La polémica no tardó en aparecer. Apenas el Municipio anunció la apertura del concurso público para la creación de una bandera oficial, comenzaron a multiplicarse las voces que recordaron que Rafaela “ya tenía bandera”. El argumento no era menor: en mayo de 2015 el Concejo Municipal había aprobado por unanimidad el proyecto impulsado por el músico y docente Sergio Grazioli, mediante una ordenanza que elevaba la propuesta al Ejecutivo para avanzar en su oficialización.
Sin embargo, allí aparece el primer gran punto que hoy explica por qué el debate volvió a abrirse. Aquella aprobación nunca completó el recorrido institucional correspondiente. La ordenanza facultaba al Ejecutivo a definir el diseño definitivo mediante un concurso o avanzar formalmente con el modelo presentado, pero ese procedimiento jamás se concretó. Durante años, el expediente quedó sin resolución definitiva y el símbolo nunca alcanzó un reconocimiento administrativo pleno.
Ese vacío terminó generando una situación singular: la bandera comenzó igualmente a circular en la vida pública de la ciudad. Fue confeccionada para representar a Rafaela en Cosquín en 2023, entregada en escuelas e instituciones locales, llevada a Fossano y otras ciudades italianas vinculadas a la inmigración piamontesa, e incluso exhibida en Carcabuey, ciudad hermanada con Rafaela.
El otro punto de conflicto: el escudo no coincide con las ordenanzas
Pero la discusión actual no se limita únicamente a la falta de oficialización formal. Hay otro aspecto menos visible, aunque institucionalmente mucho más profundo: el diseño utilizado en la bandera no respeta plenamente el escudo municipal definido por la normativa vigente.
Algunas modificaciones pueden observarse en detalles como la inscripción central y las fechas históricas incorporadas en el escudo. La ordenanza N.º 8 de 1913, luego modificada y refrendada en 1978, establece que el contorno “llevará escritas las palabras ‘Municipalidad de Rafaela’”, mientras que el diseño utilizado actualmente reemplaza esa leyenda por “Ciudad de Rafaela”. Además, el texto normativo indica expresamente que en la parte superior del escudo debe figurar el año 1881 (en referencia a la fundación como colonia) y en la parte inferior el año 1913, correspondiente a su elevación al rango de ciudad. Sin embargo, en la bandera difundida públicamente sólo aparece visible la fecha inferior, omitiendo una de las referencias históricas previstas por la normativa original.
La diferencia no es solamente estética. En términos jurídicos y patrimoniales, los símbolos públicos poseen regulaciones específicas que forman parte de la identidad institucional de una comunidad. Modificar un escudo oficial sin actualizar previamente la ordenanza correspondiente implica abrir una discusión sobre la validez formal de esa representación.
De hecho, el propio texto explicativo difundido junto a la bandera reconoce explícitamente que el diseño “modifica” la inscripción original del escudo, reemplazando “Municipalidad de Rafaela” por “Ciudad de Rafaela”.
Entre la legitimidad social y la legalidad institucional
La situación deja a Rafaela frente a una tensión poco frecuente: una bandera que logró instalarse culturalmente en parte de la comunidad, pero cuyo proceso administrativo quedó inconcluso y cuyo diseño incorpora variaciones respecto a la normativa histórica del escudo municipal.
Allí aparece, precisamente, el trasfondo de la decisión actual del Ejecutivo de convocar a un concurso abierto. Más que desconocer la existencia de la bandera impulsada en 2015, la nueva convocatoria busca llevar adelante el debido proceso institucional que durante años quedó suspendido.
La discusión, entonces, ya no gira solamente alrededor de si Rafaela “tiene o no tiene” bandera. Lo que verdaderamente se debate es de qué manera una ciudad construye sus símbolos colectivos, qué legitimidad tienen los usos sociales frente a los procedimientos institucionales y hasta dónde puede modificarse un emblema histórico sin revisar previamente las normas que le dieron origen.
Porque detrás de una bandera no solamente hay colores o diseños. También hay memoria institucional, identidad política y una forma concreta de narrar qué ciudad se quiere representar.
