Por Marisa Gutiérrez. Nuevamente, los vecinos de Barrio Alberdi no sienten la presencia del Estado y, ante la lentitud de la justicia, los ciudadanos se encuentran en absoluta disconformidad. La falta de cumplimiento de obligaciones de parte del Estado y la justicia al ejercer una labor poco clara, deja una sensación de abandono social. En este contexto no se generan cambios reales; las demoras estructurales continúan, como siempre, dentro de un sistema que no evidencia la urgencia. Mientras tanto, los vecinos que vivimos la inseguridad que genera la delincuencia a diario, quedamos expuestos al peligro permanente.
A tan solo 6 días hábiles para cumplirse la fecha límite para el desalojo del inmueble de Mitre 551, en el día de hoy fuimos puestos en conocimiento de que la resolución dictada por el Juez Genesio no será ejecutada. Está claro que el Estado y la justicia normalizan los problemas, y los reclamos (sociales y judiciales) fueron ignorados. El daño social se incrementó; las explicaciones son una pantalla que oculta la falta de responsabilidad ya que, al no tomar acciones concretas y decisiones firmes, no contamos con la presencia de las fuerzas de seguridad operando en el barrio. Tampoco contamos con las secretarías correspondientes, al no desarrollar sistemas de prevención como la situación de alto riesgo lo requiere, quedando el dictamen del Juez sin efecto.
Teniendo en cuenta que el día 12 de febrero era la fecha límite para el desalojo, la defensa de los ocupantes ilegales del llamado «Búnker Aguantadero» respalda, sin prueba alguna, que los individuos actuaron de buena fe. Esto ocurre cuando tanto el municipio, en la figura del Intendente, como un informe entregado al Poder Judicial, evidencian claramente —por declaraciones hechas por los sujetos usurpadores— que estos reconocen su intrusión y permanencia ilegal.
La usurpación se encuentra tipificada en la Ley 11.179, artículos 181, 182, 183 y 184 del Código Penal, donde también se contemplan situaciones agravadas, como en este caso. Asimismo, el defensor utilizó como pretexto la presencia de menores para evitar el desalojo; una artimaña judicial con apoyo del Estado que fue usada en otras oportunidades. La Ley 26.061 de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes establece que la presencia de menores no apaña jurídicamente la usurpación y no impide un desalojo.
Por lo tanto, a raíz de la información recibida de fuentes confiables, el Barrio Alberdi se alista para desarrollar estrategias y campañas de prevención contra delitos constantes de alto riesgo para toda la comunidad. Los vecinos organizados y unidos por el bien común, pacíficamente como corresponde, ejecutarán tareas de prevención y protección, asumiendo un invalorable compromiso social. Estas son tareas que corresponden a la Secretaría de Prevención y Seguridad, la cual, estando en conocimiento de la problemática barrial, no actuó según sus responsabilidades, ignorando situaciones de riesgo y alto peligro que se avecinan. Faltan así a los deberes de funcionarios públicos, según la Ley 11.179, artículos 248 y 249 del Código Penal.
El Gobierno estatal incurre también en la misma falta. Teniendo la responsabilidad y obligación de proteger, ignora las necesidades del barrio, siendo que se encuentra en total conocimiento de los hechos delictivos de toda índole; actúa de manera contraria a las funciones que le corresponden, profundizando el daño social y vulnerando los derechos de los vecinos a vivir en total libertad y dignamente.
¡Barrio Alberdi se pone en pie de lucha!
