Por Nicolás Bordón- La situación que atraviesa el sector de discapacidad, no puede entenderse por fuera de la lógica de reducción y recorte del sector público que viene llevando adelante el Gobierno Nacional, desde los inicios de su gestión de gobierno. El «plan motosierra» (que ha sido desplegado en distintos sectores como CONICET, INTI, Universidades públicas, entre otros organismos), sumó un capítulo más en su repertorio al dejar al sistema público de prestación de servicios de discapacidad, sin el financiamiento correspondiente. Los reclamos de los trabajadores del sector se concentran en dos ejes principales: la compensación del valor de la prestación que ya acumula un 70% de diferencia con respecto a diciembre de 2023 (desde ese momento hasta la actualidad, no ha tenido ningún aumento). Por otro lado, la actualización del nomenclador que define el valor de dichas prestaciones, el cuál a pesar de estar contemplado dentro de la Ley Nº 24.901; no se ha actualizado en relación al contexto económico cotidiano. Ambos reclamos, son incorporados por los sectores trabajadores en la exigencia de una Ley de Emergencia en Discapacidad, capaz de articular todos estos desequilibrios presupuestarios y permita garantizar la continuidad de los tratamientos.
Los efectos locales de la emergencia en discapacidad
De la misma manera que a nivel nacional y provincial, las instituciones que sostienen diariamente la rehabilitación, el acompañamiento y la inserción laboral y educativa de personas con discapacidad en la ciudad de Rafaela, están atraviesan una situación crítica.
Las distintas carencias del sistema público de prestación de servicios como: la falta de previsibilidad en los pagos (algunos que superan los tres meses para ser acreditados), el congelamiento de aranceles frente a una inflación persistente, y el deterioro de las condiciones laborales, están llevando al límite la capacidad operativa de organizaciones que desde hace mucho tiempo, han sido sostén comunitario en materia de Salud Pública.
Al momento de buscar lecturas que nos permitan contrastar este escenario, resulta inevitable comprender este fenómeno como un caso paradigmático de lo que Pierre Bourdieu llamó violencia simbólica y estructural; a lo largo de sus distintas obras bibliográficas. En este sentido, el sociólogo francés utiliza estos conceptos para hablar de aquellas desigualdades que se naturalizan y se reproducen desde el propio Estado bajo la forma de políticas que omiten (o directamente eliminan), los mecanismos de protección para los sectores más vulnerables. El ajuste no es sólo económico sino que es también simbólico, porque comunica qué vidas merecen ser cuidadas y cuáles pueden ser postergadas.
En paralelo, la reconocida filósofa Judith Butler ha planteado que la vida sólo puede considerarse vivible cuando existe un entorno que la sostiene, la reconoce y la valora. En este sentido, cuando el Estado se retira, la red de sostenimiento queda en manos de las familias, las organizaciones civiles y los trabajadores del sector, quienes muchas veces deben suplir (con recursos económicos propios, esfuerzo, creatividad y compromiso) las carencias estructurales de un sistema que los deja solos. Esta falta de compromiso estatal, como señala la socióloga Maristella Svampa en su obra «La sociedad excluyente. La argentina bajo el signo del neoliberalismo» (2005), es característica de un modelo social de exclusión donde el mérito y la autosuficiencia son exaltados mientras se desmantelan estructuras de trabajo públicas y colectivas.
El retroceso en materia de discapacidad no es sólo una cuestión administrativa o financiera. Es, sobre todo, una pregunta ética y política por el tipo de sociedad que estamos construyendo: ¿una comunidad que responde frente a la desigualdad de oportunidades, o un modelo de descarte que relega a quienes no encajan en sus lógicas?
Frente a esta realidad, las voces locales cobran un valor fundamental. Por eso, conversamos con Marcelo Gieco, responsable del Centro «Azahares» y especialista en Ciencias Sociales de la Discapacidad, sobre los efectos locales de la falta de financiamiento.
Según Gieco: «Hoy el sistema de prestaciones de atención para personas con discapacidad se encuentra en una situación grave, una situación de crisis. La realidad es que no podemos seguir trabajando de esta forma; necesitamos que salga la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad en forma urgente. Actualmente, la falta de actualización de los valores de nomenclador y el atraso en los pagos está causando graves problemas, principalmente en aquellas instituciones que tienen personas en relación de dependencia.
