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Editorial

La cancha inclinada

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Culminó una frenética serie de inauguraciones y anuncios, tanto a nivel nacional como en las provincias, donde los oficialismos intentaron capitalizar lanzamientos de obras y entrega de beneficios para mejorar sus chances en las próximas legislativas. Rige la veda para que los funcionarios aprovechen la publicidad de actos de Gobierno con fines proselitistas, aunque la normativa tiene zonas «grises» que ya comenzaron a evidenciarse, con actos de desembozado clientelismo en varios distritos.
Se destacaron dos definiciones de la Justicia. En San Luis, un juez federal prohibió al gobernador Alberto Rodríguez Saá entregar dinero en efectivo por $ 85 millones y le impidió pagar nuevos planes sociales y microcréditos por $ 1.250 millones, así como dar subsidios hasta el 15 de diciembre. A nivel nacional, la justicia federal ordenó al Gobierno suspender hasta después de las elecciones el pago de $ 5.000 «por única vez» a 114.000 desocupados por $ 650 millones.
Es que en el esquema del «plan platita», como lo bautizó el ministro bonaerense Daniel Gollán, para mejorar la situación del oficialismo, se pasó del mejoramiento de ingresos y la publicidad de actos de gobiernos a descarados actos de demagogia electoralista y compra de votos. La situación es más evidente en distritos clave, donde el oficialismo teme perder diputados y senadores que afecten su predominio.
La fiebre por mostrar gestión llevó en Buenos Aires a publicitar la botadura de un buque de la Armada sin hélice ni motor, o a inaugurar como propia 33 kilómetros de una ruta terminada en la gestión anterior y a la cual sólo se le agregó la cartelería.
En Santiago del Estero, el gobernador Zamora anunció un aumento del sueldo básico del 57% y un bono récord de $ 90.000 para los estatales, cuya segunda cuota se pagará 4 días antes de votar. En San Luis, además de lo objetado por la Justicia, el Gobierno anunció un piso salarial de $ 70.000, incluyendo el sector privado, donde el Estado aportará la diferencia. En Chaco habrá una suba salarial del 7% sobre las paritarias a los estatales y un paquete de «reembolsos» en tarjetas alimentarias y de compras que suma $ 4.000 millones. En Santa Cruz, la gobernadora Alicia Kirchner propuso un aumento salarial del 7,5% para la administración central. En Chubut, el gobernador Arcioni pagó un bono de $ 5.000 a los estatales, activos y pasivos. Tucumán también anunció un extra de «emergencia» de $ 40.000 a estatales. En La Pampa, el Gobierno subsidiará con entre $ 5.000 y $ 10.000 a quienes tienen deudas de servicios como luz y gas.
En Río Negro y Neuquén también hubo denuncias de ruptura de la integridad electoral. Candidatos que aparecen mágicamente junto a funcionarios nacionales, gobernadores e intendentes inaugurando obras y realizando anuncios que no son de su competencia, fueron moneda corriente. Río Negro dictó de apuro una resolución que autorizó las licencias de campaña a empleados estatales, ante la denuncia de que mientras ellos debían concurrir a trabajar había altos funcionarios que también eran candidatos y no sólo seguían en sus puestos sino que tenían amplias libertades para proselitismo. En Neuquén hubo objeciones similares.
En su clásico trabajo «Cancha inclinada», los politólogos Luis Schuimerini y María Page mostraron cómo los oficialismos provinciales lograban imponerse gracias a la visibilidad del puesto, el control de la agenda, la posibilidad de mostrar obras, canalizar demandas y bajar recursos al territorio, además de manejar las reglas electorales. Una notable asimetría de recursos. Aunque Río Negro y Neuquén han mejorado y hoy están entre las provincias con mejor integridad electoral del país, el abuso de recursos estatales con fines electorales se mantiene. Es de esperar que en la recta final de esta campaña quienes deben hacer cumplir las reglas de juego -los organismos electorales y la Justicia-, actúen para evitar el aprovechamiento de las «zonas grises» de la legislación para coartar la igualdad de posibilidades y la libertad de elección de los ciudadanos.
editorial@diariocastellanos.net

