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La Corte busca declarar inconstitucional la reforma de Cristina en el Consejo de la Magistratura

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08.42 El máximo tribunal busca recuperar los equilibrios entre los integrantes del sector político y el jurídico.

La Corte Suprema de Justicia prepara un fallo para declarar inconstitucional la composición actual del Consejo de la Magistratura, que fue dispuesta por una reforma legal impulsada por Cristina Kirchner, como senadora, en 2006.

Los jueces planean firmarlo antes de fin de año. Es un caso que espera una definición de la Corte desde 2016. El fallo confirmaría que la integración actual del Consejo no respeta el “equilibrio” entre los estamentos que exige la Constitución Nacional y podría tener por efecto, además, la asunción del presidente de la Corte -cargo que hoy ocupa Horacio Rosatti- como presidente del Consejo.

No está claro si la decisión sería volver de inmediato a la ley anterior a la reforma o abrir una ventana de tiempo que le permitiera al Congreso dictar una nueva ley, lo que parece más probable. “El contenido de eso es algo en lo que trabajan los tres ministros directamente”, dijeron en una de las vocalías de la Corte. Los “tres ministros” son Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda; todos menos Ricardo Lorenzetti, que tiene un enfrentamiento abierto con sus colegas, agravado después de la tormentosa elección de autoridades en el máximo tribunal. “No hay vuelta atrás”, dicen en el despacho de otro de los magistrados sobre esa relación. Es posible, sin embargo, que Lorenzetti vote con ellos. Pero la señal política que implicaría resolver este caso después de casi seis años y poner un pie en el Consejo es un mensaje de la nueva mayoría.

Está en juego el futuro de un organismo clave para la Justicia, el que selecciona y controla a los jueces, y administra los fondos del Poder Judicial. Actualmente está partido en dos entre oficialistas y opositores. ¿Qué impacto político tendrá una eventual declaración de inconstitucionalidad sobre esa relación de fuerzas? No demasiado, dicen a ambos lados de la grieta. Es que el equilibrio roto, según la demanda que presentó en la Justicia el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, es entre el “estamento político” (que incluye a los legisladores opositores y oficialistas, y al representante del Poder Ejecutivo), los jueces y los abogados. Pero en la práctica nunca sucede que todos los legisladores y el representante del Ejecutivo voten juntos. Y los jueces, los abogados y el académico no funcionan como técnicos prescindentes de la pelea política.

El aspecto más polémico de la reforma que impulsó el kirchnerismo fue que con la reducción de miembros -que pasaron de 20 a 13-, el oficialismo fue el único sector que no perdió poder. Retuvo a sus cinco representantes (sus dos senadores, sus dos diputados y el delegado del Poder Ejecutivo) y, además, obtuvo “poder de veto”: ningún juez puede ser acusado ni seleccionado para integrar una terna sin el aval del oficialismo.

Sin embargo, para nombrar jueces o someterlos a juicio político, antes y ahora, hizo falta siempre una mayoría de dos tercios que ningún estamento, ni ningún grupo político, tiene por sí mismo. Deben llegar a un consenso.

Los consejeros dan por hecho que el fallo es inminente. Algunos dicen incluso que tiene una fecha tentativa: 16 de diciembre. Se preguntan cómo va a ejecutar la Corte esa declaración de inconstitucionalidad.

“Los fallos deben ser acatados, pero un caso así requeriría un tiempo prudencial para llegar a la nueva composición”, dijo el presidente del Consejo de la Magistratura, Diego Molea, representante de las universidades y parte del bloque oficialista. Está previsto que su presidencia dure hasta febrero próximo. “Podría disponerse que el fallo fuera de aplicación cuando venzan todos nuestros mandatos, en noviembre de 2022″, afirmó. Dentro de un año, el Consejo se renueva íntegro.

En principio, la declaración de inconstitucionalidad de la reforma implicaría que recobrará vigencia la composición anterior, la de 20 miembros, con el presidente de la Corte como titular del Consejo. Pero incluso para eso se necesita tiempo, advierten los consejeros. Haría falta llamar a elecciones para designar a los nuevos abogados, el nuevo juez y el nuevo académico. Es un proceso que normalmente comienza varios meses antes del recambio, en marzo.

