Uno de los escándalos más importantes en los últimos años en la Municipalidad de Rafaela está atravesando su primer año desde que el tema arribó a la agenda pública. Según recordarán los habidos lectores de Diario CASTELLANOS, las primeras denuncias realizadas hacia el área de Protección Vial datan del año 2018. Lo cierto es que el viernes cumplió un año desde que Daniel Fruttero, exfiscal municipal y hoy colaborador dentro de la nueva gestión, presentó el inicio del proceso administrativo para 5 ex jefes de dicha área, (E. P.; J. N. -principales apuntados-; D. B.; H.R. y D.O.) quienes fueron denunciados por abusos de poder, desigualdad de género y violencia laboral, psicológica, simbólica y sexual.
A un año desde su inicio, Diario CASTELLANOS pudo averiguar que el proceso sigue su curso y finalizó la etapa probatoria. Cabe recordar que a inicios del mes de agosto del año pasado había concluido la primera etapa del proceso respecto a la recolección de pruebas y dio lugar a que los acusados puedan presentar sus descargos, lo cual finalizó a fines del mes de febrero. Ahora la Fiscalía Municipal ya cuenta con todos los materiales para poder iniciar el correspondiente análisis de la causa, arribar a una conclusión y sancionar o no a los partícipes.
Incluso, días atrás, según lo que conoció este medio, la sumariante que se encarga de llevar adelante el proceso recién pudo concluir el repaso de la última pieza que garantiza la defensa de las partes. Altas fuentes del palacio municipal deslizaron a este medio que el sumario que se realizó por esta causa es «muy grande» y demandará de un gran esfuerzo de los equipos de la Fiscalía Municipal para poder analizar el expediente, sacar una conclusión y se tomen cartas en el asunto. Esta etapa podría llegar a demandar de un mes en adelante.
Es importante aclarar que actualmente ninguno de los 5 inspectores que habían sido acusados regresó a sus puestos de trabajo, ni siquiera retornaron a trabajar ya que todos se encuentran con licencias médicas. No es para menos reconocer que en su momento el Ejecutivo les realizó el traslado a otras dependencias, pero al no regresar a trabajar no se efectivizaron. También es importante señalar que ninguno de ellos podría estar trabajando dentro del Estado en caso de regresar.
[{adj:319341} Actualmente ninguno de los 5 investigados ha regresado a trabajar en la Municipalidad de Rafaela. Se espera que a mediados de mayo o inicio de junio poder tener las conclusiones del caso. // Fotografía: N. Gramaglia]
Las denuncias
Como bien señalamos anteriormente, y según también lo que reconoció por aquel entonces el secretario General del SEOM, Darío Cocco, las denuncias presentadas databan incluso del año 2018. El proceso administrativo inició a mediados del mes de abril (12 para ser exactos), con lo cual toda prueba o denuncia que haya sido presentada anterior a esa fecha, pero del año 2021 no será tenida en cuenta ya que el tiempo de denuncia expira luego de dos años. Esto indica que todas las denuncias realizadas desde el 2018 al 2021 no serán tenidas en cuenta para juzgar a los acusados.
La reacción
Todo este caso comenzó a tomar trascendencia pública a mediados de abril, no por las actuaciones de la Fiscalía en su momento sino por el empuje de las delegadas del SEOM, que el 12 de abril definieron convocar a una movilización hacia el área de Protección Vial y Comunitaria debido a reiteradas denuncias por parte de las trabajadoras de dicha dependencia.
Ese mismo día, el Municipio, tras conocer la determinación que habían tomado las delegadas, definió actuar de oficio e iniciar el protocolo de intervención y prevención de violencia laboral. Obviamente, ignorando todo lo ocurrido previamente y reaccionando a partir de la denuncia púbica y la movilización en puerta, lo cual no daba margen a otra maniobra.
Si no serán grandes las coincidencias del destino que ese mismo día, el por entonces fiscal Municipal, Daniel Fruttero; el jefe de Gabinete, Marcelo Lombardo y el secretario de Gobierno y Participación, Jorge Muriel; todos iban a estar presentes en el Concejo Municipal, por temas relacionados a la discusión de crematorio y obras de pavimentación. Pero una vez allí, la agenda se los llevó puestos y toda la discusión se centró en las denuncias presentadas por el sindicato y las acusaciones de las delegadas.
Horas antes de que finalizara ese miércoles 12 de abril, el Municipio lanzó un comunicado oficial donde confirmaban la separación de los agentes acusados por abuso de poder. Dicho comunicado rezaba lo siguiente: «A partir de la situación de público conocimiento expuesta por personal de Protección Vial, la Municipalidad de Rafaela decidió licenciar de sus funciones a los cinco coordinadores de dicha área, a fines de que el proceso de investigación se desarrolle con total normalidad, en pos de la búsqueda del rápido esclarecimiento de los hechos». Justamente esto era lo que los concejales habían solicitado en horas de la mañana a los miembros del Ejecutivo que lideraba Luis Castellano.
Un antes y un después
La denuncia sin lugar a dudas que marcó un precedente de actuación, pero pensando a futuro, habrá que ver y esperar para conocer hasta qué punto el Municipio se ha preparado verdaderamente para atender este tipo de episodios y no sólo a través de la reacción sino que sea por la inercia de las responsabilidades y el deber para el correcto funcionamiento de un organismo estatal.
