“La discapacidad hoy está en emergencia, con más problemas que nunca”. Con esa contundente frase, la Dra. Fernanda Odetto, referente de la institución ALPI en Rafaela, sintetizó en una entrevista con Diario CASTELLANOS la crítica situación que atraviesa el sector en todo el país. Desde hace tiempo, instituciones, profesionales y familias vienen reclamando visibilidad y medidas urgentes frente a una crisis que amenaza con dejar sin atención a miles de personas.
En la sede de ALPI, los carteles colocados en el frente buscan reflejar y visibilizar este delicado momento. “Hace tiempo venimos dando esta lucha. Las instituciones de todo el país están reclamando en las plazas más importantes de cada provincia para que se vote la ley que hoy está en el Senado. La situación es realmente muy preocupante e insostenible”, explicó Odetto.
Uno de los ejes del conflicto es el atraso en la actualización del nomenclador que regula las prestaciones básicas para personas con discapacidad, tal como lo establece la Ley 24.901. Esta norma contempla servicios esenciales como terapias, transporte, hogares, centros de día y educativos terapéuticos, pero sus valores han quedado completamente desfasados en relación con los costos actuales.
“El último aumento fue en diciembre de 2024 y fue apenas del 0,5%. Eso significa que arrastramos toda la inflación de 2024 y la de 2025. El desfasaje es terrible. Por ejemplo, el valor del kilómetro recorrido se paga a 500 pesos cuando un litro de nafta cuesta más de 1000. Así no se puede sostener”, graficó la profesional.
Esta situación impacta de lleno tanto en los ingresos de los profesionales como en el funcionamiento de las instituciones. “Muchas están al borde de la quiebra. Nosotros en ALPI trabajamos en rehabilitación, pero estamos en contacto con otros centros y colegas de la ciudad, y todos estamos en las mismas condiciones. Nos estamos reuniendo y viendo cómo seguir”, contó.
La preocupación se agudiza ante la advertencia de un posible veto por parte del Poder Ejecutivo en caso de que la ley sea aprobada en la Cámara Alta. “Estamos en alerta porque eso pondría en riesgo todas las prestaciones, sin importar la obra social que tenga el paciente, ya que todas se rigen con el mismo nomenclador”, explicó Odetto.
En ALPI, actualmente asisten cerca de 140 personas: 85 tienen algún tipo de cobertura, otra parte paga de forma particular y un porcentaje es atendido gracias al fondo de padrinos. Sin embargo, ese fondo se ha visto fuertemente reducido y hoy no alcanza para cubrir los gastos operativos básicos. “Ya no podemos brindar prestaciones gratuitas a quienes sí tienen cobertura, porque no se llega a cubrir luz, gas y otros costos fijos. La situación es de extrema gravedad”, advirtió.
En paralelo, la comisión directiva de ALPI se encuentra reunida con los profesionales referentes de cada servicio para analizar el escenario y definir pasos a seguir. “Estamos charlando alternativas a futuro, viendo cómo continuar. Pero lo cierto es que la situación de nuestra institución, como la de muchas otras, ya no se puede sostener como antes”, concluyó la doctora.
