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Editorial

La productividad y el estancamiento

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Cuando se piensa en el crecimiento económico de los países en el mediano o largo plazo, a menudo se centra la atención en las inversiones en maquinarias (que amplían el stock de capital físico) o en una mayor utilización de la mano de obra (que lleve a un incremento en los niveles de empleo). Aunque son dos elementos muy relevantes, no debe olvidarse que una parte sustancial del devenir del Producto Bruto Interno (PBI) se explica por otras cuestiones, como ser la incorporación de tecnología, las reorganizaciones empresarias o las regulaciones que impactan en la operatoria de las firmas.
Los economistas recurren con frecuencia al concepto algo etéreo de Productividad Total de los Factores (PTF) para dar cuenta de aquel cambio en el PBI que no puede atribuirse a incrementos de los factores productivos capital o trabajo y que comprende a esos otros elementos que previamente mencionamos -más un largo etcétera-, frutos de la interacción de las políticas públicas y el accionar del sector privado.
Para ilustrar el potencial que tienen los cambios en la PTF como fuerza impulsora del PBI puede recurrirse a datos extraídos de estudios de «contabilidad del crecimiento», que descomponen la tasa de variación del Producto en aquellas porciones imputables al capital, al trabajo y a la PTF. Un documento publicado hace un par de años por la Secretaría de Política Económica mostró que del 4,3% promedio anual que creció el PBI de Argentina en el período 1993-1998, 1,9 puntos porcentuales (pp) corresponden al capital, 0,6 pp al trabajo y 1,8 pp a la PTF.
En otros términos, según estos cálculos el 40% de la expansión del período señalado no fue por un aumento en la cantidad de maquinarias o en los trabajadores, sino por una mejora en la PTF. Llegado este punto, debemos admitir que las estadísticas de productividad suelen presentar imperfecciones, asociadas a la compleja naturaleza del fenómeno que pretenden captar, y que pueden estar afectadas por ciertos errores de medición en los otros componentes que entran en los cálculos. Estas fallas se vuelven más importantes en momentos de ingreso o salida de fuertes crisis macroeconómicas, cuando se distorsionan los aportes que efectivamente hacen el capital y el trabajo. De todos modos, el caso -dada la magnitud de la variación y el hecho de que no se trate de un período crítico en términos macroeconómicos- sirve como evidencia del muy significativo rol que la PTF puede cumplir en la expansión de las economías.
El lado negativo de esta relevancia es que un estancamiento de la productividad -o peor aún, un retroceso- puede constituir un pesado lastre para cualquier país. Al respecto, las estadísticas de The Conference Board marcan que para el período 2012-2019 la PTF de Argentina tuvo una caída promedio anual de 1,6 pp. En otras palabras, la evolución del PBI local hubiera sido 1,6 pp mejor a lo que efectivamente fue en esos años (lo que habría implicado pasar de la ligera caída que efectivamente se registró, a un modesto crecimiento) con tan solo haberse evitado ese deterioro en la PTF. Insistimos, son mediciones imperfectas, pero la magnitud de la caída, aunque más no sea una aproximación, luce alarmante.
El premio Nobel Robert Lucas dijo alguna vez que, por las enormes implicancias que tiene para el bienestar de la humanidad, una vez que se empieza a pensar en el crecimiento económico es difícil pensar en cualquier otra cosa. Parafraseándolo, podríamos señalar que una vez que se reconoce la enorme relevancia que la productividad tiene para el devenir económico de los países resulta difícil desatenderse de su evolución. O, por lo menos, que descuidar su comportamiento resulta muy costoso para el bienestar material de millones de personas.
Tras una década de estancamiento -que se ve reflejada en el deterioro de multiplicidad de indicadores, como ser pobreza, poder adquisitivo del salario, exportaciones, por solo mencionar algunos- la recuperación del dinamismo del nivel de actividad es una tarea urgente para la Argentina. Por la enorme relevancia que en este proceso puede tener la productividad, los sectores públicos y privados deberían redoblar esfuerzos a fin obtener progresos en esta crucial materia, resultado de multiplicidad de acciones en los planos micro y macroeconómico.
editorial@diariocastellanos.net

