En las últimas horas, la seccional Rafaela de la Unión Obrera Metalúrgica y la empresa local TECMEC Sudamérica S.A. formalizaron ante el Ministerio de Trabajo un acuerdo de suspensión parcial de la jornada laboral en el marco del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, como consecuencia de la falta de producción y el bajo nivel de actividad que viene registrando la empresa.
El secretario general del gremio, Roberto Oesquer, explicó que la medida implica “la suspensión parcial de la jornada habitual con reducción temporal de horas de prestación efectiva”, en un esquema que regirá inicialmente por tres meses, desde el 3 de marzo hasta el 31 de junio.
Hasta el momento, la jornada habitual en la planta era de lunes a jueves de 7 a 16 y los viernes de 7 a 15, totalizando 44 horas semanales. Con el nuevo acuerdo, la actividad se reducirá a seis horas diarias, de lunes a viernes de 7 a 13, lo que representa 30 horas semanales de trabajo efectivo.
“Es una reducción de 14 horas por semana atribuible a la situación crítica que estamos atravesando”, precisó Oesquer, quien remarcó que la herramienta elegida busca preservar las fuentes laborales en un contexto complejo para la industria.
Cómo impacta en el salario
Al encuadrarse en el artículo 223 bis, la asignación que perciben los trabajadores pasa a tener carácter no remunerativo. Durante la vigencia del acuerdo, la empresa abonará el 80% del equivalente a una remuneración normal y habitual. “¿Qué quiere decir esto? Que de bolsillo los trabajadores, en base al acuerdo que hicimos, prácticamente no sufrirían una gran merma salarial”, sostuvo el dirigente.
Oesquer explicó que el 223 bis exime a la empresa del pago de determinadas cargas sociales, aunque aclaró que deberá continuar cumpliendo con los aportes habituales al sindicato y a la obra social. “Nosotros necesitamos seguir funcionando y al empleado hay que seguir brindándole los servicios”, enfatizó.
Compromiso de no despedir
Uno de los puntos centrales del convenio es el compromiso asumido por la empresa de no realizar despidos durante la vigencia del acuerdo. Además, la baja en los niveles de producción no podrá ser utilizada como causal de cesantía.
También se estableció que, en caso de ingresar nuevos pedidos o mejorar la situación productiva, la empresa deberá informar al sindicato y al Ministerio, cesando automáticamente las suspensiones.
No obstante, Oesquer advirtió que el escenario general no invita al optimismo. “Con varias empresas ya venimos firmando cada tres meses estos acuerdos y creo que vamos por la tercera renovación. Esto se va a profundizar”, señaló.
Según detalló el titular de la UOM Rafaela, la situación no es aislada. En Rafaela y otras localidades como San Vicente y Tostado, serían alrededor de diez las empresas metalúrgicas que atraviesan dificultades similares y recurren a este tipo de herramientas para sostener el empleo.
En ese marco, el dirigente también manifestó su preocupación por el impacto que podría tener la implementación de la nueva ley de modernización laboral en un contexto de retracción productiva, especialmente en lo que refiere a los mecanismos de financiamiento de indemnizaciones.
