La preservación del patrimonio urbano volvió a ocupar el centro del debate legislativo local, presentándose un proyecto que impulsa modificaciones a la ordenanza del Programa de Preservación y Defensa del Patrimonio Urbano. En diálogo con Diario CASTELLANOS, la concejal Carla Boidi detalló los alcances de esta iniciativa, indicando que el objetivo es corregir vacíos históricos y asegurar que los bienes protegidos de la ciudad para que cuenten con recursos específicos para su mantenimiento.
Patrimonio urbano: identidad y memoria de la ciudad
Boidi recordó que la ordenanza vigente establece un listado oficial de bienes inmuebles protegidos, integrado por construcciones públicas y privadas que forman parte de la historia y la identidad de Rafaela. Este relevamiento se realizó —explicó— mediante un análisis técnico y patrimonial encabezado por especialistas.
Para ejemplificar, mencionó dos casos conocidos por la comunidad:
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La Princesita, un inmueble privado que hace años generó controversia al ser demolido pese a sus condiciones patrimoniales,
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La Recova Ripamonti, un bien público emblemático cuya estructura requería intervención urgente este año.
Una reforma clave: que las multas se destinen al fondo patrimonial
Uno de los puntos centrales de la modificación apunta a corregir una situación que, según Boidi, se arrastra desde hace tiempo: el fondo patrimonial nunca tuvo funcionamiento real, ya que las multas por daños a bienes históricos no se destinaron específicamente a su sostenimiento.
“Si un privado no respeta la normativa patrimonial y genera un daño —que además es irreversible— debe recibir una multa. Y esa infracción tiene que ir directamente al fondo patrimonial”, explicó.
Con esta reforma, el dinero recaudado por sanciones deberá destinarse exclusivamente a la restauración, conservación y mantenimiento de los bienes incluidos en el listado patrimonial. De haberse aplicado antes, ejemplificó Boidi, los recursos provenientes de la infracción vinculada a La Princesita podrían haberse utilizado para intervenciones como la de la Recova Ripamonti, que este año debió ser atendida con partidas reorientadas desde otras áreas.
“Es lógico que el patrimonio tenga su propio fondo. El ciudadano también lo plantea: por qué destinar recursos de otras áreas a un bien patrimonial cuando debería autosustentarse”, señaló.
Profesionales habilitados: sólo arquitectos para intervenir en bienes patrimoniales
Otro punto incorporado en la reforma tiene que ver con quién puede intervenir técnicamente sobre edificios protegidos. Actualmente, la normativa permite presentaciones de profesionales de diversas incumbencias, pero el proyecto aclara que, tratándose de bienes patrimoniales, las intervenciones deben estar a cargo exclusivamente de arquitectos.
La medida surge de un trabajo conjunto con el Colegio de Arquitectos y se basa en las incumbencias profesionales reconocidas por el Ministerio de Educación, que otorgan al arquitecto la formación específica para proyectar, modificar y conservar construcciones patrimoniales.
Amplio consenso en el Concejo
Boidi adelantó que el proyecto fue tratado en comisión el lunes y recibió una buena devolución de todos los bloques, sin objeciones, por lo que podría llegar al recinto próximamente.
“Esto se trabajó de manera articulada con profesionales, con el Colegio de Arquitectos y con la Comisión de Preservación del Patrimonio. La idea es clara: proteger nuestros bienes históricos y garantizar que los recursos se destinen a su finalidad específica”, concluyó.
