El Decreto Administrativo Municipal que regula la compactación de más de 600 motos retenidas en la ciudad hasta el mes de julio fue firmado oficialmente, y su implementación comenzará en las próximas semanas. La medida contempla la destrucción de aquellas motos que no se encuentran en condiciones para circular, un proceso que se realizará con máquinas especializadas que serán traídas por una empresa contratada por el municipio.
La empresa encargada de la compactación traerá las máquinas necesarias a Rafaela, y todo el proceso se llevará a cabo con el objetivo de eliminar vehículos que no cumplen con los requisitos de seguridad. El resultado de esta acción beneficiará a dos instituciones de bien público locales, que recibirán los fondos obtenidos del proceso de compactación. Los fondos se destinarán a «Vistiéndonos de Sol», la obra social del Padre Suppo, enfocada en el tratamiento de adicciones, y a APADIR, una entidad que trabaja con niños con discapacidad.
El programa de compactación nacional, PRODECO, será el encargado de facilitar el presupuesto para la operación. La empresa establecerá el valor de la compactación en base al peso de las motos y su tonelaje final. Posteriormente, el 90% de ese valor será destinado a las dos instituciones mencionadas, mientras que un 2% será retenido por PRODECO para cubrir posibles errores o motos mal compactadas.
El futuro de las motos aptas para circular
En paralelo, las motos que estén en condiciones de ser puestas en circulación pasarán por un proceso de remate. El Registro Automotor debe trabajar sobre cada dominio para habilitar las motos y permitir que sean subastadas a nombre de un nuevo propietario. Sin embargo, este proceso aún está retrasado y, por el momento, no se espera un remate cercano.
Se espera que entre 100 y 150 motos sean subastadas, pero aquellas que presenten modificaciones ilegales o escapes libres serán descartadas del remate y enviadas a la compactación, ya que no cumplen con las regulaciones de tránsito. En cambio, las motos que estén en condiciones legales y de seguridad serán las que entrarán al proceso de remate, que se llevará a cabo una vez completada la compactación de las motos no aptas.
Con este decreto, el municipio no solo busca mejorar la seguridad vial y recuperar espacio en la ciudad, sino también generar recursos que ayuden a instituciones que trabajan en el apoyo a sectores vulnerables de la comunidad.
