En una semana complicada para el Gobierno Nacional, combatiendo distintos frentes en los días previos a las Elecciones en la provincia de Buenos Aires, el Senado de la Nación le dio un duro revés con el rechazo al veto del presidente Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad. Aunque el Ejecutivo, según la normativa, debe poner en vigencia la Ley en un plazo de 30 días, la expectativa del sector está atravesada por la incertidumbre respecto a si intentarán judicializar la norma.
En este contexto, Fernanda Odetto, médica directora de ALPI Rafaela, dialogó con Diario CASTELLANOS y relató cómo vivieron la votación del Senado y aseguró que, aunque fue un alivio la decisión de los senadores, la incertidumbre permanece. «Tuvimos la buena noticia ayer, así que por lo que tengo entendido Nación tiene un mes para implementar la Ley, para ponerla en vigencia, así que bueno, estamos esperando a ver cómo va a seguir eso o si el Presidente seguirá en su idea de judicializar la Ley», expresó.
Un proceso agotador
Respecto a este conflicto con el Gobierno y al momento que atraviesan las distintas instituciones vinculadas a discapacidad, Odetto aseguró que es desgastante la situación, tanto para las familias como para los trabajadores de la salud. «La verdad es que ha sido un proceso muy largo, con muchas idas y vueltas. La emergencia en discapacidad ya viene desde hace un tiempo y parece que no se entiende la palabra emergencia porque los tiempos de una emergencia no deberían ser tan largos. Hay muchas instituciones corriendo riesgo de cierre, trabajando a todo pulmón para poder sostener las prestaciones a las personas con discapacidad y hay mucha angustia también por parte de las familias y de las propias personas con discapacidad que ven afectada su concurrencia a las terapias, a sus centros de día, al transporte», expuso la médica. Y completó: «Hubo también bajas de pensiones de personas con discapacidad a las que no les llegó la notificación, así que muchas irregularidades en ese sentido». «Todas las instituciones que trabajan con discapacidad y no estoy hablando sólo de ONGs como es el caso de ALPI, sino que también los centros privados están en la misma situación, porque precisamente el nomenclador de discapacidad es el mismo para todos, tengas obra social o lo que sea, así que la realidad es que afecta a todas las personas con discapacidad, no sólo la que se atiende por ‘Incluir Salud’, que depende directamente de la ANDIS».
El apoyo de la sociedad a la causa
Por otra parte, pese a la situación de emergencia, la titular de ALPI expresó su agradecimiento a todas las personas que se conmovieron por la causa y apoyaron todas las formas de reclamo para que los senadores tomen conciencia y decidan en favor de la Ley. «Estamos felices por un lado porque sin una identidad partidaria, sino con una misión en común y una idea de defender derechos, la comunidad de discapacidad pudo hacer escuchar su voz, la sociedad respondió en ese sentido y apoyó, pero bueno, estamos a la espera de ver cómo esto sigue adelante».
Doble indignación
Por último, Odetto apuntó contra el Gobierno denunciando que el dinero destinado a esta Ley no genera déficit fiscal y reclamó que se esclarezca la situación de presunta corrupción que vincula precisamente a Karina Milei y al extitular de la ANDIS, Diego Spagnuolo. «Esto es algo que la sociedad viene denunciando desde hace tanto tiempo. No provoca un déficit fiscal; sólo busca que se respete una Ley de Discapacidad que existe desde hace muchísimos años y que hoy se incumple. Se están aplicando recortes en un sector de muy alta vulnerabilidad, tomado como variable de ajuste. Todo esto, además, ocurre en medio de un escándalo. Como son los audios que salieron, que habrá que verificar si son verdad o no, pero que generan mucho ruido. Porque se habla de que no hay dinero para discapacidad y resulta que parece que hay sobreprecios en compra de medicamentos. La verdad que todo eso genera mucha indignación», concluyó.