Otro problema que se generará, de fallar la Corte en este sentido, es la interpretación sobre a quién le correspondería el lugar de las “segundas minorías” del Congreso, que estaban representadas en el Consejo de 20.

“No creo que Rosatti o Rosenkrantz vayan a querer sentarse el 17 de diciembre a presidir el Consejo. No creo que quieran generar un conflicto de poderes”, dijo un funcionario kirchnerista que interviene en los temas judiciales. La referencia a Rosenkrantz es porque dice suponer que Rosatti podría delegar en él, vicepresidente de la Corte, la presidencia del Consejo. “Lo más sensato sería que dijeran que este sistema no va, pero que los mandatos siguen vigentes hasta noviembre. Y que si para ese momento el Congreso no dictó una nueva ley, entonces sí debe volverse al Consejo anterior.”

Diego Marías, representante de los abogados, que llegó al Consejo por una alianza entre Pro y la UCR, coincidió en que “la experiencia del Consejo de 20 ya fracasó”. Y afirmó: “Lo ideal sería que la conformación del Consejo la decidiera el Congreso, y no que surja de un fallo judicial. Que lo acuerden las fuerzas políticas”. Marías, además, descree de la idea de un Consejo despolitizado. “Es un organismo en el que prima la política. Hay dos visiones que son muy claras y sobrepasan la pertenencia estamentaria, más allá de que yo creo que la abogacía está discriminada y que debería haber más abogados”.

Lo que tiene a estudio la Corte es la revisión de un fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, dictado el 19 de noviembre de 2015. Fue apelado por el gobierno kirchnerista (por eso no se ejecutó) y cuando asumió Mauricio Macri su gestión no desistió del recurso. Tenía la llave para que el Consejo volviera en ese momento a su composición de 20 miembros, pero la gestión de Macri no la utilizó. En cambio, le pidió tiempo a la Corte para presentar un proyecto de reforma diferente en el Congreso, iniciativa que no prosperó.

Lorenzetti anunció el 6 de octubre pasado que la Corte, después de años, tenía el caso “en agenda”, para resolver. En mayo de 2018, la Procuración, a cargo de Eduardo Casal, había dictaminado en esta causa y recomendado no hacer lugar al planteo de inconstitucionalidad.

La reforma cuestionada

En 2006, a instancias de Cristina Kirchner, por entonces senadora, el Congreso redujo a 13 el número de miembros del Consejo de la Magistratura, con fundamento en que así sería “menos burocrático”. Perdieron representantes los jueces, los abogados y la academia, y se eliminó el lugar de los partidos minoritarios (las segundas minorías del Congreso tenían un senador y un diputado en el Consejo).

El viejo Consejo de 20 estaba formado por cinco jueces (uno de ellos, el presidente de la Corte, que presidía también el Consejo), cuatro senadores, cuatro diputados, cuatro abogados, dos académicos y un representante del Poder Ejecutivo. (La Nación)

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Salud buscará acelerar la campaña de vacunación de cara al inicio de las clases

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Así lo acordaron los titulares de las distintas carteras sanitarias de todo el país durante una reunión del Consejo Federal de Salud encabezada por la ministra Vizzotti.

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, se reunió este viernes con los ministros de Salud provinciales, en el marco de una nueva convocatoria del Consejo Federal de Salud (Cofesa), y fuentes del organismo informaron que «hay consenso para fortalecer la articulación de las áreas de salud y educación también a nivel provincial para acelerar la campaña de vacunación de cara al inicio del ciclo lectivo».
La ministra se reunión de modo virtual con sus pares provinciales con quienes determinó que se «va a trabajar muy fuerte con las áreas técnicas las próximas semanas para definir protocolos de aplicación».
Desde el Ministerio agregaron que están trabajando para emitir un comunicado con el resultado final del encuentro.