Editorial

Malas artes en la derrota

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No hubo que esperar mucho tiempo para comprobar cómo iba a reaccionar el Gobierno tras la categórica derrota que sufrieron sus candidatos en el orden nacional en las elecciones generales del 14 de este mes.
Al descabellado festejo del Presidente –quien, en la misma noche de los comicios, arengó a los suyos a celebrar un falso triunfo–, le siguieron una suerte de manotazos institucionales protagonizados por algunos amanuenses oficialistas habituados a poner la cara para realizar el «trabajo sucio».
La casi inmediata reaparición en la escena pública del «disciplinado» senador Oscar Parrilli y del tan jactancioso como bravucón gobernador del Chaco, Jorge Capitanich, no es inocente y prenuncia una catarata de proyectos que irán en la misma dirección, urgidos por el próximo recambio parlamentario.
Todo lo que el oficialismo no logre imponer con su actual mayoría en el Senado y su primera minoría en Diputados tropezará a partir del 10 de diciembre con una oposición que ha crecido en número en ambas Cámaras del Congreso y hará respetar su voz. Hasta entonces, veremos repetirse lamentables y preocupantes escenas como la de la semana última, cuando el oficialismo, en soledad, ratificó en comisión y sin debate 116 decretos de necesidad y urgencia del Presidente, lo cual significa –como bien ha expresado el senador de la oposición Luis Naidenoff –»un grave atropello institucional que demuestra el desprecio por el Congreso, por la Constitución y por las reglas de la democracia».
Esa arremetida por legalizar decretos de Alberto Fernández estuvo acompañada por la presentación en el Senado de un proyecto de ley que relaja las mayorías necesarias para impulsar la realización de una consulta popular. El autor es el senador Parrilli, presidente del Instituto Patria, quien impulsa modificar la ley que reglamentó ese instituto eliminando la obligación de conseguir el voto afirmativo de la mayoría absoluta de cada cámara legislativa (la mitad más uno de sus miembros) para sancionar la convocatoria a una consulta popular. El proyecto de Parrilli mantiene la prohibición actual de someter a ella temas que requieran mayorías especiales para su sanción o que el trámite sea iniciado en una determinada cámara, pero elimina esa restricción constitucional para el caso de las consultas no vinculantes, al establecer que podrán ser convocadas para tratar «todo asunto de interés general para la Nación». En este caso, el voto no es obligatorio.
Con pocas horas de diferencia respecto de Parrilli, Capitanich hizo otro aporte a la desmesura. Volvió sobre sus pasos cuando, siendo jefe de Gabinete, había roto ante cámaras un ejemplar del diario Clarín, simplemente porque al gobierno kirchnerista siempre le molestaron las críticas del periodismo independiente. En esta oportunidad, trató a los ciudadanos de estúpidos al sostener que «piensan lo que los periodistas proponen»; un razonamiento de muy corto vuelo, además de falaz. No le ha servido de mucho al Gobierno gastar discrecionalmente tanto dinero público para sostener el relato en medios afines cuando está visto que no convence ni a los propios. También podría pensarse que no han logrado su perverso objetivo porque son esos medios los menos leídos, vistos o escuchados, precisamente por la dependencia partidaria que los vuelve acríticos, ciegamente sectarios.
«La propuesta es una corrección de dos o tres artículos de la ley de medios para garantizar mecanismos de equidad. Si no hay mecanismos de equidad, la incidencia en la construcción de los marcos mentales incide de manera notable», pretendió explicar Capitanich, quien al hablar de «marcos mentales» dice mucho más de él que de quienes combate y aborrece.
Los pésimos ejemplos de violencia verbal que emiten funcionarios del Gobierno contra la prensa independiente se convierten en insumo –cuando no en aliento– para grupos de forajidos y marginales como las nueve personas encapuchadas que el lunes pasado por la noche atacaron con bombas molotov la sede del diario Clarín, provocando un principio de incendio.
Mientras algunos van cerrando filas para capitalizar los pocos días que quedan antes de la renovación parlamentaria, el Gobierno recibió con agrado la reinstauración de otra vocería propia en los medios: la vuelta del programa 6,7,8, nave insignia comunicacional del kirchnerismo más acérrimo. Con otro nombre –6,7,9–, será difundido por redes sociales, donde el «todo vale» intentará imponer los falsos relatos conspirando contra el chequeo y la legitimación profesionales que corresponde hacer a todo medio de prensa serio.
Es verdad que la ciudadanía está nerviosa y preocupada, pero no lo está por lo que difunden los medios independientes, como quiere hacer creer Cristina Kirchner, sino por la dura realidad que le toca vivir, culpa del deplorable desempeño del gobierno que ella integra.
Sería parcial, no obstante, adjudicar todo este embate del oficialismo a la mala performance electoral del pasado domingo 14. En el lapso transcurrido entre las PASO y los últimos comicios, Cristina Kirchner ya había comenzado a resembrar el camino de las críticas al periodismo independiente. Ella también cargó sobre la prensa al decir: «La gente piensa lo que los periodistas proponen (…) Hace tiempo que (los medios) están nerviosos y tratan de poner nerviosos a todos los argentinos». Ciertamente, no se puede esperar de la vicepresidenta que reconozca el origen del nerviosismo ciudadano, cuyo hartazgo quedó evidenciado en las urnas.
Sí se puede esperar, y debería ser imperioso que ocurriera, que los gobernantes y los legisladores se ocuparan de solucionar los temas del país apelando a la autocrítica, la búsqueda de consensos y el establecimiento de políticas de Estado que intenten sacarnos, de una vez por todas, del fondo del pozo al que se ha conducido a nuestro país.
En ese esquema, la oposición deberá tener un rol también acorde con el delicado momento que nos toca vivir, alejada de falsos triunfalismos y comprometida con el mandato de las urnas. De nada serviría que a las malas artes de la derrota se sumen las malas prácticas de la victoria.
editorial@diariocastellanos.net

