Una ordenanza que existe, pero no se hace cumplir
El uso de pirotecnia sonora está prohibido en Rafaela por la Ordenanza Nº 5081. No es una recomendación ni una consigna simbólica: es una norma vigente, aprobada y conocida. Sin embargo, lo ocurrido durante la última Navidad volvió a demostrar una distancia preocupante entre lo que la ley establece y lo que efectivamente sucede en las calles.
La concentración de vecinos y organizaciones protectoras de animales frente a la Municipalidad, fue la reacción directa a una noche atravesada por estruendos, explosiones y consecuencias visibles. “No fue un buen balance. Se tiró demasiada pirotecnia, hubo muchos casos de perritos perdidos que todavía no aparecen. Tememos que el 31 sea lo mismo”, expresaron durante la manifestación.
El dato no es menor: cuando una ordenanza se incumple de forma masiva y reiterada, el problema deja de ser cultural para convertirse en político y administrativo. No alcanza con que la norma exista, si el Estado no garantiza su cumplimiento.
Controles tardíos y una lógica reactiva
Desde el municipio se informó que durante esa jornada se realizaron operativos junto a la Brigada de Explosivos, con el emplazamiento de algunos comercios y el labrado de actas. Sin embargo, entre los propios manifestantes apareció una lectura crítica sobre esos procedimientos.
“Me parece perfecto que se hagan controles porque la ordenanza está, pero no se cumple. La pirotecnia debería ser lumínica y no sonora. Se escuchaba un montón”, señaló una de las referentes. El apoyo a la tarea oficial, lejos de invalidar el reclamo, lo profundiza: el problema no es que no haya controles, sino que llegan tarde y no alcanzan.
Varios testimonios coincidieron en que la venta clandestina continúa y que incluso comercios habilitados incumplen la normativa. “Por más que te digan que venden sólo pirotecnia lumínica, es mentira. Se comprobó en un montón de locales que tenían pirotecnia sonora. Si no se clausura, si no hay multas reales, van a seguir vendiendo en la clandestinidad”, expresaron.
La escena se repite cada año con la misma lógica: advertencias previas, controles anunciados sobre la hora y un saldo negativo que se lamenta después. No hay prevención sostenida, ni campañas eficaces, ni fiscalización sistemática.}
El impacto invisible que sí se siente
Gran parte del reclamo gira alrededor de los animales, y no por una sensibilidad exagerada, sino por consecuencias concretas y documentadas. Durante la Navidad se registraron perros atropellados tras huir desorientados, animales perdidos que aún no regresaron a sus hogares y casos extremos, como el de un caniche que murió de un ataque al corazón.
“Nos llegaron perros chocados porque se escaparon asustados. Hay un montón de perros perdidos hasta el día de hoy”, relataron. A eso se suma el estrés severo que atraviesan las mascotas durante horas, muchas veces sin acompañamiento humano.
Pero el problema no se limita a los animales. Los propios vecinos lo señalaron con claridad: niños con trastornos del espectro autista, personas mayores, bebés y personas con discapacidades también padecen los efectos de la pirotecnia sonora. “Lo que para unos es un festejo, para otros es una noche terrible”, sintetizaron.
Aquí se rompe una idea clave: no es libertad individual cuando el daño es colectivo.
Cuando el Estado corre detrás del problema
Norbert Elias explicaba en “La sociedad de los individuos” (1987) que una de las funciones centrales del Estado moderno es regular los impulsos individuales en nombre de la convivencia social. Cuando esa regulación falla o se ausenta, los conflictos no desaparecen: se amplifican.
En Rafaela, la discusión sobre pirotecnia vuelve cada diciembre como si fuera nueva. Y sin embargo, el diagnóstico es viejo. La falta de controles efectivos no sólo habilita el incumplimiento, sino que envía un mensaje implícito: la norma es flexible, negociable o directamente ignorada.
Esa señal tiene efectos. Comercios que venden, vecinos que tiran, denuncias que no prosperan y una ciudadanía que se cansa de reclamar. “Estamos hartos realmente, es año tras año lo mismo: marchas, caminatas, denuncias”, expresaron.
En este sentido, el reclamo no apunta a prohibiciones abstractas ni a confrontaciones estériles. Apunta a algo más básico: que el municipio asuma su rol de control, prevención y garantía de derechos.
Desde CASTELLANOS sostenemos que cuando una ordenanza existe pero no se cumple, el problema no es cultural ni educativo: es de gestión. Y cuando el Estado aparece sólo después del daño, no gobierna, administra consecuencias.
La pirotecnia sonora no es una tradición intocable. Es una práctica regulada, prohibida y dañina. Lo que falta no es conciencia social (que crece año a año) sino decisión política para hacer cumplir las reglas que la propia ciudad se dio.
