Mientras las promesas de equidad y justicia social siguen quedando en el papel, el sector de la discapacidad en Argentina atraviesa una de sus crisis más profundas. Este miércoles, distintas organizaciones y referentes se movilizarán frente al Congreso de la Nación con un objetivo claro: exigir la sanción de una Ley que declare la Emergencia Nacional en Discapacidad.
La convocatoria no es casual. En lo que va de la gestión del presidente Javier Milei, los recortes presupuestarios, la desactualización de los aranceles y la falta de respuestas por parte del Estado han deteriorado de forma alarmante la red de atención a personas con discapacidad. La situación es tan crítica que instituciones de distintos puntos del país denuncian el inminente cierre de servicios fundamentales y la imposibilidad de garantizar tratamientos básicos.
Ahora, el reclamo llegará al Poder Legislativo, donde un plenario conformado por las comisiones de Presupuesto, Discapacidad, Acción Social y Salud analizará el proyecto de Ley que busca declarar la emergencia hasta el 31 de diciembre de 2027. Se trata de una medida urgente ante un escenario que muchos profesionales describen como insostenible.
Desde Diario CASTELLANOS dialogamos con la Dra. Fernanda Gómez Odetto, médica fisiatra y directora médica de ALPI Rafaela, quien brindó un crudo diagnóstico de la situación. «Una vez más, como ya ha sucedido en otras épocas, hoy más que nunca, discapacidad está en emergencia», advirtió.
«Mañana -por este miércoles- se va a hacer una marcha desde distintas ciudades del país con el objetivo de visibilizar la problemática y reclamar que se debata esta ley que busca asegurar el acceso a tratamientos, centros de día, transporte y servicios educativos terapéuticos», agregó la profesional.
El centro de la discusión está puesto sobre el nomenclador de prestaciones, que regula los aranceles pagados por las obras sociales y el programa «Incluir Salud». Durante 2024, el aumento otorgado fue del 1,8%, un porcentaje irrisorio frente a una inflación acumulada que supera ampliamente el 60% en lo que va del año. Según Gómez Odetto, «esto hace que los valores estén completamente desfasados. Los costos de mantenimiento, los sueldos, el transporte, los servicios… todo aumentó muchísimo, pero los ingresos se mantienen congelados».
Las instituciones, por ahora, sobreviven gracias al esfuerzo del personal y a iniciativas solidarias. «Los profesionales cobran honorarios muy magros. Nosotros tenemos un plan de socios y también un sistema de padrinazgo para ayudar a quienes no tienen cobertura», explicó la doctora. Sin embargo, aclaró que: «Esto no es sostenible en el tiempo». Aunque en Rafaela aún no se han producido cierres, ya hay señales de alarma en otras ciudades del país. «Se habla de quiebras, de puertas que se cierran. Esto atenta gravemente contra los derechos de las personas con discapacidad, que van a quedar sin un lugar donde recibir atención».
En otros casos, se ha invitado a los pacientes a reducir la carga horaria o incluso cortar la prestación del servicio al menos por unas semanas a modo de amenaza buscando una respuesta desde más arriba. Claro que no es lo que quieren, hasta incluso jugar con el amor propio del profesional es crudo, entendiendo que son ellos quienes deciden seguir adelante sabiendo que no cobrarán.
Pero la precariedad no se limita a lo económico. Las demoras burocráticas también juegan un rol clave. «Las obras sociales demoran muchísimo en autorizar, y los pagos se hacen a tres o cuatro meses. Eso ya era histórico, pero ahora se suma el hecho de que los honorarios están más de un 60% por debajo de lo que deberían», denunció Gómez Odetto.
La Ley de emergencia que se busca aprobar contempla no solo la actualización del nomenclador, sino también medidas integrales que apuntan a garantizar derechos. Entre ellas, se incluye la creación de una asignación universal por discapacidad, una herramienta que podría marcar una diferencia concreta en la vida de muchas familias.
Conociendo el análisis exhaustivo que el Gobierno Nacional realiza sobre los certificados de discapacidad que están avalados en el país, desde el ámbito profesional sostienen que existen personas que ni siquiera deberían tener fecha caduca del documento entendiendo de qué trata su patología.
Mientras tanto, las instituciones, los profesionales y las personas con discapacidad siguen esperando respuestas. La marcha del miércoles será un nuevo intento por hacerse oír, en un país donde el silencio oficial duele tanto como el recorte.
La emergencia ya no es un concepto: es una realidad que golpea todos los días.