Editorial

Vivir en otros

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Esta semana se conmemoró el Día Mundial de la Donación de Órganos, Tejidos y Trasplantes. Por disposición de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se trata de una celebración que tiene como propósito incentivar en todas las personas del mundo el querer ser donantes y así salvar la vida de otras personas menos afortunadas en lo que respecta a la salud física.
Ser donante de órganos siempre se ha pensado que es correr un riesgo. Hoy en día, además, persisten muchas creencias que impiden a los individuos del mundo pensar en ser donantes. En realidad, ser donante de órganos no es correr un riesgo, sino más bien convertirse en una salvación para otros.
Son muy poco comunes los casos en los que se extirpa un órgano o tejido a una persona viva, y cuando esto ocurre casi siempre se trata de individuos pertenecientes a un mismo núcleo familiar.
Por lo tanto, la mejor manera de poder conmemorar este día es el de destruir los mitos que encierra la donación de órganos y tejidos.
En las últimas décadas el trasplante de órganos se ha consolidado como tratamiento médico para dar respuesta a determinadas patologías. El avance de la ciencia en este campo se ve reflejado en la cantidad de trasplantes que se realizan en el país, que permiten salvar y mejorar la calidad de vida de miles de personas.
A diferencia de otras prácticas médicas, el trasplante requiere de la participación y el compromiso de la sociedad. Nuestro país cuenta con médicos de excelencia y con centros sanitarios adecuados, pero más allá de estas ventajas el trasplante no sería posible sin la donación de órganos.
El trasplante es en nuestro país una realidad cotidiana. El INCUCAI (Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante) afirma que los medios de comunicación juegan desde hace tiempo un rol clave en relación con el tema, brindando su apoyo, informando, generando conciencia y conocimiento verdadero.
Este aporte resulta de suma importancia teniendo en cuenta que el trasplante de órganos es una temática que puede resultar sensible ya que implica pensar en la propia muerte y tomar una decisión que puede cambiarle la vida a otras personas.
Días pasados, una carta de la mamá de Lucas Pierazzoli, rugbier recientemente fallecido en un partido, conmovía a los lectores. Esa mujer, atravesada por el dolor, tenía la capacidad de agradecer toda la ayuda recibida por su hijo en las breves horas anteriores a su muerte. Un hijo que dejaba un enorme legado y que confirma también los valores que transmite un deporte muchas veces injustamente cuestionado.
La voluntad de Lucas, donante de órganos de 28 años que se registró como muchos sin conocer su fecha de partida, era la de dar vida a otros cuando no estuviera. Quienes lo conocían destacan que era una persona preocupada por quienes lo rodeaban, sumamente bondadosa. Su gesto habría quedado trunco si su familia no hubiera tenido la disposición y la entereza necesaria para promover las ablaciones. De nada sirve registrarse como futuro donante si al doloroso momento del fallecimiento la familia no acompaña en los hechos la decisión.
En momentos dolorosos, aceptar la voluntad del ser querido es literalmente vital para muchos.
Gracias a la disposición y aceptación de la familia de Lucas, su hígado salvó la vida de una persona en el Hospital Italiano. Sus riñones también funcionan ya en otra. No hay que olvidar que los órganos de un donante pueden salvar hasta siete vidas en una coordinada estrategia entre organismos oficiales como el Incucai, la comunidad científica, los pacientes y los líderes de opinión de una sociedad.
La pandemia promovió la conciencia sobre el valor de registrarse (www.argentina.gob.ar/manifestar-la-voluntad-de-donacion-de-organos-y-tejidos), más allá de que todos somos donantes, a menos que manifestemos lo contrario, a partir de la ley del donante presunto, conocida como ley Justina, sancionada en 2018. Afortunadamente, los protocolos sanitarios diseñados en la emergencia sirvieron para que los trasplantes no se detuvieran. A la fecha, casi 7.000 personas aún aguardan un órgano para salvar su vida. Gracias a Lucas. Gracias a su familia. Gracias por la vida.
editorial@diariocastellanos.net

