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Lavagna confirmó que había cartelización de la obra pública en la gestión de Kirchner

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Lo hizo al declarar como testigo en el juicio oral contra Cristina Kirchner sobre direccionamiento en los contratos con Lázaro Báez. Reveló que ordenó hacer una investigación interna y que luego el entonces presidente Néstor Kirchner le pidió la renuncia.

Roberto Lavagna, ex ministro de Economía, declaró este martes como testigo en el juicio por el supuesto direccionamiento de la obra vial a favor de Lázaro Báez en Santa Cruz. Confirmó que dijo que hubo una «cartelización» de la obra pública en 2005, aunque no aludió a ninguna provincia en particular. Precisó que tras una «advertencia del Banco Mundial», ordenó hacer una investigación a la Comisión de Defensa de la Competencia. Y que esa cartelización obligaba al Estado a pagar sobrecostos.

El exministro declaró en persona en los tribunales federales de Retiro ante el TOF2 que juzga a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, al exministro de Planificación Julio De Vido y al empresario Lázaro Báez, entre otros, por ser parte de una supuesta asociación ilícita que direccionó 3.500 millones de dólares a la obra pública vial en Santa Cruz entre 2003 y 2015.

Ante una pregunta del fiscal sobre un programa del Banco Mundial que financiaba obra pública en Argentina, contestó que “sobre finales del último trimestre de 2005 el Banco Mundial dejó trascender que probablemente iba a iniciar un análisis de cómo marchaba este proceso de rutas”.

“No clarificaron el motivo y fue de manera informal. Por eso el Ministerio de Economía tomó la decisión de hacer algún análisis preliminar por parte de la Secretaría de Política Económica”, explicó.

La primera conclusión “fue que había algunos elementos preliminares que hacían suponer la posibilidad de la cartelización de la obra pública, un acuerdo entre las empresas participantes de las licitaciones”, afirmó el ex candidato a presidente.

Lavagna puntualizó que una veintena de obras viales fueron suspendidas por esas sospechas.

Aclaró que la ejecución de las obras dependía del Ministerio a cargo de Julio De Vido, uno de los procesados en esta causa junto a la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Unos meses antes de las elecciones legislativas de octubre de 2005, el entonces ministro de Economía pidió con carácter de urgente que Defensa de la Competencia comience una investigación completa sobre el tema de la cartelización.

“No sé las conclusiones porque en noviembre de 2005 se produjo mi cambio y no tuve más información. Con el correr de los años hubo algún tipo de denuncia y por el 2008 se cerró el tema”, agregó y confirmó que “el presidente de la Nación tomó conocimiento” de la investigación que había iniciado porque él se lo informó personalmente.

«Específicamente, no», respondió Lavagna cuando el juez Jorge Gorini, del Tribunal Oral Federal 2, le preguntó si él constató esa la cartelización de la obra pública en Santa Cruz en ese período.

Luego explicó cómo fue la conferencia en que habló públicamente de la cartelización: “Fue a finales de octubre, principio de noviembre (de 2005). Estaba previsto que la abra el ministro de Economía y la cierre el ministro del área de Obra Pública, que era De Vido”.

Al encuentro “fue la totalidad del empresario de la obra pública. Ese tipo de convenciones tiene entre 600 y 800 asistentes. Ya se había terminado el informe preliminar en el Ministerio y en una reunión que hubo en Rosario frente a empresarios hablé por primera vez del tema del inicio de una investigación más formal sobre cuestiones de cartelización”.

Dijo que “después lo repetí frente a esa convención de la Cámara de la Construcción, lo que generó un estado de agitación entre los presentes bastante fuerte. Alguien me dijo ‘doctor, justo acá viene a decir esto’, y yo le contesté ‘precisamente acá’”.

«Supongo que en ese informe preliminar (del Banco Mundial) hay un listado de obras en general», contestó Lavagna al recordar sus dichos vinculados a la supuesta «cartelización» durante un acto en la Cámara Argentina de la Construcción el 22 de noviembre de 2005.

El exfuncionario consideró «perfectamente factible que al hablar sobre posibilidad de cartelización de obra pública haya dicho algo de lo que implica en términos de sobrecostos para el Estado», recordó al responder preguntas del fiscal del juicio Luciani.

Lavagna dijo que después de sus dichos en ese acto no tuvo ninguna comunicación con el entonces Néstor Kirchner y recordó que dejó su cargo en ese gobierno a fines de noviembre de 2005, por pedido del entonces presidente.

«Para ser estrictos nunca renuncié, sino que a pedido del Presidente puse a su disposición el cargo, que no es exactamente lo mismo, aunque los efectos son parecidos», indicó.

El exministro le dijo al Tribunal que en esta época «no tenía diálogo» con el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, ni con el exsecretario de Obra Pública también juzgado, José López.

«No había diálogo entre los dos Ministerios», aseveró el exfuncionario sobre la relación que mantenían entonces las carteras de Economía y Planificación.

Lavagna explicó que «lo referido a obra pública estaba en el área de otro Ministerio», no el de Economía.

El exministro dijo «no recordar» quién le transmitió esas «advertencias» del Banco Mundial que estaban en un informe y abrieron una polémica nacional.

«Han pasado más de 15 años», explicó y sugirió que pudo haber sido «perfectamente posible» que haya sido el entonces secretario de Finanzas. (Fuente: Clarín)

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La AFIP modificó el monto mínimo de movimientos que deben informar los bancos

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09.18 La normativa incrementa a $30.000 el monto mínimo a partir del cual las entidades financieras deben reportar consumos con tarjeta de crédito. Y a $90.000 la cifra mínima para informar las acreditaciones mensuales, extracciones, saldos y depósitos a plazo fijo.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) actualizó los montos mínimos a partir de los cuales los bancos deben informar los movimientos en las cuentas y tarjetas de las y los contribuyentes.

