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Editorial

Insistir en el error

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Nadie duda del carácter esencial que ha adquirido el acceso a internet en nuestros días, lo que se vio reforzado por la pandemia de Covid-19, que aceleró los procesos de teletrabajo, teleeducación y telesalud, entre otros. Erróneamente, el Gobierno cree que de tal importancia se deduce la necesidad de considerar la prestación del servicio de acceso a internet (y además, a la telefonía móvil y a la TV por suscripción) un servicio público, concepto que tradicionalmente ha estado reservado a actividades prestadas bajo un régimen de monopolio y no a actividades que se brindan en competencia, como las mencionadas.
La vocación de controlar y dirigir en todos sus aspectos a la actividad empresaria es una constante del actual Gobierno, que insiste con iniciativas estatistas perimidas que siempre terminan empeorando los problemas que venían a solucionar. El servicio público conlleva un importante grado de dirección estatal en la organización y provisión de los servicios y, particularmente, en el control de sus precios, lo que por ahora parece ser el objetivo de esta calificación.
Primero fue el decreto de necesidad y urgencia 690, de agosto de 2020. Puesta en crisis su legalidad por la Justicia –que dictó cinco medidas cautelares suspensivas de sus efectos–, el Gobierno vuelve a la carga con un proyecto de ley impulsado por el senador Alfredo Luenzo (FDT-Chubut), que transforma casi literalmente en ley a aquel decreto y que se trata actualmente en comisión, juntamente con otras iniciativas de los senadores Antonio Rodas (FDT-Chaco), Daniel Lovera (FDT-La Pampa), Silvia Sapag (FDT-Neuquén), Juan Carlos Marino (JxC-La Pampa) y Gladys González (JxC-Buenos Aires).
No hay consenso en la doctrina sobre las consecuencias derivadas de la calificación de una actividad como servicio público, aunque sí lo hay en que debe tratarse de una actividad indispensable para la vida social. En este sentido, cabe señalar una vez más que la TV por suscripción, existiendo la televisión abierta gratuita, no cumple con ese requisito, lo que es otra evidencia de la falta de racionalidad de la determinación presidencial. En la TV paga, al igual que en el servicio de internet, no se trata de aprovechar un recurso escaso, sino que la infraestructura depende de la inversión.
De acuerdo con las propias estadísticas del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) y estudios de la Cámara Argentina de Internet (Cabase), la Argentina cuenta por cobertura y velocidad con la segunda mejor internet de Latinoamérica, solo superada por Uruguay. Un estudio de Carrier y Asociados demuestra que es la más barata luego de Paraguay, lo que deja sin sustento el falaz relato presidencial de la estafa y el robo que supuestamente significaban sus precios.
Si el servicio público implica excluir del mercado una actividad, es contradictorio que se haga al mismo tiempo una defensa de la competencia, ya que no hay competencia sin mercados. El diseño constitucional en materia de regulación económica fue actualizado en la última reforma de 1994, reafirmando la presencia de un modelo basado en la propiedad privada de los medios de producción, el libre mercado y la defensa de la competencia. Nuestra Constitución considera que la libre competencia es un derecho de los consumidores. Según su texto, las autoridades proveerán a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados y al control de los monopolios naturales y legales. La justificación para la intervención legal en un mercado reconoce en nuestra Constitución dos hipótesis: la «distorsión de los mercados» y la presencia de «monopolios». Ni el DNU 690 ni los proyectos de ley en cuestión respetan esos presupuestos.
Urge revertir esta nefasta política antes de que las consecuencias sean aún peores. Generar incentivos a la inversión mediante reglas simples, eliminar barreras municipales al despliegue de infraestructura, incentivar su compartición y revisar la tributación del sector permitirán lograr de modo más rápido y eficiente la reducción de la brecha digital.
De acuerdo con el Informe Anual del Índice de Desarrollo de la Banda Ancha en América Latina y el Caribe del Banco Interamericano de Desarrollo, correspondiente a 2020, para el cierre de la brecha digital, llevando la actual penetración de servicios en la Argentina al promedio de la OCDE se necesita una inversión de 4.691 millones de dólares. El Estado anunció el año pasado una inversión en cuatro años de 40.000 millones de pesos, unos 400 millones de dólares al tipo de cambio oficial, menos del 10% de lo necesario. La inversión privada, por ende, es clave para el logro de ese objetivo y mayor intervencionismo e incertidumbre, sumados a los problemas macroeconómicos, van en sentido contrario al que se necesita para cerrar dicha brecha.
editorial@diariocastellanos.net

