La gestión de los vehículos retenidos en la vía pública ha sido históricamente un verdadero problema administrativo y logístico para el Municipio. Galpones colapsados, procesos burocráticos interminables y la acumulación de chatarra eran moneda corriente. Sin embargo, la Dirección de Protección Vial y Comunitaria ha puesto en marcha durante este 2025 un cambio de paradigma que busca celeridad y orden con la implementación de compactaciones periódicas mediante un circuito administrativo abreviado, local y con una adaptación que nació a partir del nuevo código de faltas.
En diálogo con Diario CASTELLANOS, el director del área, Hernán Bo, brindó detalles sobre la nueva estrategia que permite reducir los tiempos de espera de dos años a apenas tres meses, y explicó cómo se aborda el complejo tema de los autos abandonados.
Hasta hace poco tiempo, la capacidad de almacenamiento era el límite operativo. «Hoy tenemos una capacidad para 1.800 motos y estamos ocupando unas 1.300 plazas», detalló Bo. El problema radicaba en que, anteriormente, los convenios de compactación se realizaban a través del Ministerio de Seguridad de la Nación.
«Ese proceso administrativo nos llevaba entre 12, 18 y hasta 24 meses para cerrar todo el expediente. Eso hacía que los galpones colapsen y nos quedemos sin capacidad de secuestro», explicó el Funcionario.
La solución implementada durante 2025 se encaminó a que el proceso se realice de forma local a través de una licitación pública que contó con una particularidad. El servicio fue adjudicado a una empresa compactadora local que ofrece una ventaja logística clave, ya que no solo compacta, sino que almacena los vehículos de forma gratuita hasta que se cumplan los plazos legales.
Autos abandonados: fin del problema
Bo distinguió dos tipos de secuestros en automóviles, por un lado, los retenidos en controles de alcoholemia, que suelen ser retirados por sus dueños en dos semanas debido a su alto valor. Por otro, el vehículo abandonado, definido como «uno de los problemas más complejos de la ciudad».
Con el nuevo esquema, estos autos ya no ocupan espacio municipal, sino que son derivados directamente al predio de la empresa adjudicataria. Además, el Municipio está próximo a lograr autonomía total en esta materia, ya que «antes de fin de año tendremos a disposición un tráiler propio para el secuestro de vehículos, adquirido mediante licitación. Ya tenemos el lugar para almacenarlos y la autonomía para levantarlos», confirmó el Director.
Menos burocracia: la nueva Ordenanza
Para que la logística funcione, fue necesario adaptar la Ley. La normativa anterior exigía 6 meses de depósito más 3 meses de publicación de edictos antes de poder compactar. «Se solicitó modificar la Ordenanza. Hoy la normativa establece dos meses de almacenamiento y un mes de edictos. Por lo que, cada tres meses, los vehículos estarían en condiciones legales de iniciar el proceso de compactación», detalló Bo.
Sin embargo, el Funcionario aclaró que la celeridad legal no implica falta de empatía social. «La idea no es compactar motos a los tres meses taxativamente. Hay una situación económica en el país que hace que al vecino le cueste retirar el vehículo. Según nuestros análisis, una persona demora entre uno y seis meses en regularizar su situación», enfatizó.
Otro cambio sustancial se da en el momento de la restitución del vehículo. Anteriormente, un infractor pagaba la multa, cargaba su moto sin luces o sin frenos en un flete y, a la semana siguiente, volvía a ser secuestrada por las mismas falencias, generando un ciclo meramente recaudatorio.
Esto se terminó. Ahora, salvo orden judicial explícita, el vehículo debe salir del depósito en condiciones reglamentarias.
«Si la moto no está en condiciones, la tiene que reparar en el lugar -depósito municipal-. Así sean las luces. Si no, no la puede retirar. Queremos que sea preventivo, que la persona a la que se le secuestró la moto por falta de luces, se la lleve con luces», sentenció Bo.
En este marco, se aplica con rigor la ordenanza de junio de 2025 sobre escapes libres, de los cuales ya llevan decomisados alrededor de 50 escapes antirreglamentarios, obligando a los propietarios a colocar el escape original para poder recuperar su rodado.