Las modificaciones permiten a las entidades financieras agilizar su operatoria y el organismo optimiza la información que recibe en forma automática y permanente sobre acreditaciones mensuales, extracciones mensuales, saldos de las cuentas, los depósitos a plazo y consumos con tarjetas.

La última actualización se había realizado en 2018. La normativa de la autoridad tributaria que se publicará este jueves en el Boletín Oficial incrementa de $10.000 a $30.000 el monto mínimo a partir del cual las entidades financieras deben reportar consumos con tarjeta de crédito.

Asimismo, la Resolución General 5138/2022 lleva de $30.000 a $90.000 la cifra mínima para informar las acreditaciones mensuales, extracciones mensuales, saldos de las cuentas y los depósitos a plazo fijo.

La normativa también introduce mejoras en relación con la información que reportan los bancos sobre los movimientos de las cuentas especiales creadas para la repatriación de activos en el exterior vinculadas al Aporte Solidario y Extraordinario así como las previstas por el Programa de Normalización de la Ley de Incentivo a la Construcción Federal Argentina y Acceso a la Vivienda. (Ámbito)

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La Mesa de Enlace rechazó la propuesta de una reunión con Julián Domínguez

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El Ministerio de Agricultura propuso discutir un temario de tres puntos, pero la entidad rural consideró que no son cuestiones prioritarias para el sector.

La relación entre el Gobierno y las patronales agropecuarias no pasa por su mejor momento. Este martes, el Ministerio de Agricultura convocó a la Mesa de Enlace a discutir un temario de tres puntos, en el marco del Consejo Federal Agropecuario (CFA).
Sin embargo, el cuerpo de representantes agropecuarios rechazó la invitación por entender que no son cuestiones prioritarias en este momento. La cartera a cargo de Julián Domínguez propuso dialogar sobre normativa de troceo, programas de crédito y plan ganadero, pero el campo le pidió que «reconsidere el temario propuesto».
Los ruralistas está convencidos de que los productores afectados «verían como una verdadera falta de respeto y de sentido común que las máximas autoridades en la materia y los dirigentes que los representamos nos reunamos para abordar cualquier otra problemática en estos momentos».
«Si bien se trata de temas que revisten interés para el sector, entendemos que en este momento estas no son las problemáticas que más afectan, preocupan y generan incertidumbre entre los productores que representamos», sostuvieron desde la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias (CEEA).
«Por tal sentido, -continuó- consideramos que la reunión debiera tener como ítem único, urgente y prioritario la búsqueda de soluciones que brinden asistencia a los productores para salir de esta difícil situación».
Entre los puntos que reclamó discutir la Mesa de Enlace está la eximición del «anticipo de Ganancias» para los productores afectados.
En ese sentido, remarcó que «les resulta absurdo pensar en ganancias porque se torna un sinsentido inexplicable» porque «si no se cambia esta situación, el Gobierno estaría pidiéndole a estos damnificados que hagan un desembolso de dinero que no tienen, y si lo tuvieran, debieran poderlo afectar a paliar la dramática realidad que viven».
Como puntos prioritarios a discutir agregaron «logística, seguridad rural, impuestos (en especial IIBB), Financiamiento, Economías Regionales, entre otras, y que en gran parte son del ámbito de los Gobiernos Provinciales».
«Estamos convencidos de que esos productores verían como una verdadera falta de respeto y de sentido común que las máximas autoridades en la materia y los dirigentes que los representamos nos reunamos para abordar cualquier otra problemática en estos momentos», enfatizó la Mesa de Enlace.

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Vicentin presentó una nueva propuesta de pago para convencer a los acreedores más chicos

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La empresa propuso un pago de U$S 20.000 y luego una quita del 70% de la acreencia, a abonar en 15 cuotas anuales.

La agroexportadora Vicentin presentó una nueva propuesta de pago del 100% de la deuda en una sola cuota y en dólares a acreedores granarios de hasta U$S 30.000, con el objetivo de conseguir una mayoría para poder refrendar la oferta realizada ante la Justicia.
La propuesta fue calificada como «una mentira más» y como parte de una estrategia de «demagogia barata» por el abogado Gustavo Feldman, que representa a un grupo de acreedores del concurso preventivo de la compañía.
La oferta de Vicentin consiste en el pago en una sola cuota y en dólares del 100% de su deuda a los acreedores granarios que verificaron impagos de hasta U$S 30.000 por la entrega anticipada de granos, indicaron fuentes del concurso.
Feldman, que representa a un grupo de acreedores y litiga penalmente contra Vicentin, explicó a Télam que la oferta fue hecha a 791 acreedores.
En términos cuantitativos la oferta mejora sustancialmente a la anterior, en la que había ofrecido un pago de U$S 20.000 y luego una quita del 70% de la acreencia, a abonar en 15 cuotas anuales.
Si consiguiera la aceptación de ese segmento de acreedores, Vicentin avanzaría en el objetivo de obtener la mayoría absoluta (la mitad más uno) que requiere la Ley de Quiebras y Concursos para la homologación de la propuesta por parte del juzgado, atento a que el juez Lorenzini verificó 1.290 acreedores granarios de un total de 1.727 que admitió.
De todos modos, el artículo 45 de la ley establece que la concursada debe conseguir, también, la aceptación de acreedores equivalente a las dos terceras partes del capital, lo que sería insuficiente con la propuesta efectuada a los productores con pequeñas acreencias.

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