Las estafas digitales se multiplican y, detrás de cada caso, hay personas que deben enfrentar no solo las pérdidas económicas, sino también la incertidumbre, la impotencia y las dificultades para encontrar respuestas. En Rafaela, la psicóloga Carla Cavalie decidió transformar una experiencia personal que atravesó en agosto en el impulso de un reclamo colectivo para que las víctimas de este tipo de delitos cuenten con mayor acompañamiento, información y herramientas para actuar.
Cavalie, quien actualmente se desempeña como coordinadora de la Oficina de Género de la Municipalidad de Rafaela, aclaró que esta iniciativa la lleva adelante como vecina y persona damnificada, sin fines partidarios o políticos. Su intención es reunir a quienes hayan atravesado situaciones similares y promover una presentación formal ante el Concejo Municipal, con el objetivo de que la problemática tenga tratamiento institucional y se analicen alternativas de asistencia desde el ámbito local.
“Las personas que sufren este tipo de situaciones están muy solas y muy desorientadas, porque falta muchísima información”, señaló durante una entrevista con Diario CASTELLANOS, en la que relató las dificultades que encontró desde el momento en que advirtió que había sido víctima de una estafa.
Un camino de denuncias y respuestas pendientes
La situación que atravesó Cavalie comenzó cuando intentaba pagar su tarjeta de crédito y ponerse al día con sus obligaciones. En un contexto de dificultades económicas y estrés, cayó en un engaño que derivó en operaciones fraudulentas, entre ellas un préstamo vinculado a Mercado Pago.
Una vez que advirtió lo sucedido, realizó las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA), acudió a Defensa del Consumidor e inició los reclamos ante la plataforma digital. Sin embargo, el recorrido estuvo marcado por obstáculos y demoras.
Según relató, el sistema de seguridad de Mercado Pago no le permitía formalizar la denuncia a través de las opciones destinadas a informar préstamos no reconocidos o posibles fraudes. Durante aproximadamente un mes, cada intento terminaba con un mensaje de error. Recién después de ese período pudo completar el trámite, aunque hasta el momento de la entrevista seguía sin obtener una respuesta concreta sobre su reclamo.
“Cuando te responden que desde sus sistemas todo estuvo asegurado, no es así. Falló todo tipo de sistemas de seguridad y estamos expuestos. Nadie está a salvo de que le pase algo así”, cuestionó.
La preocupación tampoco terminó allí. Cavalie contó que posteriormente volvió a denunciar la recepción de códigos de verificación en un número de WhatsApp que utilizaba con fines profesionales, ante el temor de que alguien pudiera estar intentando utilizar sus datos personales.
La experiencia, que comenzó en agosto, continúa generando trámites y consultas en este mes de octubre. Para la psicóloga, esa prolongación evidencia las dificultades que enfrentan las víctimas cuando deben gestionar por su cuenta las distintas instancias de denuncia y reclamar ante organismos y empresas.
Un reclamo colectivo con participación de las vecinales
A partir de su experiencia y del contacto con otras personas damnificadas, Cavalie comenzó a delinear una iniciativa para llevar la problemática al ámbito institucional. La propuesta, que todavía se encuentra en una etapa inicial, contempla recurrir a las vecinales de la ciudad para reunir a quienes quieran sumarse y, posteriormente, presentar un reclamo formal ante el Concejo Municipal.
La intención es que la problemática sea recibida y analizada por los representantes locales, y que se convoque a una reunión para evaluar qué alternativas de acompañamiento pueden ofrecerse a las personas afectadas. “No me interesa politizar ni hacer partidario esto. Lo que quiero es que realmente se le dé un tratamiento y una respuesta colectiva, social y comunitaria desde el ámbito que corresponda”, explicó.
Cavalie consideró que el Estado local puede cumplir un papel importante en la orientación de las víctimas, dentro de sus posibilidades y recursos disponibles. Entre las necesidades que identifica se encuentran una mayor difusión de los canales de denuncia, información clara sobre los pasos que deben seguirse y acompañamiento para quienes no cuentan con recursos económicos para afrontar asesoramiento legal particular.
También planteó la importancia de fortalecer los recursos de Defensa del Consumidor, tanto en personal como en capacidad de respuesta, y de impulsar acciones de educación y prevención sobre el uso seguro de las herramientas digitales.
Información, prevención y acompañamiento
La iniciativa no se limita a reclamar respuestas para quienes ya fueron víctimas de una estafa. La psicóloga también propone ampliar la mirada hacia la educación digital, especialmente entre adolescentes, frente a los riesgos que surgen en los entornos virtuales.
A su entender, conocer las modalidades de engaño, identificar señales de alerta y saber cómo actuar cuando se produce un fraude son herramientas fundamentales. Sin embargo, insistió en que la responsabilidad no puede recaer exclusivamente en las personas damnificadas, que muchas veces deben investigar por su cuenta cómo proceder y recorrer distintas instancias sin orientación suficiente.
En ese marco, destacó la importancia de la Ley Provincial de Derechos y Garantías de las Víctimas de Delitos, que considera una referencia para pensar el acompañamiento y la asistencia que necesitan quienes atraviesan estas situaciones.
Quienes quieran ponerse en contacto con Cavalie para compartir sus experiencias o interiorizarse sobre la iniciativa pueden hacerlo a través de su perfil público de Instagram, @psico.carlycavalie. Desde allí, la profesional recibió consultas y brindó orientación inicial a personas que atravesaron situaciones similares.
El próximo paso, según anticipó, será avanzar en la articulación con las vecinales y formalizar una presentación ante el Concejo Municipal. El objetivo es que las víctimas de estafas digitales encuentren un espacio común desde el cual visibilizar sus dificultades y reclamar herramientas concretas de prevención, orientación y asistencia.
