El desamparo de barrio Alberdi: meses de reclamos, un fallo judicial y un sector que todavía espera

El fallo judicial que ordenó el desalojo de la vivienda ocupada en avenida Mitre al 500, todavía no trajo tranquilidad a barrio Alberdi. El conflicto arrastra meses de organización vecinal, reclamos sin respuestas claras y una convivencia marcada por el miedo y el desgaste social. Mientras se espera que la resolución se haga efectiva, persisten los interrogantes sobre la respuesta del Estado local. En diálogo con CASTELLANOS, Patricia Chicco, referente de la vecinal, puso en palabras el recorrido del reclamo y la sensación que hoy atraviesa al barrio.

La ocupación irregular de una vivienda en avenida Mitre al 500, no fue un hecho atomizado ni repentino. Según relatan desde la vecinal de barrio, el conflicto comenzó a escalar a partir de reiteradas situaciones que alteraron la convivencia: acumulación de basura, presencia de personas vinculadas a hechos delictivos, allanamientos, perros potencialmente peligrosos sueltos y episodios de violencia que encendieron la alarma entre los vecinos. 

«Nos involucramos porque recibimos muchas quejas. El problema no era solo la ocupación en sí, sino todo lo que empezó a pasar alrededor», explicó Patricia Chicco, referente de la vecinal. Con el correr de los meses, el conflicto dejó de ser un problema puntual para convertirse en una fuente permanente de tensión barrial. 

Ante el agravamiento de la situación, la vecinal impulsó distintas acciones formales. Se enviaron notas al Ejecutivo municipal, al Concejo y a otros organismos, acompañadas de registros fotográficos. También se realizaron reuniones en las que participaron fuerzas de seguridad y funcionarios, entre ellos el secretario de Gobierno, Germán Bottero. 


Sin embargo, el balance que hacen los vecinos es magro. «En muchas reuniones se trató el tema, pero siempre llegábamos a lo mismo: dependía de la Justicia», señaló Chicco. La judicialización del caso terminó funcionando como un límite para la acción política y administrativa, aún cuando los efectos del conflicto se manifestaban con claridad en el espacio público. 

En ese punto, los vecinos remarcan que hubo reclamos específicos (como el cumplimiento de la ordenanza sobre tenencia responsable de mascotas) que tampoco encontraron respuestas efectivas, a pesar de no depender del fuero judicial. 

El fallo judicial y una espera que continúa  

El pasado 30 de diciembre, la Justicia civil resolvió que la ocupación era ilegítima e ilegal y ordenó el desalojo del inmueble, que comprende 15 departamentos sin habilitación para vivienda. El fallo reconoce el derecho del propietario y establece un plazo para la desocupación una vez que la sentencia quede firme. 

La resolución fue recibida como un paso necesario, pero no suficiente. «Los vecinos siguen asustados. Hasta que no vean que el desalojo se haga efectivo, no hay tranquilidad», expresó la referente vecinal. La espera, advierten, prolonga el desgaste emocional y la sensación de abandono. 

De allí se desprende uno de los aspectos más sensibles del conflicto: el clima de temor que se instaló en el barrio. Desde la vecinal, reconocen la circulación de comentarios sobre situaciones de intimidación que llegan, incluso, hasta las escuelas donde asisten los hijos de muchos vecinos. Lo lamentable es que muchas veces el mismo temor, impide que lleguen a formalizarse. «Si no se hacen denuncias, quedan solo como comentarios. Muchos no se animan porque tienen que seguir conviviendo», explicó Chicco. 

La consecuencia de todo ello, es una vida cotidiana cada vez más restringida. Vecinos que modifican rutinas, mayor desconfianza en el espacio público y una percepción extendida de inseguridad que excede este caso puntual. «La vida del barrio cambió mucho. No sólo por esta situación. Los hechos de inseguridad han aumentado, hay robos y gente deambulando que no es del barrio», describió. 

Seguridad, control y Estado ausente 

Michel Foucault advirtió en «Seguridad, territorio, población» (1977) que la seguridad no se reduce al castigo posterior, sino que implica una gestión cotidiana del espacio, de los riesgos y de la vida colectiva. Cuando esa gestión falla lo que aparece no es solo el delito: aparece el desorden, la intimidación, la sensación de que nadie regula. 

Ese vacío se traduce en un barrio que se achica. Los vecinos evitan exponerse, moderan rutinas, aprenden a callar. No es un detalle: es el modo en que el miedo se vuelve una forma de gobierno indirecto, porque disciplina sin necesidad de patrulleros. En Alberdi, esa experiencia se vuelve concreta cuando, como relató Chicco, muchos no denuncian por temor a represalias y porque deben seguir conviviendo con la misma situación. Allí el desamparo no es abstracto, es cotidiano, acumulativo y silencioso. 

En la misma línea, el sociólogo Gabriel Kessler explicó en «El sentimiento de inseguridad» (2009), que la inseguridad se compone tanto de hechos como de percepciones, y que esas percepciones crecen cuando la comunidad siente que las instituciones no llegan, llegan tarde o llegan sin capacidad de resolver. En este caso, el fallo judicial aparece como un hito, pero la espera de su ejecución prolonga la incertidumbre: el barrio no descansa, queda suspendido. 

Por todo ello, mientras el expediente avanza en los tiempos de la Justicia, en barrio Alberdi el conflicto no se archiva. La espera del desalojo convive con el cansancio, la desconfianza y una sensación persistente de intemperie. Los vecinos no reclaman sólo que se cumpla un fallo: reclaman volver a habitar el barrio sin miedo, sin silencios forzados y sin la necesidad de organizarse para suplir lo que el Estado no logra garantizar. Porque cuando la respuesta pública llega tarde o queda a mitad de camino, la inseguridad deja de ser excepción y se convierte, lamentablemente, en una forma de vivir. 

 

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