Editorial

Convertir el escenario

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Antes de que las urnas ratifiquen la derrota del kirchnerismo, los políticos ya planean sus próximas jugadas. Quieren reacomodarse en el esquema de poder que vendrá, premisa con la que deben ser interpretadas las idas y vueltas en torno al pacto de cúpulas que los medios llaman ‘diálogo’, iniciativa que terminó desdibujándose a pocos días de su lanzamiento.
Esto ocurrió, en primer término, porque el escenario político es caótico. En el peronismo cada sector hizo su acto por el 17 de octubre, pero el Presidente del partido no fue a ninguno. Iba en camino a uno, pero se volvió porque los oradores lo estaban matando. ¿Con quién hablar si no se sabe quién manda?
En la oposición Horacio Rodríguez Larreta se ve camino a la presidencia y no quiere que una crisis económica e institucional arrase con todo y como en 2003 un paracidista polaco se quede con el poder. Por eso les dijo a los empresarios en IDEA que será necesario un ‘acuerdo’ que abarque al 70% del sistema político para asegurar la gobernabilidad. Eso incluye a Sergio Massa y a los gobernadores peronistas. Buscaba blanquear el diálogo reservado que mantiene desde hace mucho con Massa, pero debió abandonar la idea por el rechazo de su propio sector.
El ‘dialoguista’ Massa, por su parte, se está quedando sin votantes, pero tiene vínculos con empresarios y sindicalistas/empresarios que sus colegas aprecian particularmente. Empresarios y sindicalistas que siempre orbitan en torno del poder político.
Por un mito a esta altura incomprensible el ‘establishment’ nativo pasa por antiperonista, aunque es lo contrario. La ‘causa de los cuadernos’ destapó el entretejido de coimeros y coimeados, de funcionarios y hombres de negocios ‘expertos en mercados regulados’. Los que compran empresas sin poner un centavo. La burguesía nacional.
El Gobierno K no fue, obviamente, el único que cultivó el conturbenio de las corporaciones con los políticos, pero ahora corre el riesgo de que lo dejen afuera, porque el 70% en el que piensan Rodríguez Larreta y Massa no incluye a la vice y a La Cámpora. Los consideran los mariscales de la derrota, el enemigo perfecto.
¿Por qué Rodríguez Larreta quiere aliarse con una parte del ‘antiguo régimen’? Primero, porque necesita que se llegue a 2023 sin una crisis terminal que convierta al proceso político en una lotería. Segundo, porque si llega al poder es inevitable un ajuste monumental y sería partidario de un programa de shock en lugar de uno gradualista, lo que requiere amplio apoyo por la turbulencia que genera.
Además de la crisis en curso, el plan de HRL enfrenta otros obstáculos. Por ejemplo, el de María Eugenia Vidal que reclama la presidencia de Diputados en poder de Massa. Elisa Carrió tampoco quiere saber nada con el ex intendente de Tigre. Tampoco Bullrich, Macri, Cornejo, Iglesias y siguen las firmas. Por eso observa con alarma el deterioro del Gobierno que puede convertir el escenario que a él le resultaría más propicio en un teatro de anarquía.
editorial@diariocastellanos.net

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Editorial

Una encrucijada

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Vemos a diario en los medios de comunicación y las redes sociales, con tristeza, ejemplos de jóvenes profesionales argentinos que deciden probar suerte en el exterior; entienden que nuestro país no los contiene, no les ofrece una perspectiva de desarrollo tanto profesional como personal. Estudios del clima social reflejan que la tendencia, que ya lleva algunos años, se profundizó durante la pandemia, privando a la Argentina de recursos humanos necesarios para diseñar e iniciar la reconstrucción tras la crisis.
Abordar este dilema, que cruza a nuestra generación y de cuya resolución depende gran parte del futuro de la Argentina, debe ser un objetivo principal de la dirigencia política y empresarial. Se trata de un desafío mayúsculo, que involucra emocional y espiritualmente a los protagonistas de un éxodo evitable: ¿Cómo hacemos para cambiar esta expectativa? ¿Cómo logramos que los jóvenes volvamos a mirar con optimismo nuestra inserción profesional en el país? ¿Cómo construimos un nuevo marco conceptual donde sea posible pensar la trayectoria de vida para nuestras familias en Argentina?
El momento es ahora y tenemos que hacerlo entre todos: a pesar de las dificultades, aún están dadas las condiciones para pensar un futuro próspero aquí; esto implica necesariamente pasar del país de las potencialidades al de las realidades. Necesitamos volver a las bases, detenernos a planificar una hoja de ruta que tenga como banderas el respeto por las libertades individuales, preservar la propiedad privada y el incentivo al trabajo, este último es la llave para revalorizar a nuestra sociedad y activar el motor de la inversión.
¿Es suficiente esto? Claramente no. Alcanzar un futuro próspero requiere que pensemos en un presente inclusivo, justo socialmente y respetuoso de la vida, las diversidades y nuestra casa común: el planeta. Nuestra generación no busca solamente incentivos económicos, que son respetables y necesarios. También aspira a construir un espacio colectivo mejor en el cual podamos desarrollar una vida plena. Complementar estímulos económicos junto con espirituales puede ser la respuesta a esta crisis de confianza que enfrentamos. Los jóvenes no debemos tener miedo a exigirlos, a buscarlos.
Como convocó San Juan Pablo II en su mensaje a los jóvenes de 2004, en un contexto parecido al actual, de incremento de la desigualdad, de la pobreza, y falta de oportunidades: «Sin lugar para el egoísmo o la pereza, la humanidad tiene necesidad imperiosa del testimonio de jóvenes libres y valientes, que se atrevan a caminar contra corriente y construir un futuro con opciones de desarrollo para todos».
Aún en los momentos más difíciles, más oscuros, sentimos en nuestros corazones la llama de la esperanza. Es la que nos alimenta a quienes creemos que todavía es posible cambiar nuestro presente para soñar un futuro mejor en Argentina.
editorial@diariocastellanos.net

