El año 2025 quedará registrado en la historia argentina como el momento en que la Corte Suprema de Justicia confirmó de manera definitiva la condena a la expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado. El máximo tribunal ratificó la pena de seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, cerrando así uno de los procesos judiciales más relevantes y controvertidos de las últimas décadas.
La resolución del alto cuerpo judicial rechazó el recurso de queja presentado por la defensa de la exmandataria y, al mismo tiempo, desestimó el pedido de la Fiscalía, que había solicitado elevar la pena a doce años de prisión e incorporar la figura de asociación ilícita. De esta manera, la Corte dejó firme la sentencia dictada en instancias anteriores, consolidando un fallo que tuvo fuerte repercusión tanto en el ámbito judicial como en el escenario político nacional.
Cristina Fernández de Kirchner, de 72 años, fue hallada responsable de haber direccionado millonarias obras viales durante sus dos mandatos presidenciales, entre 2007 y 2015, en favor de un empresario considerado socio y presunto testaferro. Por su edad, la expresidenta podrá solicitar el beneficio de la prisión domiciliaria, aunque la Justicia le otorgó un plazo de cinco días hábiles para presentarse ante los tribunales y quedar formalmente detenida.
La decisión de la Corte tuvo consecuencias inmediatas en el plano político. Días antes de conocerse el fallo, la exmandataria había anunciado su intención de postularse como candidata a diputada nacional en las elecciones legislativas de septiembre, en la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, la confirmación de la condena y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos le impiden participar de cualquier contienda electoral futura.
Figura central y altamente divisiva de la política argentina, Fernández de Kirchner fue presidenta entre 2007 y 2015 y vicepresidenta durante el gobierno de Alberto Fernández, entre 2019 y 2023. En la actualidad, preside el Partido Justicialista, la principal fuerza opositora al gobierno del presidente Javier Milei, lo que añadió un fuerte componente político al impacto del fallo judicial.