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Editorial

Insistir en el error

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Nadie duda del carácter esencial que ha adquirido el acceso a internet en nuestros días, lo que se vio reforzado por la pandemia de Covid-19, que aceleró los procesos de teletrabajo, teleeducación y telesalud, entre otros. Erróneamente, el Gobierno cree que de tal importancia se deduce la necesidad de considerar la prestación del servicio de acceso a internet (y además, a la telefonía móvil y a la TV por suscripción) un servicio público, concepto que tradicionalmente ha estado reservado a actividades prestadas bajo un régimen de monopolio y no a actividades que se brindan en competencia, como las mencionadas.
La vocación de controlar y dirigir en todos sus aspectos a la actividad empresaria es una constante del actual Gobierno, que insiste con iniciativas estatistas perimidas que siempre terminan empeorando los problemas que venían a solucionar. El servicio público conlleva un importante grado de dirección estatal en la organización y provisión de los servicios y, particularmente, en el control de sus precios, lo que por ahora parece ser el objetivo de esta calificación.
Primero fue el decreto de necesidad y urgencia 690, de agosto de 2020. Puesta en crisis su legalidad por la Justicia –que dictó cinco medidas cautelares suspensivas de sus efectos–, el Gobierno vuelve a la carga con un proyecto de ley impulsado por el senador Alfredo Luenzo (FDT-Chubut), que transforma casi literalmente en ley a aquel decreto y que se trata actualmente en comisión, juntamente con otras iniciativas de los senadores Antonio Rodas (FDT-Chaco), Daniel Lovera (FDT-La Pampa), Silvia Sapag (FDT-Neuquén), Juan Carlos Marino (JxC-La Pampa) y Gladys González (JxC-Buenos Aires).
No hay consenso en la doctrina sobre las consecuencias derivadas de la calificación de una actividad como servicio público, aunque sí lo hay en que debe tratarse de una actividad indispensable para la vida social. En este sentido, cabe señalar una vez más que la TV por suscripción, existiendo la televisión abierta gratuita, no cumple con ese requisito, lo que es otra evidencia de la falta de racionalidad de la determinación presidencial. En la TV paga, al igual que en el servicio de internet, no se trata de aprovechar un recurso escaso, sino que la infraestructura depende de la inversión.
De acuerdo con las propias estadísticas del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) y estudios de la Cámara Argentina de Internet (Cabase), la Argentina cuenta por cobertura y velocidad con la segunda mejor internet de Latinoamérica, solo superada por Uruguay. Un estudio de Carrier y Asociados demuestra que es la más barata luego de Paraguay, lo que deja sin sustento el falaz relato presidencial de la estafa y el robo que supuestamente significaban sus precios.
Si el servicio público implica excluir del mercado una actividad, es contradictorio que se haga al mismo tiempo una defensa de la competencia, ya que no hay competencia sin mercados. El diseño constitucional en materia de regulación económica fue actualizado en la última reforma de 1994, reafirmando la presencia de un modelo basado en la propiedad privada de los medios de producción, el libre mercado y la defensa de la competencia. Nuestra Constitución considera que la libre competencia es un derecho de los consumidores. Según su texto, las autoridades proveerán a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados y al control de los monopolios naturales y legales. La justificación para la intervención legal en un mercado reconoce en nuestra Constitución dos hipótesis: la «distorsión de los mercados» y la presencia de «monopolios». Ni el DNU 690 ni los proyectos de ley en cuestión respetan esos presupuestos.
Urge revertir esta nefasta política antes de que las consecuencias sean aún peores. Generar incentivos a la inversión mediante reglas simples, eliminar barreras municipales al despliegue de infraestructura, incentivar su compartición y revisar la tributación del sector permitirán lograr de modo más rápido y eficiente la reducción de la brecha digital.
De acuerdo con el Informe Anual del Índice de Desarrollo de la Banda Ancha en América Latina y el Caribe del Banco Interamericano de Desarrollo, correspondiente a 2020, para el cierre de la brecha digital, llevando la actual penetración de servicios en la Argentina al promedio de la OCDE se necesita una inversión de 4.691 millones de dólares. El Estado anunció el año pasado una inversión en cuatro años de 40.000 millones de pesos, unos 400 millones de dólares al tipo de cambio oficial, menos del 10% de lo necesario. La inversión privada, por ende, es clave para el logro de ese objetivo y mayor intervencionismo e incertidumbre, sumados a los problemas macroeconómicos, van en sentido contrario al que se necesita para cerrar dicha brecha.
editorial@diariocastellanos.net