Empezar las clases con vacunación completa

Días atrás la Ministra había indicado que este impulso «no sólo apunta a Covid-19 sino a todas las vacunas de Calendario Nacional para evitar que luego de esta pandemia tengamos brotes de algunas de las enfermedades inmunoprevenibles que pudimos eliminar gracias a las vacunas».
A modo de ejemplo, señaló que «estamos viendo brotes de sarampión en algunos países del mundo que nos preocupan mucho; uno de esos países es Brasil, que está muy cerca».
La ministra informó que «las coberturas en general de vacunación de niñas, niños y adolescentes han descendido entre cinco y diez puntos desde que comenzó la pandemia por las actividades extramuros que no se pudieron hacer y las personas que no se acercaron a los vacunatorios», cerró.

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Conflicto en Ucrania: de qué se trata y qué países se enfrentan

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Ya no se trata de la Guerra Fría. Cada vez se suman más países, los aliados fueron cambiando de bando, y cada uno juega roles diferentes.

No es la Guerra Fría porque entre otras cosas la Rusia actual no es la Unión Soviética, que controlaba bajo su bota la voluntad de la mitad oriental de Europa y media Asia central. Más de 30 años después del final de la Guerra Fría, Moscú sí busca volver a tener una esfera de influencia y en ese juego es esencial la pieza ucraniana. Sin Ucrania su influencia sobre sus vecinos queda muy limitada.
Ucrania es, tras Rusia, el mayor pedazo de la disgregación de la Unión Soviética, uno de los más ricos y desarrollados, pieza clave en la geopolítica del oriente europeo. Y como no es la Guerra Fría los aliados de cada bando cambiaron y su papel es otro.
Nadie espera ver blindados estadounidenses, alemanes o franceses por el Donbass junto a las tropas ucranianas defendiendo a Ucrania de un ataque de tropas rusas que podrían contar con aliados como los kazajos o los kirguises. 2022 no es 1950 ni 1990.
Con esas diferencias en mente sí es cierto que muchos países se posicionan del lado de Ucrania y menos del lado de Rusia. Aunque esos posicionamientos no conlleven una eventual entrada en una guerra entre Rusia y Ucrania, sí podrían apoyar a Kiev con sanciones a Rusia o entregándole armas, como ya hacen los británicos, los bálticos o los polacos.

El lado de Ucrania

Ucrania no es miembro de la OTAN y por lo tanto no recibirá una ayuda militar automáticamente si es atacada por Rusia. Sí está recibiendo armamento de forma limitada y lo lleva haciendo en los últimos años. Sus Fuerzas Armadas no son tan débiles como en 2014 precisamente por esa ayuda. Ese armamento le llega de Estonia, Letonia, Lituania, Reino Unido o Polonia.
Ucrania puede contar con el apoyo político de los 30 Estados miembros de la OTAN, aunque hay diferencias sutiles. El apoyo de Polonia o del Reino Unido es mucho más claro y evidente que el de una Alemania que bloquea que la OTAN como tal le entregue armas a Kiev porque considera que eso es avivar las ascuas del fuego.
El gobierno ucraniano también puede contar con el apoyo de la Unión Europea de dos formas: por las sanciones cada vez más duras que Bruselas va aprobando contra Moscú y porque la Unión Europea ha salido al rescate de Ucrania con préstamos en condiciones que nunca habría obtenido en los mercados financieros a sabiendas de que está por ver que esos préstamos puedan ser devueltos algún día.
Ucrania no está recibiendo apoyo militar directo pero sus vecinos miembros de la OTAN sí. Bulgaria por ejemplo ha visto como Francia prometía este jueves el envío de una flotilla de cazabombarderos y España el de una fragata al Mar Negro. Son medidas de disuasión contra Rusia pero para proteger a Estados miembros de la OTAN, no a Ucrania.
Una forma de ayuda de la que se habla en la OTAN sería la de permitir que tropas rusas se pusieran a salvo en territorio de sus vecinos occidentales, pero el debate no ha ido más allá de algunas conversaciones entre embajadores y ministros y no está oficialmente en ninguna agenda.