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Editorial

Otros ataques repudiables

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El prestigioso Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv) ha denunciado que un grupo de personas hackeó las páginas de Facebook de la entidad que representa a las familias afectadas.
No pueden caber dudas de que el atentado ha sido causa inmediata de los resultados de las elecciones últimas. No hay dialéctica que pueda cambiarlos en su legalidad y sentido más rotundo y auténtico, por insistentes que sean las distorsiones que pretendan instalarse desde distintos sectores del oficialismo. La presidente de Celtyv, Victoria Villarruel, ha sido elegida diputada nacional al haber ocupado la segunda posición en la lista encabezada por Javier Milei, y ello es motivo de incomodidad para quienes han medrado con la interpretación de la historia, ajustándola a la medida de sus intereses políticos e ideológicos.
En Victoria Villarruel y su equipo de colaboradores se han concentrado desde hace tiempo las energías y el valor cívico ausentes en otras expresiones de la política y la cultura para replicar con absoluta claridad, palabra por palabra, argumento por argumento, una narración distorsionada que, bajo el aliento explícito del kirchnerismo, se pretende hacer prevalecer sobre el capítulo más desgarrador de la historia contemporánea argentina.
Ha sido tan intenso el trajín del movimiento derrotado en las urnas dos semanas atrás para instalar una versión inequívocamente arbitraria de los acontecimientos de hace casi medio siglo, que en la provincia de Buenos Aires está prohibido a funcionarios y empleados negar que fueron 30.000 los desaparecidos en aquella época del país. Tan en vigor está esa norma que durante la gestión de la gobernadora María Eugenia Vidal, incluso ella se negó a vetarla como hubiera correspondido. Los propios artífices de tan abultada cifra han reconocido con los años su falsedad, agregando que no tenía más que un valor cabalístico a fin de impresionar y movilizar los apoyos a la audiencia europea a la que se dirigían en busca de una solidaridad activa.
La imaginación de quienes provocaron con sus crímenes una represión del Estado de magnitud y dureza sin precedentes apeló así a una ficción frenética. No han conseguido, sin embargo, echar abajo el crédito de la comisión investigadora inspirada por el presidente Raúl Alfonsín y encabezada en la Conadep por Ernesto Sábato, que en 1984 incluyó 8.961 denuncias de desaparición de personas entre 1969 y 1983. Por su parte, el informe de la Secretaría de Derechos Humanos de 2006 detalla un total de 8.368 para el mismo período, entre desaparecidos y víctimas de ejecuciones sumarias. En 2015, el Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo (Ruvte) actualizó el listado y presentó en orden alfabético 7.018 víctimas de desapariciones forzadas y 1.613 de asesinatos, mientras el Parque de la Memoria registra 8.751 casos. Otra rotunda rectificación del mito de los 30.000 desaparecidos.
Al frente de Celtyv, Victoria Villarruel ha luchado por la verdad, la justicia y la reparación negadas por un redituable fraude empeñado en ocultar los crímenes gravísimos del terrorismo alentado por gobiernos extranjeros, como el de Cuba. Mujeres como ella han alzado la voz por las víctimas olvidadas, unas 17.000 personas de las cuales 1.094 fueron asesinadas en algunos de los 20.000 atentados producidos por el terrorismo.
Militantes de izquierda, como era de esperar, manifestaron sus quejas cuando Claudio Abruj, secretario de Derechos Humanos durante la presidencia de Mauricio Macri, recibió en audiencia a la ahora diputada electa por la ciudad de Buenos Aires. Otro tanto hicieron, con llamativo descaro, los aplaudidores de asesinos de la ralea de Ortega y de Maduro cuando en el Instituto Hannah Arendt se realizó, con el patrocinio de Celtyv, un acto de homenaje al coronel Arturo Larrabure, víctima, después de haber sido secuestrado, de un largo martirio, hasta su muerte.
Victoria Villarruel se sobrepuso a las acusaciones infamantes y a las intimidaciones de todo tipo en su contra abogando por el dictado de una convención internacional que condene y defina universalmente y en forma inequívoca qué es terrorismo. Ya no está sola como en otros tiempos. El relato de quienes han procurado amañar la historia reciente de la Argentina se cae a pedazos, como el caudal de votos que en otra época lo asistió. Solo permanecen algunos sorprendentes rezagos como Rafael Bielsa, embajador argentino en Chile, quien contra todas las convenciones diplomáticas se ha inmiscuido en la política trasandina y ha denunciado –es una forma de decir– el intercambio amistoso de mensajes entre José Kast, el candidato más votado en la primera vuelta del domingo, y Milei.
Solo queda por desear que las plataformas a través de las cuales esta valiente mujer dialoga con la sociedad sean inmediatamente restablecidos y que tan lamentable episodio, no solo sea repudiado por quienes defendemos la libertad de expresión sino que también haga resonar en la sociedad aún con más vigor su lucha por la Verdad, la Justicia y la Memoria completa.
editorial@diariocastellanos.net