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Editorial

Siempre más, nunca menos

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Aunque parezca una verdad de Perogrullo, buena parte de nuestra dirigencia política, empezando por quienes hoy ocupan funciones de Gobierno, parece desconocer que la mejor garantía para enfrentar la pobreza es generando más trabajo, nunca menos. Sin embargo, siguiendo las rancias y obsoletas recetas del populismo, nuestros gobernantes tienden a pensar que, para disminuir los niveles de pobreza y desempleo, es preciso prohibir los despidos, encarecer aún más las indemnizaciones, extender planes sociales absolutamente improductivos, poner en marcha jubilaciones anticipadas, reducir jornadas laborales y multiplicar los feriados.
El día que la clase dirigente comprenda que la mejor forma de proteger el empleo no pasa por la rigidez de leyes que tienden a prohibir los despidos, sino por la educación y la capacitación permanente -principales fuentes de igualdad de oportunidades- y por los incentivos a la contratación laboral, nuestro país dará su primer paso hacia el pleno empleo. La no muy lejana noticia sobre las dificultades que experimentó la compañía Toyota para encontrar 200 trabajadores con título secundario para su planta automotriz de Zárate habla a las claras.
Recientemente, el presidente Alberto Fernández, durante la convención anual de la Cámara Argentina de la Construcción, pidió a los empresarios que no piensen en el costo de una indemnización el día de un despido, sino en el trabajo que se genere. Y concluyó: «Yo le digo sí al trabajo y le digo no al desempleo».
El primer mandatario deberá entender que no será con irresponsables expresiones voluntaristas cómo se generará trabajo, ni tampoco eludiendo o pretendiendo desconocer los excesivos costos laborales y la falta de flexibilidad de nuestra legislación del trabajo a la hora de contratar trabajadores, sumada a las derivaciones de la perniciosa industria del juicio laboral. El proyecto de ley que presentó conjuntamente con la CGT y la CTA, y que fue enviado al Congreso, impulsa lo que podría constituir un nuevo y grave obstáculo, al proponer comisiones mixtas para discutir condiciones en empresas privadas que superen los 100 empleados.
Resulta imposible para cualquier empleador sustraerse de los costos directos e indirectos que implica toda contratación laboral. Entre ellos, el de las eventuales indemnizaciones por despidos, hoy duplicado por una norma que los prohíbe y obliga a la empresa que los lleve a cabo a pagar el doble.
Discutir si hay que otorgarle mayor o menor protección al trabajador y a su fuente de trabajo es equivocar la estrategia para avanzar hacia el crecimiento del empleo. De lo que se trata no es de proteger más al trabajador, sino de protegerlo mejor, para lo cual es vital no hipotecar la capacidad patrimonial de las empresas, y en particular de las principales generadoras de empleo, que no son otras que las Pymes.
El debate debería centrarse en cómo potenciar la inversión productiva por parte del sector privado, lo que torna indispensable estimular la contratación laboral, además de generar confianza basada en la seguridad jurídica y la previsibilidad en materia económica.
En los últimos días, se conocieron varias iniciativas para reformular el vetusto régimen de indemnización por despido que nos rige, y que se suman a una dada a conocer por el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Al mismo tiempo, la dirigente Elisa Carrió abogó públicamente por terminar con la indemnización por despido porque «funde a las Pymes».
Un proyecto del senador nacional Martín Lousteau (JxC) propició la creación de un Fondo Nacional de Cese Laboral en el ámbito de la Administración Nacional de Seguridad Social. Al igual que la iniciativa dada a conocer por Rodríguez Larreta, apunta a la constitución de un seguro de desempleo, al estilo del que existe en la actividad de la construcción, que reemplace el oneroso pago de una indemnización por despido. El sistema propuesto contempla un aporte obligatorio del empleador y le ofrece al empleado la ventaja de que no solo se llevará el equivalente a un mes de sueldo por cada año de antigüedad en caso de ser despedido, sino también en ocasión del cese de la relación laboral por cualquier otro motivo.
El altísimo índice de desempleo en la Argentina ronda actualmente los dos dígitos. De acuerdo con los datos del Indec, al segundo trimestre de este año, la tasa de desocupación alcanzó el 9,6%, al tiempo que la subocupación llegó al 12,4%. Se trata de un dato engañoso, ya que prescinde de un porcentaje muy significativo de personas que han dejado de buscar trabajo, básicamente por carecer de esperanzas de encontrarlo, y que si se tomara en cuenta engrosaría el total de desempleados.
editorial@diariocastellanos.net

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