El 18 de enero de 2015, la Argentina despertó con una noticia que sacudiría su historia reciente: el fiscal Alberto Nisman había sido encontrado muerto en su departamento de Puerto Madero. Desde entonces, su fallecimiento se convirtió en un laberinto de interrogantes, teorías y acusaciones cruzadas que persisten hasta el día de hoy. Ahora, a una década del hecho, la Fiscalía Federal a cargo de Eduardo Taiano ha difundido un informe que reafirma la hipótesis de que Nisman fue asesinado en el marco de su investigación sobre el atentado a la AMIA y el encubrimiento que denunció pocos días antes de su muerte.
El informe, titulado «Homicidio del fiscal Nisman», revela avances y detalla las numerosas irregularidades que marcaron la investigación desde el principio. Según el documento, al menos dos personas ingresaron al departamento de Nisman, lo redujeron y simularon un suicidio disparándole en la cabeza. Estas conclusiones reavivan un debate que jamás fue saldado: ¿cuánto sabemos realmente sobre la muerte de Nisman? ¿Y cuánto se quiso encubrir?
La figura de Nisman polariza a la opinión pública y la clase política argentina. Para algunos, es un símbolo de coraje, alguien que enfrentó al poder en su búsqueda de justicia. Para otros, un Fiscal manipulado por intereses oscuros, utilizado como una ficha en un ajedrez de espionaje y política internacional. Más allá de las percepciones individuales, lo cierto es que su muerte expone las profundas fallas estructurales del sistema judicial, la falta de profesionalismo en las primeras horas de la investigación y, sobre todo, la ausencia de un consenso que permita cerrar esta herida.
El informe destaca hechos que resultan, como mínimo, alarmantes. La noche en que se halló el cuerpo de Nisman, más de ochenta personas ingresaron al lugar del crimen, contaminando la escena y destruyendo evidencias clave. Funcionarios de Prefectura, Policía Federal y agentes de inteligencia circularon sin precauciones. Además, el subsuelo de la Casa Rosada había sufrido un incendio que destruyó registros fundamentales solicitados por Nisman pocos días antes de su denuncia contra Cristina Kirchner. ¿Coincidencia? Es difícil afirmarlo.
Estas anomalías no sólo siembran dudas sobre la investigación inicial, sino que también refuerzan la percepción de que hubo un intento deliberado por entorpecer el esclarecimiento de los hechos. Si consideramos que el Fiscal estaba a cargo de una de las causas más sensibles de la historia argentina, ¿no debería haber sido protegido con el mayor rigor? La Fiscalía destaca, por ejemplo, que Nisman estuvo sin custodia por más de doce horas, una situación insólita para alguien en su posición.
Este caso también pone en el centro de la escena el rol de los servicios de inteligencia. La investigación detectó una actividad inusual de comunicaciones provenientes de la AFI (Agencia Federal de Inteligencia) en las horas previas a la muerte de Nisman. Se trata de un entramado que parece exceder a los individuos involucrados para tocar estructuras de poder enquistadas que han operado en las sombras durante décadas.
La conexión de Diego Lagomarsino, el técnico informático que entregó el arma utilizada en la muerte de Nisman, con estas redes de inteligencia suma otro nivel de complejidad. Su rol, junto con las irregularidades financieras detectadas en las cuentas bancarias compartidas con el Fiscal, parece más un eslabón de una cadena de manipulaciones que un simple azar.
En definitiva, la muerte de Nisman no solo es un hecho trágico que dejó a una familia sin un padre y a una investigación sin su principal impulsor. Es también un espejo que refleja las falencias de nuestras instituciones. Diez años después, el caso sigue siendo un rompecabezas incompleto, una deuda de verdad que el Estado tiene con la sociedad.
Este aniversario no debería ser sólo una fecha para recordar lo ocurrido, sino una oportunidad para exigir que se haga justicia. Como ciudadanos, debemos reflexionar sobre el tipo de país que queremos construir: uno donde la verdad y la justicia prevalezcan, o uno donde los silencios y las sombras sigan ganando terreno. El caso Nisman es un recordatorio de que, cuando las instituciones fallan, el precio lo pagamos todos.