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Otra cumbre sobre el clima sin avances significativos

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Concluida la conferencia climática Cop26, realizada en Glasgow, se impone decir que nuevamene no ha habido cambios radicales en orden a mejorar el actual estado de cosas. Las conclusiones de este último encuentro se parecen demasiado a las de los cierres de la mayoría de las cumbres: hubo algunos avances, pero no son lo suficientemente contundentes como para modificar de forma significativa la realidad del planeta y evitar los desastrosos niveles de calentamiento global.
La Cumbre de París de 2015 definió que, para evitar realmente una catástrofe, deberíamos mantener el calentamiento global por debajo de 1,5°C. Sin embargo, los planes nacionales actuales con el fin de reducir las emisiones para 2030, conocidos como contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC, por sus siglas en inglés), son inadecuados para limitar los aumentos a esa temperatura y, según el análisis publicado por el prestigioso Climate Action Tracker, estamos en camino a un aumento de temperatura de 2,4°C.
Si bien el documento final de Glasgow «insta a las partes» a acelerar la transición hacia sistemas energéticos bajos en emisiones, incluyendo iniciativas para eliminar gradualmente la generación por carbón y los subsidios «ineficientes» a los combustibles fósiles, su letra final muestra que la voluntad política de muchos países no va hacia ese objetivo. La asidua burocracia de estas cumbres siempre cuenta con un recurso que les permite enfrentar la dramática situación climática con una propuesta que pretende disimular el fracaso: posponer para el año siguiente las tareas mas importantes. De ese modo, los líderes de los países –que sin duda no son los líderes del planeta– se volverán a reunir para tratar casi los mismos temas en Egipto, la sede elegida para celebrar la COP27.
Es cierto que para alcanzar un acuerdo en estas cumbres de la ONU se requiere unanimidad de los países presentes, lo que dificulta su éxito.
El texto final de Glasgow menciona las ayudas a los combustibles fósiles y el fin del uso del carbón, un tema en sí mismo complejo que genera ásperos debates en las reuniones del G-20 y del G-7 cuando se trata el cambio climático. Sin embargo, por primera vez, ambos asuntos se citan en la declaración final de una conferencia de este tipo, pese a la presión de los países más dependientes del carbón y de los mayores productores de petróleo y gas. Es por eso que, en lugar de pedir que se eliminen las centrales de carbón, se reclama una reducción progresiva de este tipo de energía.
La COP26 ha confirmado la importancia de la participación de la sociedad civil y, al mismo tiempo, la falta de voluntad política de muchos de los países más ricos para alcanzar los 100.000 millones de dólares anuales que deben aportar a los países en desarrollo para ayudarlos a adaptar sus economías a una más «verde». En síntesis, algunos avances, pero no los necesarios.
editorial@diariocastellanos.net

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