Durante los últimos meses, la Municipalidad de Rafaela administró sus recursos en un escenario económico atravesado por la inflación, el aumento sostenido de los costos operativos y las actualizaciones salariales acordadas en las paritarias provinciales. En ese contexto, el Ejecutivo elevó al Concejo Municipal un proyecto para actualizar en un 40% la Unidad de Cuenta Municipal (UCM), el parámetro que determina el valor de distintas tasas y contribuciones locales.
La discusión, sin embargo, rápidamente dejó de ser exclusivamente técnica para instalarse en el terreno político. Mientras algunos bloques opositores plantean rechazar la iniciativa, desde el Gobierno local advierten que esa decisión no sería neutra: implicaría limitar la capacidad del Municipio para sostener el nivel de servicios que forman parte de la vida cotidiana de miles de vecinos.
La cuestión de fondo es simple. Cada día la ciudad necesita recolección de residuos, alumbrado público, mantenimiento de calles y espacios verdes, limpieza urbana, reparación de baches, por mencionar sólo algunas tareas. Ninguno de esos costos permanece congelado. Todos evolucionan al ritmo de la economía y, como cualquier organización pública o privada, el Municipio debe encontrar la forma de financiarlos.
La importancia de garantizar servicios esenciales
Uno de los principales argumentos del Ejecutivo apunta justamente al impacto concreto que tendrá la actualización sobre el bolsillo de los contribuyentes.
Según los cálculos elaborados por la Secretaría de Hacienda y Finanzas, una tasa que actualmente ronda los $11.600 pasaría a aproximadamente $16.240; otra de $12.070 ascendería a cerca de $16.900; mientras que un contribuyente que hoy abona $15.000 pasaría a pagar alrededor de $21.000. Incluso en los catastros de mayor valor, el incremento mantiene la misma proporcionalidad.
En términos generales, el aumento promedio representa alrededor de 6.000 pesos mensuales. Una cifra que, si bien supone un esfuerzo adicional para cada familia, aparece considerablemente por debajo del costo real de los servicios que el Municipio presta diariamente en toda la ciudad.
Desde Hacienda insisten en que el objetivo de la actualización no es incrementar la presión tributaria, sino evitar que los ingresos municipales continúen perdiendo capacidad frente al aumento permanente de los costos que demanda el funcionamiento de la administración.
El desafío de sostener las cuentas públicas
A este escenario se suma un compromiso ineludible: el cumplimiento de las paritarias.
La secretaria de Hacienda y Finanzas, Silvina Bravino, explicó que durante el segundo semestre el Municipio deberá afrontar una erogación superior a los 1.900 millones de pesos adicionales para cumplir con los acuerdos salariales provinciales, que contemplan incrementos de entre el 10 y el 15 por ciento.
No se trata de un gasto extraordinario decidido discrecionalmente por la administración local, sino del cumplimiento de obligaciones asumidas en el marco de las negociaciones salariales y que resultan indispensables para garantizar la continuidad del funcionamiento municipal.
La funcionaria sostiene que durante todo este tiempo la gestión administró con responsabilidad, optimizó recursos y realizó distintos ajustes internos para preservar el equilibrio de las cuentas públicas. Sin embargo, advierte que ese esfuerzo ya no alcanza para absorber incrementos de semejante magnitud sin una actualización de los ingresos.
Una discusión que también exige responsabilidad política
Toda actualización tributaria merece ser discutida y analizada. Lo que resulta más difícil de justificar es cuando ese debate omite deliberadamente la otra mitad del problema: cómo se sostienen los servicios públicos que hacen posible el funcionamiento cotidiano de la ciudad. Allí aparece una cuota de irresponsabilidad política de algunos sectores opositores que trasciende cualquier diferencia partidaria. Porque rechazar recursos sin ofrecer una alternativa concreta de financiamiento puede sonar atractivo desde el discurso, pero implica trasladar el problema a la gestión diaria del Municipio y, en definitiva, a la calidad de vida de los propios vecinos.
En ese sentido, la discusión sobre la UCM excede el porcentaje de una actualización. Lo que está en juego es la capacidad del Estado local para seguir respondiendo con eficacia a las demandas que surgen todos los días: mantener calles transitables, sostener el alumbrado, garantizar la limpieza urbana, conservar los espacios públicos y cumplir con los compromisos asumidos con sus trabajadores.
La política tiene el derecho y la obligación de discutir cada peso que aportan los contribuyentes. Lo que no debería perder de vista es que cada peso que deja de ingresar también tiene una consecuencia. Cuando los recursos no alcanzan, los gastos no desaparecen: se deterioran los servicios, se postergan obras, se demora el mantenimiento urbano o se compromete el cumplimiento de obligaciones básicas. En ese contexto, rechazar una actualización sin explicar con qué recursos se sostendrá el mismo nivel de prestaciones implica, necesariamente, asumir las consecuencias de los efectos que esa decisión pueda tener para el conjunto de la ciudad.
