La ciudad de Rafaela atraviesa una situación social crítica que se aprecia a diario en toda la ciudad, con gente en situación de calle, consumos problemáticos, intentos de usurpación, un caso que incluso se ha judicializado y mantiene en vilo a los vecinos de Bº Alberdi. En ese marco, el secretario de Desarrollo Humano y Salud, Hugo Morel, en diálogo con Diario CASTELLANOS abordó con crudeza y sin eufemismos las problemáticas que hoy se manifiestan con mayor visibilidad y reconoció que son parte de una creciente vulnerabilidad social a partir de una crisis económica que afecta a todo el país, no solo a Rafaela y que golpea con fuerza a los sectores más frágiles.
Lejos de minimizar el escenario, Morel fue claro al señalar que se trata de una problemática estructural de hace tiempo y que no admite soluciones inmediatas. «Es una situación que viene con un problema social de muchos años, que no tiene una solución mágica ni inmediata y que requiere políticas públicas sostenidas a largo plazo», afirmó. No obstante, remarcó que desde el municipio se trabaja activamente para ofrecer alternativas y contención, evitando la inacción frente a una realidad que se profundiza.
Uno de los ejes centrales que atraviesan esta crisis es la salud mental y el consumo problemático. Ante esto, según explicó el funcionario, cada intervención se aborda de manera particular, buscando revincular a las personas con sus familias o con algún referente directo, además de ofrecer acompañamiento desde distintas áreas municipales.
En ese sentido, destacó el rol del Dispositivo Integral de Abordaje Territorial (DIAT), que actualmente funciona con profesionales especializados y muestra resultados positivos en el seguimiento de los casos.
Morel también subrayó la importancia del trabajo articulado con la Oficina de Empleo y la Secretaría de Desarrollo Económico, Innovación y Empleo, donde se generan oportunidades para quienes desean modificar su actividad laboral. Sin embargo, reconoció que cuando la persona rechaza estas alternativas, el abordaje se vuelve más complejo y las herramientas del Estado encuentran límites concretos.
El secretario remarcó que la situación social no es exclusiva de Rafaela. «Hay una cuestión económica que está haciendo mella en los sectores más vulnerables y por eso ha aumentado la cantidad de personas en esta situación», señaló, destacando que el fenómeno se replica en otras localidades y grandes centros urbanos del país.
En ese marco, Morel cuestionó las críticas con tinte partidario y llamó a construir consensos básicos. «Me parece que no está bueno hacer un uso político de esto. Es un problema que estaba antes, que está ahora y que lamentablemente va a seguir estando si no hay acuerdos en temas centrales como seguridad o niñez», sostuvo, recordando que al finalizar la gestión anterior seis de cada diez niños se encontraban bajo la línea de pobreza, reflejo de una problemática profunda y multicausal, que no viene solo desde la gestión actual, pero a la cual le hacen frente con trabajo interdisciplinario.
Con un diagnóstico crudo pero realista, Hugo Morel dejó en claro que la crisis social es una realidad que atraviesa a Rafaela y al país, y que solo podrá empezar a revertirse con políticas sostenidas en el tiempo y acuerdos que superen las disputas partidarias.
Una conclusión
Es correcto que la situación estructural del país y la problemática económica vienen generando graves inconvenientes a nivel social, aunque tampoco debemos perder de vista que desde que esta gestión asumió en el poder la situación de vulnerabilidad social ha escalado estrepitosamente y no han encontrado los mecanismos u herramientas para atender a estas personas, las cuales muchas veces no quieren que las ayuden, pero qué debe ser el propio Estado que debe tomar cartas en el asunto y no permitir que la ciudad se convierta en un hostel al aire libre, donde cada persona que va por la calle y encuentra un lugar con techo ya lo piense como un espacio para tirarse a dormir o intentar usurpar.
Estas imágenes se repiten por toda la ciudad, en edificios abandonados, en la Recova, en la estación del Ferrocarril, e incluso en aleros de ingresos a edificios o comercios, con personas tiradas, durmiendo, dejando una postal realmente preocupante, no solo de la situación social, sino de la inactividad, pasividad y la falta de abordaje ante la proliferación de estos casos. Entendemos la cuestión económica y estructural del país, aunque también es claro que ésta es una situación que ha desbordado al Ejecutivo local y que ha permitido su incremento de forma notoria en el último tiempo.
Usurpaciones: una realidad que se repite
Consultado sobre los recientes casos de usurpaciones, tanto en barrio 2 de Abril como en el inmueble de avenida Mitre, Morel explicó que estas situaciones están íntimamente ligadas a la misma matriz social. «Lavacoches, gente en situación de calle y usurpaciones forman parte de una misma realidad», afirmó.
El funcionario detalló que desde el municipio se actúa con rapidez cuando la situación lo permite, logrando resolver algunos casos en pocos días. Sin embargo, cuando los conflictos se judicializan, como ocurre en avenida Mitre, los tiempos ya no dependen del Ejecutivo local. «Ahí tenemos que esperar la resolución de la Justicia», aclaró.
En paralelo, el municipio trabaja en propuestas estructurales para evitar nuevas usurpaciones, como el abordaje de las denominadas «caries urbanas», que son inmuebles abandonados, inconclusos o en desuso que terminan siendo ocupados. La iniciativa contempla herramientas fiscales para desalentar este tipo de situaciones y de esta forma prevenir nuevos focos de conflicto social.
Lavacoches: un proyecto de prohibición y abordaje
Otro de los temas sensibles abordados por el funcionario fue el proyecto vinculado a la actividad de los lavacoches, cuya prohibición fue anunciada por el intendente. Morel explicó que se conformó un equipo interdisciplinario junto a la Secretaría de Desarrollo Económico y la Oficina de Empleo para ofrecer alternativas laborales concretas a quienes hoy desarrollan esta actividad.
El proyecto contempla cuatro segmentos, adaptados a la realidad de cada persona, teniendo en cuenta su nivel educativo y posibles problemáticas de consumo. «Para cada persona hay una propuesta particular», explicó el secretario, aunque reconoció que no se trata de un proceso sencillo ni de resultados inmediatos. «No va a ser fácil ni de un día para otro», admitió.
Desde la firma del decreto, el municipio contará con 60 días para implementar la medida, período durante el cual los equipos recorrerán el territorio para informar personalmente a los involucrados sobre la prohibición para trabajar libremente en la zona céntrica y las alternativas disponibles.
CDI: una obra inconclusa y negociaciones en curso
Finalmente, Morel se refirió a la situación del Centro de Desarrollo Infantil, una obra que quedó inconclusa por incumplimientos del gobierno nacional que conducía Alberto Fernández y que obviamente con los recortes en materia de obra pública por la gestión de Javier Milei quedó trunca y no se la ha podido terminar aun cuando solo le faltaba un 25% de avance para completar los trabajos. Si bien el edificio presenta un grado de avance importante, aún requiere una inversión significativa para su puesta en funcionamiento.
«El municipio puede pedir la restitución del inmueble, pero hoy eso no resuelve el problema de fondo», explicó Morel. La estrategia actual apunta a gestionar ante la Provincia para que, en articulación con Nación, se logre finalizar la obra sin que los rafaelinos deban afrontar el costo restante. «Queremos la obra, pero terminada y funcionando», subrayó.