El lado de Rusia

Rusia cuenta con apoyo político más retórico que de otra forma de países como sus vecinos Kazajstán, Armenia, Bielorrusia, Tayikistán o Kirguizistán o del otro lado del mundo como Venezuela o Cuba.
Pero en Europa nadie imagina a tropas venezolanas o cubanas combatiendo en suelo ucraniano al lado de tropas rusas. Ese apoyo, lejos de sumar voluntades en organismos como Naciones Unidas, parece tener muy poco peso.

China

China podría ser el principal apoyo económico si Beijing sabe jugar a sostener a Rusia sin romper relaciones comerciales con los europeos y estadounidenses, sus principales clientes.
Putin también tiene algún aliado político en Europa, como Serbia. Y dentro de la Unión Europea el extravagante caso del húngaro Viktor Orban, cuya retórica es pro-Moscú pero cuyas acciones (como aprobar cada semestre que se renueven las sanciones de la Unión Europea a Rusia) no lo parecen tanto. (Clarín)

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Guzmán habló sobre «la etapa crítica» que atraviesan las negociaciones con el FMI

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En una entrevista al diario francés Le Figaró, el Ministro de Economía reiteró que la Argentina quiere llegar a un acuerdo con el Fondo, aunque reclamó que los plazos de pago sean más flexibles.

Mientras que el Gobierno intenta cerrar un acuerdo a contrarreloj con el Fondo Monetario Internacional (FMI), este viernes el ministro de Economía Martín Guzmán habló con un medio francés y se refirió a la «etapa crítica» en la que se encuentran las negociaciones con el organismo multilateral.
«La diferencia que tenemos con el FMI es la velocidad de consolidación fiscal y las combinaciones entre gastos e ingresos. No queremos penalizar la demanda cuando la economía se está recuperando», argumentó el funcionario en diálogo con el diario Le Figaró, en línea con el discurso que brindó delante de los gobernadores a comienzos de este mes. Para Guzmán, de seguir con la trayectoria pronosticada por el Fondo, se frenaría el crecimiento y «la credibilidad» del programa de apoyo.
En ese contexto, el Ministro apuntó que la Argentina «tiene la oportunidad de continuar su recuperación sin la carga de una deuda insostenible». Si bien resaltó que el Gobierno «quiere llegar a un acuerdo», apuntó sobre la necesidad que tiene el país de contar con un mayor plazo para pagar los US$ 44.000 millones que adeuda.
«El programa stand by de 2018 con el FMI no logró ninguno de sus objetivos: no permitió que la Argentina retomara su crecimiento, no controló la inflación ni protegió a los más vulnerables. Por el contrario, ha agravado la recesión, el desempleo, la pobreza y la inflación», argumentó el funcionario.
Asimismo, el titular de la cartera de Economía hizo hincapié en la reducción del déficit primario en el último año. Ayer se conoció que 2021 cerró con un déficit de 3% del PBI, la mitad de lo que hubo durante el año de la pandemia (6,4%). «La Argentina necesita continuar por este camino, que está sucediendo ahora, en un proceso de consolidación fiscal virtuosa porque eso fortalecerá nuestro crédito y nuestra moneda. Y la Argentina también quiere converger a una situación donde no haya un financiamiento sistemático del Banco Central al Tesoro», afirmó. En diciembre, el financiamiento monetario finalizó en torno de los $ 680.000 millones (1,5% del PBI), un máximo de la historia reciente para ese mes.
En cuanto a la inflación, uno de los temas que seguirá presente este año -los economistas lo ubican por encima del 50%-, el Ministro de Economía aseguró que será su «prioridad, junto con la creación de empleo».
«La inflación tiene múltiples causas, entre ellas un componente monetario, ligado al histórico problema de balanza de pagos de la Argentina. Cuando la economía crece, si las exportaciones no siguen el mismo ritmo, se producen tensiones en la balanza de pagos que provocan una depreciación de la moneda y alimentan la inflación. Segundo factor: la financiación del déficit público. La falta de mercados de capitales domésticos se suma a las presiones inflacionarias. Estamos en el proceso de desarrollar estos mercados, la financiación nacional está progresando significativamente», concluyó. Fuente: La Nación.

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