicciones y entidades del Poder Ejecutivo.
En el contexto de la profunda crisis económica que atraviesa el país, el objetivo es claro: que la dirigencia política dé el ejemplo y contribuya a no seguir aumentando el gasto público. Deberá para ello acompañar con gestos concretos el enorme esfuerzo que el Estado exige constantemente al sector privado y tener en cuenta las penurias de millones de ciudadanos cuyos ingresos se encuentran por debajo de la línea de pobreza, como la jubilación mínima, actualmente de 37.524 pesos frente a una Canasta Básica Total de 104.216 pesos, según la medición del Indec del mes pasado.
El proyecto mencionado estipula también el congelamiento de las contrataciones y designaciones de personal en la administración central, con excepción de las necesarias para el cumplimiento de servicios críticos, algo que fue prometido en su momento por la fugaz ministra de Economía Silvina Batakis, no obstante lo cual la planta permanente del Estado siguió creciendo de manera sostenida. Ahora es su sucesor, Sergio Massa, quien promete lo mismo. Habrá que ver cómo se lo lleva a la práctica y se lo controla.
Quienes se oponen al proyecto legislativo sostienen que congelar esos haberes por un año no representaría un ahorro importante para el Estado, lo cual es cierto, pero resulta obsceno que, frente a la gravísima situación económica actual, los legisladores busquen sacar ventaja de sus tan conocidos como suculentos privilegios (además de la dieta y los gastos de representación, perciben montos por desarraigo, movilidad y partidas de dinero para subsidios varios). Otros como la exdiputada kirchnerista Fernanda Vallejos opinan que los legisladores argentinos cobran los sueldos más bajos de la región y que eso le provoca vergüenza. La legisladora debería saber que si los salarios de los diputados locales valen mucho menos en dólares es producto de la grosera devaluación a la que el Gobierno que ella integra viene sometiendo al peso argentino.
Vergonzosamente, la información oficial sobre los ingresos de los legisladores publicada en las páginas oficiales del Congreso tiene ya varios meses. Los últimos datos informados por la Cámara de Diputados corresponden a diciembre de 2021 y dan cuenta de que el haber de un legislador, compuesto por la dieta más gastos de representación, asciende a 202.181 pesos netos. A ello hay que sumar conceptos como desarraigo y movilidad para quienes usan pasajes en sus traslados hacia y desde el interior del país. Como referencia del monto actualizado pueden tomarse los 366.506 pesos de haber que el mes pasado sorteó el diputado por la Capital Javier Milei. Por su parte, los últimos datos del Senado corresponden a octubre de 2021, cuando un legislador percibía en mano 349.241 pesos de dieta más 90.366 de gastos de representación y desarraigo.
Mediante otro proyecto, la también diputada de Juntos por el Cambio María Eugenia Vidal propone regular los porcentajes de las remuneraciones de los legisladores anclando la actualización de esos haberes a la del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, es decir, que no podrán superar en ningún caso el aumento anual del haber de las jubilaciones ordinarias. Durante su mandato como gobernadora bonaerense, Vidal promovió la ley que derogó los regímenes especiales jubilatorios que beneficiaban a gobernadores, vicegobernadores y legisladores provinciales.
De más está decir cuán irritativo resulta hoy que la vicepresidenta de la Nación, en una escandalosa acción judicial para la que contó con el aval cómplice de organismos del Estado, cobre mensualmente más de 4 millones de pesos de haberes jubilatorios correspondientes a los mandatos presidenciales de ella y de su fallecido esposo, equivalentes a lo que perciben 110 de los 2,8 millones de jubilados, la mitad, que reciben la asignación mínima.
Nuestro país no debería seguir sosteniendo tan irritantes privilegios políticos. Llenarse la boca hablando de eliminar desigualdades mientras se hace lo indecible para mantener las propias prerrogativas es, además de una hipocresía, una perversión.
Urge eliminar gastos, muchos incluso duplicados e ineficientes, terminar con el clientelismo político y la enorme burocracia que ha convertido al Estado en un agente improductivo que vive de la rapiña al sector privado consumiendo todos sus recursos sin siquiera garantizar prestaciones básicas.
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