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Editorial

Un desafío gigantesco

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Tras el tan dramático como prolongado y mal gestionado cierre sanitario de las escuelas, es saludable mantener la preocupación por la cuestión educativa. Los problemas que desde hace años plantea la exclusión educativa en la Argentina se agravaron durante la pandemia, evidenciando enormes inequidades. Se estima que habría que recuperar a casi un millón de estudiantes que abandonaron la escolaridad en 2020: la evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica reportó que 550 mil tuvieron «nulo contacto con la escuela» y 450 mil, apenas «una escolarización de baja intensidad».
Hay causas socioeconómicas, políticas, familiares y culturales detrás de esos guarismos. Los expertos recomiendan evaluar los cambios producidos, desarrollar una estrategia híbrida que permita el seguimiento personal de los estudiantes y aumentar la capacidad y capacitación del sistema educativo con redes y alianzas de apoyo al alumno.
Aprendizajes dispersados y disímiles, contenidos dosificados y alumnos que en muchos casos no pudieron adquirir las capacidades básicas para su edad agigantan una dolorosa brecha que priva de la alfabetización a demasiados. En opinión de la especialista Melina Furman, de la Universidad de San Andrés, en la pospandemia habrá que aumentar las horas de clase, retener a quienes volvieron a las aulas y dotar de más recursos y capacitación a los docentes.
Es tanto lo que resta por hacer que los disparatados anuncios del gobernador Axel Kicillof respecto del subsidio a los viajes de egresados de 220 mil bonaerenses, con el pretexto de reactivar el turismo, superan cualquier calificación. Las novedades relativas a ese programa comunicadas en Villa Gesell tuvieron como respuesta el abucheo que recibió el gobernador al día siguiente, durante un recital en la ciudad balnearia.
El festival de la demagogia populista confirma una vez más cuán lejos estamos de que los gobernantes entiendan y atiendan las auténticas necesidades de los gobernados. Está claro que las incertidumbres de los jóvenes que urge despejar nada tienen que ver con las propuestas oficiales, cuando su porvenir luce sombrío y amenazante, expulsando a quienes pueden irse y condenando a la miseria a los que, sin educación ni trabajo, deberán seguir conformándose apenas con sobrevivir. Una imaginaria huida al futuro de tantos basta para entender que distraer recursos en viajes de egresados es otra conveniente forma de disfrazar una cruel realidad. Una vez más, la ciudadanía debe impulsar acciones que nuestros funcionarios postergan con fines claramente electoralistas.
Acción Conjunta Republicana (www.instagram.com/accionconjuntarep/) calificó de inmoral la iniciativa cuando la mitad de los chicos argentinos no cubren sus necesidades básicas. Este grupo de autoconvocados lanzó una campaña en redes para que cada alumno destine los fondos recibidos para el viaje a mejorar la situación edilicia de su escuela, a colaborar con los esfuerzos sanitarios en su zona o a donarlos a la Fundación Conin o a Un techo para mi país.
Desde Argentinos por la Educación (www.instagram.com/argxedu/), responsables de la campaña A las Aulas que tanto reclamó la presencialidad, trabajan para dar voz a las familias en el loable esfuerzo por sostener la continuidad pedagógica, con una mirada de largo plazo en defensa de la educación. Del 25 al 28 del actual, tendrá lugar de manera virtual el Segundo Encuentro Nacional de Familias por la Educación.
Preocupados por visibilizar la problemática educativa, Educar 2050 suma firmas para la campaña Nadie Afuera #Educación a todo ritmo (educar2050.org.ar/educacionatr/). Advierten así sobre los riesgos que enfrentan quienes quedan fuera del sistema escolar: adicciones, soledad, trabajo infantil, violencia, problemas psicológicos.
El desafío es gigantesco. Pareciera que no terminamos de comprender que este es directamente proporcional a la amenaza que supone para el futuro de la Nación desatender la prioridad educativa. Debemos exigir políticas de Estado sostenidas y sumar nuestro esfuerzo individual para que la educación sea lo que debe ser: una prioridad indiscutida.
editorial@diariocastellanos.net

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