No se pueden pagar los sueldos, no se pueden reponer los insumos. Los atrasos de la actualización de las partidas, que se encuentran congeladas desde diciembre de 2023, hace imposible que se puedan reponer los suministros al precio actual».
En relación con el trabajo que llevan adelante desde su institución, Gieco sostuvo: «Desde Azahares, tenemos diferentes tipos de prestaciones que por el momento, seguimos sosteniendo. Tenemos muchas personas que se vienen atendiendo gratis debido a las demoras en la autorizaciones por parte del sistema, y esto retrasó mucho la cadena de pagos a profesionales en la actividad cotidiana. Por supuesto que la ciudad de Rafaela no es ajena a toda esta situación nacional, lo cual se vio reflejado en la pasada manifestación realizada en la Plaza ’25 de Mayo’ hace algunas semanas. El reclamo concreto es la sanción de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad, la cual cuenta con la aprobación en diputados y esperamos que obtenga el mismo resultado en senadores. Este suceso, posibilitaría que se retomen las reuniones del directorio de la Agencia Nacional de Discapacidad; quienes regulan y actualizan los aranceles».
Por otro lado, dentro de las falencias y dificultades que afronta el sistema de prestaciones, existen áreas que detentan mayor urgencia. Según Gieco: «El mayor problema de las prestaciones tiene que ver muchas veces con el transporte; un elemento vital para que las personas con discapacidad puedan concurrir a las terapias en los centros de atención.
Actualmente, los prestadores de este servicio están cobrando $ 546 por kilómetro, lo cual no alcanza a cubrir ni siquiera el litro de nafta y mucho menos, hacer frente al pago de salarios. Esto por supuesto, afecta directamente a las familias de personas con discapacidad; quienes vienen sufriendo mucha angustia desde que comenzaron las auditorias de las pensiones no contributivas, ya que es una herramienta indispensable para poder cubrir los tratamientos (sobre todo en el contexto económico que estamos atravesando). Desde ‘Azahares’, intentamos realizar colectas de comida, ropa de abrigo y demás, para cubrir estas falencias sobre todo, en las familias más vulnerables».
Frente a este escenario, el sector de trabajadores de discapacidad se organizó para llevar adelante distintas acciones a nivel municipal, con la finalidad de obtener algunas soluciones inmediatas al conflicto. En relación con ello, Gieco nos contó: «Una de las acciones más recientes que llevamos a cabo, tiene que ver con la presentación de una solicitud a través del concejo de la ciudad, para que también se declare la emergencia en discapacidad a nivel municipal y provincial. Esta solicitud la ingresamos a través de la concejala María Paz Caruso, con la finalidad de que sea tratada por la COMUDIS (Comisión Municipal de Discapacidad); en pos de que las familias que están atravesado esta situación puedan verse acompañadas por el estado local. Además de la falta de financiamiento estructural del sistema de prestación, es común la falta de provisión de recursos como sillas de ruedas, elementos ortopédicos, audífonos y demás. Estos elementos son básicos para que las personas en tratamiento puedan llevar una vida digna en su cotidianeidad».
Por último, el especialista refiere a la importancia de afrontar esta problemática en todos los niveles del Estado y también, nos cuenta cuales son las expectativas del sector en el corto plazo: «Si bien la lucha por defender los recursos de las personas con discapacidad ha tenido diferentes etapas a lo largo de la historia, hoy en día estamos frente a una situación de urgencia como nunca antes. La amenaza más grande que tenemos en frente es la que expresó el propio presidente de la nación, cuando hablo de vetar la Ley de Emergencia que se está tramitando el Congreso Nacional. Desde que adherimos a la convención de personas con discapacidad en el año 2006, hemos sido un país ejemplo en toda Latinoamérica por el sistema de prestaciones. Las obras sociales siempre han realizados reintegros a través del Estado y es necesario que esto se sostenga y se actualice a los valores actuales.
Por todo ello, a nivel local esperamos que la ciudad de Rafaela empatice con la situación de las personas que están siendo afectadas por esta situación, porque entendemos que es la única forma de dejar en claro que los aportes en discapacidad no son un gasto: son un derecho indispensable para la vida. Tanto la municipalidad como la provincia, van a tener que afrontar esta situación en la medida que corresponda, porque es una necesidad social que no puede esperar más. A nivel nacional, esperamos que el Presidente no vete esta Ley de Emergencia porque en ese caso, estaríamos frente a un acto de injusticia y crueldad que nadie se merece».
